Pablo Cabañas Díaz
En su Segundo Informe –el 1 de septiembre de 1978–, el entonces presidente José López Portillo acuñó una sentencia: “Lo peor que le puede ocurrir a México es convertirse en un país de cínicos”. Han pasado 44 años y todo indica que, en efecto, somos una sociedad de cínicos. ¿Por qué? Dos ex procuradores generales de México por años han guardado silencio ante importantes hechos que acontecieron en el país cuando ellos estaban al frente de la extinta Procuraduría General de la República (PGR). Nunca hablaron de su sucesor y menos de su antecesor en ese importante cargo. Sergio García Ramírez e Ignacio Morales Lechuga, en estos días se han esmerado en dar lecciones de ética y buen gobierno al presidente Andrés Manuel López Obrador. Para decirlo de manera sutil, se han olvidado de las circunstancias tan complejas que vivieron al frente de la PGR. Baste señalar, que fueron testigos privilegiados del desempeño de Enrique Álvarez del Castillo, quien falleció en 2006. Nada hubo de reclamos y menos de cuestionamientos.
En 2022, García Ramírez se da baños de pureza, firma desplegados y escribe artículos llamando al presidente López Obrador a detener su acoso a la prensa. De la gestión de García Ramírez, todavía quedan importantes hechos sin aclarar. Por ejemplo, en mayo de 1984, cuando era procurador le tocó el asesinato del columnista Manuel Buendía, quien se disponía a publicar importantes revelaciones de políticos, funcionarios y policías que protegían a las bandas de narcotraficantes.
Morales Lechuga fue procurador durante 20 meses en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en ese tiempo ocurrió un enfrentamiento entre agentes policiacos y militares en Llano de la Víbora, en Tlalixcoyan, Veracruz, en noviembre de 1991. Para dar carpetazo al asunto, Morales Lechuga escribió hace unos meses en su cuenta de Twitter que la recomendación 126/1991 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitida en diciembre del mismo año, aclaraba todo ese asunto. Pero esa recomendación, sólo acreditó la hipótesis de que el enfrentamiento entre militares y soldados en el Llano de la Víbora fue producto de una “confusión”. El relato de los hechos realizado por la CNDH señala que hubo un operativo denominado “Halcón” para interceptar un vuelo con cargamento de droga y que llegaría a esta pista clandestina. Casualmente, en esa misma zona, horas antes, hubo un operativo encabezado por el teniente de infantería José Alfredo Coronel Vargas para interceptar un cargamento de droga. La CNDH recibió 14 videocasetes proporcionados por la PGR, la Secretaría de la Defensa y hasta de la embajada de Estados Unidos –¿estuvieron presentes agentes de la DEA?–, para emitir su recomendación.
La CNDH concluyó que el general Alfredo Morán Acevedo sí tenía noticias de que las personas que sostenían enfrentamientos con elementos del Ejército podían ser elementos de la Policía Judicial Federal (PJF). Esa fue la “verdad histórica” que quedó de aquel tremendo enfrentamiento que despertó dudas por todos lados. La PJF estaba en ese en ese momento bajo el mando de Ignacio Morales Lechuga.
El 16 de noviembre de 1991, la revista Proceso publicó un extenso reportaje sobre el Llano de la Víbora. Los testimonios recabados coincidieron en que siete judiciales fueron acribillados a mansalva. El reportaje de Homero Campa planteó muchas dudas que aún se mantienen: ¿Qué hacían elementos del Ejército en una pista clandestina? ¿Cómo llegó ahí una camioneta cargada con barriles de turbosina? ¿Quién, realmente, disparó primero? ¿Dónde quedó el video de aquel enfrentamiento? ¿Qué hacía el avión de la PGR que detectó la avioneta de los narcos y que, supuestamente, filmó los hechos? ¿Cómo pudieron escapar los narcotraficantes en medio de dos operativos que tenían para atraparlos? Años después, el periodista veracruzano Miguel Ángel López Velazco, publicó su libro Masacre en el Llano de la Víbora. Mejor conocido como Milo Vera, el columnista relató que durante muchos años comandos armados controlaron El Llano de la Víbora y que las pistas clandestinas estuvieron protegidas por elementos de la extinta PJF. En junio de 2011, Milo Vera fue asesinado en esta ola tremenda e impune de crímenes a periodistas en Veracruz. También olvidan García Ramírez y Morales Lechuga que en su momento fueron acusados de haber espiado a los principales líderes de la oposición.
Quién ilustra mejor la amnesia de los dos ex procuradores es el caso de Guillermo González Calderoni. Este policía tuvo un desarrollo ascendente en su carrera con García Ramírez, Álvarez del Castillo y Morales Lechuga. Uno de los logros que presumió, González Calderoni fue la captura de Gilberto Ontiveros, alias el Greñas, considerado como uno de los narcos más poderosos de la franja fronteriza norte. Siendo procurador García Ramírez, el Greñas vivía en Chihuahua en completa impunidad, hasta el extremo que el 9 de marzo de 1986, organizó en el pueblo de Buenaventura, una carrera entre un pura sangre de su propiedad y otro de un hacendado local Armando Ortiz. La apuesta fue un millón de dólares y fue derrotado.
Ontiveros estaba considerado como el zar del narcotráfico en la zona de la frontera norte. Era un personaje misterioso que, en su mansión de Ciudad Juárez, guardaba un Roll Royce y tenía un frontón, mientras en su jardín se paseaba una tigresa con el nombre de Viviana. Su lugarteniente, era Rafael Aguilar Guajardo, quien había sido comandante y coordinador regional en Ciudad Juárez de la Dirección Federal de Seguridad. Aguilar Guajardo fue quien estableció los contactos para la carrera de caballos en Buenaventura.
González Calderoni detuvo al Greñas y con esta detención se encontraba tan ensoberbecido que no reparaba en medios para alcanzar sus fines. Fue entonces cuando se ganó el apodo de Memo Calentoni por su manera de interrogar a los detenidos.
