
El Gobierno de México tiene suficiente evidencia para presentar cargos contra funcionarios vinculados al escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, pero no actúa porque podría afectar al PRI de cara a las elecciones presidenciales, aseguró el periódico estadounidense The New York Times (NYT), horas antes del tercer debate presidencial.
El medio estadounidense indicó que el escándalo de Odebrecht, empresa que habría pagado millones de dólares en sobornos a funcionarios de primer nivel a cambio de contratos públicos en América Latina, ha tenido consecuencias en todos los países donde se llevó a cabo este entramado, con excepción de Venezuela y México. Llama la atencion que quien denunció este caso fue el candidato José Antonio Meade en el debate del pasado 12 de junio.
Meade apuntó su arma para dejar mal parado a su adversario Andrés Manuel López Obrador y con graves daños a Javier Jiménez Espriú futuro secretario de Comunicaciones y Obras Públicas de Morena. El golpe de Meade fue a la empresa mexicana Idesa que tiene una estrecha relación con la compañía Braskem, filial de Odebrecht que participa en el complejo Etileno XXI, productor monopólico de polietileno en México y que ha provocado pérdidas millonarias a Pemex.
Omitió el aspirante presidencial mencionar que Etileno XXI fue un negocio aprobado por él cuando fungió como presidente del Consejo de Administración de Pemex. Meade también pasó por alto en su denuncia que en Washington, centro de las acusaciones contra Odebrecht, se encuentra su antiguo compañero de estudios en el ITAM el ahora embajador Gerónimo Gutiérrez que está colocado en un conflicto de interés en el que los negocios de su familia están de por medio, por más que Braskem Idesa asegure que su sociedad es ajena a los sobornos de Odebrecht.
La denuncia del candidato del PRI también apunta al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray amigo de Gutiérrez al que benefició el propio Meade siendo el presidente del Consejo de Administración de Pemex en 2011. En ese año el hoy candidato del PRI era secretario de Energía, y dio su aprobación para que el contrato entre Pemex y las empresas Idesa y Braskem, filial de Odebrecht, pudieran instalar la planta petroquímica Etileno XXI, pese a que los consejeros advertían que la empresa mexicana sería afectada al impulsar un negocio privado de esa naturaleza, como finalmente ocurrió. Hay registros de tal hecho. Fue en la sesión realizada el 29 de abril de 2011, los consejeros criticaron que el contrato no hubiese sido analizado por el Consejo de Administración de Pemex, máximo órgano de dirección; aunque la ley no establecía como requisito que el Consejo autorizara ese tipo de contratos, en este caso era necesario dadas las “implicaciones estratégicas de alto impacto” para la empresa mexicana. Un hecho que merece ser explicado por Meade.