Pablo Cabañas DíazLa sacudida del aparato burocrático, que pretende llevar a cabo Andrés Manuel López Obrador, con el despido del 70 por ciento del personal y la reducción de los sueldos de 35 mil 833 funcionarios, legisladores y jueces, implicaría una solución radical, la mayor en la historia de México contra los privilegios. Esto ha provocado críticas como la del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, quien aseguró que las remuneraciones y pensiones de los miembros del Poder Judicial de la Federación no son privilegios, sino condiciones que garantizan la autonomía e independencia de los magistrados y jueces.
El año pasado, en el máximo tribunal de justicia de nuestro país se presentó un incidente que llamó al escándalo en el órgano rector de jueces y ministros, en un asunto donde se habla de 20 millones de dólares, aproximadamente. El 27 de enero del 2017, fue descubierto un vehículo oficial en el estacionamiento del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en la carretera Picacho-Ajusco 170, colonia Jardines de la Montaña. En la llamada anónima se hablaba de millones de pesos, que habían sido escondidos en el auto del director general de Inmuebles y Mantenimiento de dicho tribunal.
El personal de seguridad se apersonó en el lugar y al revisar la cajuela encontró una bolsa de plástico repleta de billetes de alta denominación. Al ser examinada por la Contraloría del Poder Judicial de la Federación y hacer el conteo, se descubrió que había casi cuatro millones de pesos. El usuario del vehículo aseguró que le habían “sembrado” el dinero, pues cuando lo descubrieron él estaba en Nayarit, además de que el auto no era suyo, pese a que la unidad sí le había sido asignada. A la fecha se desconocen avances de la indagatoria, ya que el CJF señaló que se reservará los datos de la investigación y los acusados, hasta que concluyera.
Entre 2015 y 2016, el responsable de adjudicar contratos de obra pública por más de 5 mil millones de pesos, algunos de ellos sin licitación, para la construcción de centros de justicia penal y palacios de justicia federal, lo pudo hacer por el apoyo que tenía en esa institución. Sólo en el segundo semestre de 2016, se licitaron 16 contratos para obras que suman casi 4 mil millones de pesos, incluidos 6 nuevos palacios de justicia y 8 centros de justicia penal. Pérez
La Auditoría Superior de la Federación(ASF),revisó cuatro contratos referentes a la construcción de salas orales en los reclusorios Norte, Sur y Oriente de la Ciudad de México y el Centro de Justicia Penal Federal de Cadereyta, Nuevo León. Todos estos contratos sumaron un gasto de 251 millones 270 mil pesos para el CJF.
En el caso de los contratos para las salas orales de la Ciudad de México, la ASF indicó que el consejo no consultó a cuando menos dos fuentes el precio de obra para la investigación de mercado que debió realizar para fijar el presupuesto base, pues sólo promedió las cotizaciones que presentaron tres empresas para hacerlo. La Dirección de Inmuebles indicó que la investigación de mercado del presupuesto base estuvo a cargo de la Subdirección de Presupuestos adscrita a esa misma área. La ASF determinó que al hacerlo de este modo, solicitando la cotización a tres empresas ajenas al proceso de contratación, el consejo entregó a éstas información confidencial para ello, misma que conforme a la ley se debió entregar únicamente a la empresa a la que se le adjudicara en un momento dado el contrato.
La Auditoría señaló que la terminación de los contratos para el Reclusorio Norte, por 41 millones 698 mil pesos; para el Reclusorio Sur, de 42 millones mil 700 pesos, y para el Reclusorio Oriente, 43 millones 92 mil 900 pesos, se estipuló que ocurriría el 16 de febrero de 2016; sin embargo, la ASF realizó visitas a esos centros de reclusión y observó que entre mayo y junio del mismo año continuaban las obras de construcción. De este tamaño son los privilegios que defienden en el Poder Judicial.
