Pablo Cabañas Díaz
Diez minutos, duró el enfrentamiento a balazos en el que perdió la vida el director de Seguridad de Celaya Santos Juárez Rocha. El jefe policiaco fue emboscado cuando salía de su domicilio en la calle Emiliano Zapata rumbo a su trabajo, iba acompañado por Manuel Acosta ‘Tacho’, su escolta y amigo. Los hechos de acuerdo a sus vecinos se suscitó alrededor de las 06:20 horas, la camioneta Dodge doble Cabina color Gris en la que viajaban los agentes apenas logró avanzar 50 metros cuando fueron agredidos a balazos. Ambos agentes repelieron la agresión que sujetos a bordo de una camioneta negra y una motocicleta realizaron con armas de grueso calibre al parecer calibre 9 mm.
El crimen ha convertido al estado de Guanajuato en uno de los más violentos del país.. Miguel Márquez Márquez el gobernador panista de la entidad tomó posesión del gobierno de Guanajuato, el 26 de septiembre de 2012, la violencia se desató en la entidad con una tasa de homicidios dolosos de 13.60 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Durante los primeros cuatro meses, se han registrado 350 homicidios dolosos, dos secuestros y 109 violaciones, de acuerdo con los casos registrados en el Ministerio Público.
Con información de Pemex, Irapuato es el municipio donde se han detectado un mayor número de tomas clandestinas, 75 en total, en 2017. Estos robos de combustible han provocado en la entidad la muerte de los mismos huachicoleros y de las autoridades que protegen el combustible. También ha pegado en lo económico: José Antonio Meade, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseguró que el robo de los ladrones del hidrocarburo ronda entre los 15 mil 20 mil millones de pesos de pesos.
En Guanajuato es alarmante la situación de los periodistas, las agresiones contra reporteros aumentaron un 100 por ciento de 2008 a 2016. Uno de los casos más graves fue el ocurrido en septiembre 2014, cuando la periodista Karla Silva Guerrero del periódico El Heraldo fue brutalmente golpeada por orden del Alcalde priista Enrique Benjamín Solís Arzola, tras la publicación de diversas notas en las se cuestionaba su labor en el municipio de Silao.
El abril de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó reponer el procedimiento el caso de la periodista para que se admitieran pruebas adicionales donde se muestra “la utilización de la estructura del Estado”, con lo que se le protege a través de la justicia federal para garantizar su libertad de expresión.
Márquez Márquez se ha visto envuelto en casos de corrupción. En junio de 2016 fue acusado de comprar de manera directa, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, a la empresa JAOS & SGB –de ex funcionarios panistas–, un total de 26 predios que equivalen a 259.99 hectáreas para instalar la ensambladora de Toyota, de acuerdo con información del periódico Zona Franca.
En un informe entregado al Congreso de Guanajuato por la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable se señala que el Gobierno de Miguel Márquez Márquez compró de manera directa a la empresa JAOS & SGB un total de 26 predios que equivalen a 259.99 hectáreas ubicadas en la comunidad de Caleras de Ameche, en Apaseo el Grande para instalar la ensambladora de Toyota, que se suman a las 10.17 hectáreas que le fueron expropiadas a la empresa vinculada con políticos locales en enero pasado: en total, el gobierno pagó a esta empresa 270.16 hectáreas.
Después de la entrega de este informe, el gobierno de Guanajuato determinó reservar la información de la adquisición de estas 607 hectáreas, las que Toyota necesitaba para establecerse en el estado, hasta septiembre de 2020, por considerar que de hacer públicos estos datos se pondría en riesgo esta y futuras inversiones. Peor imposible
