Pablo Cabañas Díaz
El pasado 20 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió algunos posibles “delitos” por los cuales podrían llevar a juicio políticos a los ex presidentes de México, como traición a la patria, corrupción, privatización, tráfico de influencias, así como disfrazar la deuda de particulares en deuda pública. El titular del Poder Ejecutivo subrayó que se debe terminar la manipulación de la gente de meter a la cárcel a “chivos expiatorios” que ha sido la práctica en los últimos tiempos, cuando los de arriba permanecen intocables. No obstante, reiteró que es partidario de ver hacia adelante, que no nos quedemos anclados en el pasado, que no se permita la corrupción y la impunidad hacia adelante.Para llevar a juicio políticos a los ex presidentes de México hay un consenso en la sociedad mexicana acerca de dos cosas: primero de la aceptación de la ley como la nueva regla del juego y, segundo que para ver hacia adelante, se debe procesar a los ex presidentes enumerando los graves hechos en los que participaron. La función pedagógica de esta última medida n significa un corte de caja con el pasado. Se trata –el juicio a los ex presidentes- de una propuesta atrevida que, sin duda, va a ser sumamente controvertida, pero se presenta porque, como en otros casos históricos en el resto del mundo, no se puede empezar una etapa si no se acaba con la anterior.
Para juzgar a los ex presidentes se debe hacer desde un tribunal moral o de opinión que juzgue las conductas configurativas de los escandalosos crímenes en los que participaron, y que no pueden ser invisibilizados o naturalizados, obstaculizando de esa manera el acceso a la verdad histórica . El filosofo Bertrand Russell, señaló que este tipo de tribunales tenía como objetivo el de “prevenir el crimen del silencio” respecto de graves afrentas, que podían quedar sumidas en el más ominosos de los olvidos, justamente porque los autores de estas agresiones fueron los más altas autoridades del país , a los cuales, de ordinario, en su momento no les alcanzaba ni les afectaba las sanciones del derecho. Russell interpretaba perfectamente la razón de ser de la entidad. Hay la necesidad de reunir un Tribunal solemne, integrado por mexicanos ilustres, no por su poder, sino en virtud de su contribución intelectual y moral. Llego el momento de juzgar los agravios a la sociedad y de conocer su vericto. Oponerse a las injusticias y violaciones de derechos fundamentales que no fueron juzgadas por las jurisdicciones instituidas es romper con la impunidad vigente.
La apertura de los mercados, la desregulación de la actividad económica, la privatización de las más importantes empresas públicas fue la herencia que nos dejó el neoliberalismo. Los profundos cambios que el país viene experimentando desde el sexenio de Miguel De la Madrid ,provocaron nuevas demandas en la elección presidencial del 2018. La sociedad demanda, con inusitada fuerza, una mayor participación en la toma de las decisiones públicas, y terminar con los privilegios, fueros e impunidad que tenía la llamada clase política neoliberal.
El sexenio de Peña Nieto socavo a las principales instituciones políticas del país. Con el fortalecimiento institucional de la presidencia de la República y la redistribución de los recursos fiscales a favor de amplios sectores sociales se inicia un importante cambio en los primeros 100 días de gobierno. Queda la batalla para reconstruir la paz social y ampliar el bienestar de la mayoría de la población. Esta no es una tarea fácil, ni exclusiva del gobierno pero el liderazgo presidencial es fundamental para lograrlo. El presidente deberá utilizar su amplia capacidad institucional para lograr apoyos, sumar fuerzas, convencer y persuadir a los actores políticos y sociales con el propósito de darle viabilidad a la nación en los próximos meses y años.
