Por Pablo Cabañas Díaz
La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, surgida de las primeras elecciones judiciales realizadas en el país, no atraviesa sus mejores momentos. Apenas 147 días después de su toma de protesta, el abismo entre el discurso republicano y la vida material de las élites ha vuelto a manifestarse con una rapidez pasmosa. Al reciente escándalo por la compra de 39 camionetas blindadas de lujo —con un costo aproximado de 1.7 millones de pesos por unidad— se suma ahora una nueva investigación que revela un gasto excesivo en la indumentaria de sus integrantes.
Según los reportes, se adquirió doce togas por un total de 294 mil 574 pesos; las primeras seis fueron compradas apenas semanas después de los comicios por un valor unitario de 26 mil 680 pesos, seguidas de otra tanda de seis unidades adquiridas en septiembre por 134 mil 467 pesos. En la historia política de México, la austeridad ha sido menos una práctica sostenida que una palabra ceremonial, invocada en momentos de crisis para restaurar una confianza erosionada, pero la experiencia histórica aconseja desconfianza: la distancia entre la sobriedad prometida y la realidad del gasto suele ser insalvable.
La conferencia de prensa encabezada por Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la SCJN, buscó clausurar la polémica de los vehículos anunciando que no serían utilizados y que se iniciaría su devolución o reasignación, presentando el acto como un gesto de escucha institucional. Sin embargo, la política no se mide por declaraciones correctivas, sino por decisiones originarias, y el hecho de que la decisión original fuera el exceso invalida el control de daños posterior. El debate no es meramente contable; el costo de estas adquisiciones puede relativizarse en el lenguaje técnico del presupuesto, pero adquiere un peso demoledor cuando se inserta en un país atravesado por la desigualdad, la violencia cotidiana y una profunda desconfianza hacia sus instituciones. La austeridad, cuando es auténtica, no se anuncia: se practica. El Poder Judicial, por su altísima función simbólica, está obligado a ejercer una pedagogía del ejemplo que hoy brilla por su ausencia.
Desde la Antigüedad, la relación entre virtud pública y uso del poder ha sido un problema central. Marco Tulio Cicerón, el gran orador de la República romana, fue uno de los críticos más severos de la corrupción institucional, denunciando a magistrados que convertían el cargo público en instrumento de enriquecimiento o distinción personal. Para Cicerón, no bastaba con administrar bien los recursos; era indispensable que el magistrado encarnara una ética visible de contención y servicio. Ese principio parece haberse diluido en la lógica contemporánea del poder judicial mexicano, donde la justificación de renovar el parque vehicular o el vestuario conforme a “dictámenes técnicos” no resuelve la inquietud central. Las normas no sustituyen al juicio político ni a la sensibilidad republicana; el Estado mexicano ha perfeccionado el arte de cumplir procedimientos mientras vacía de contenido los principios que proclama.
Daniel Cosío Villegas lo advirtió con crudeza en La crisis de México (1947): el sistema no se corrompía solo por desviaciones individuales, sino por la normalización estructural del privilegio. El Estado se convirtió en el principal agente corruptor cuando legitimó una cultura donde el cargo público era sinónimo de prerrogativa y distancia social. El anuncio del Órgano de Administración Judicial sobre los ahorros que se generarán en 2026 no modifica el fondo del problema, pues la austeridad no comienza con el cálculo posterior del ahorro, sino con la renuncia previa al exceso.
Devolver las camionetas tras la presión pública o justificar togas de precio exorbitante no repara el daño simbólico: lo confirma. La rectificación revela que el error no fue advertido desde la ética interna, sino impuesto desde fuera. La nueva Corte llegó con una legitimidad inédita producto del voto popular, lo que exigía una sobriedad extrema. Al concebirse como una élite merecedora de lujos y protecciones excepcionales, la Corte no enfrenta una crisis de comunicación, sino una crisis moral. Cuando el poder se mira al espejo y solo reconoce sus vanidades, el problema no ha hecho más que comenzar.
