Pablo Cabañas Díaz.
De acuerdo con datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), México es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de América Latina que menos invierte en salud. En 2016 el país tuvo un gasto total en salud de 5.8% del PIB, inferior a los de varios países de América Latina (Brasil 6.2%, Chile 8.5%, Costa Rica 9.1%, Panamá 7%, Colombia 7.2%) y, desde luego, por debajo de lo que invirtieron en promedio los países miembros de la OCDE (9.0%) y del promedio de los países de América Latina (7.4%).
Desde 1990, el gasto público en salud ha promediado 2.5% del PIB. Ello se ha traducido en menos médicos y menos camas hospitalarias por cada 10 mil personas. La tasa de mortalidad infantil (14.6 muertes por cada 1,000 menores de cinco años) duplica la del promedio de los países de la OCDE, que es de siete fallecimientos.
Las transferencias sociales que hoy hace el gobierno de México empiezan a modificar poco a poco la desigualdad en la distribución del ingreso. Esos apoyos se consideran “populistas” un término multicitado, controvertido, de caracterización compleja por sus diversas dimensiones políticas, económicas y sociales. Es utilizado frecuentemente como amenaza y preámbulo de transformaciones sociales negativas. En su acepción económica se le caracteriza como un manejo inviable de la economía, fundamentado en medidas que temporalmente pueden satisfacer a grandes franjas de la población, incluidas en especial las que reclaman mayores agravios o rezagos. Pero tales medidas, se argumenta, minan el potencial mismo del crecimiento económico al debilitar el sistema de estímulos a emprendedores que ofrece el funcionamiento del libre mercado, competitivo y lo menos regulado posible. Pero con la política económica puesta en marcha entre 1982 y el 2018 se ha obtenido, como era de esperar, el mismo resultado. Incluso peor, en términos de crecimiento de la economía nacional, ahora agravada por la crisis del Coronavirus.
En la segunda década del siglo XXI, más de una tercera parte de los habitantes del país se encuentran por debajo de los mínimos nutricionales comúnmente aceptados y la mayoría de ellos se encuentran en zonas rurales, sobre todo en las entidades de menor desarrollo relativo. De los cerca de dos millones de niños que nacen anualmente en el país, 100 mil mueren durante los primeros años de vida por factores relacionados con la mala nutrición y un alto porcentaje sobrevive con defectos físicos o mentales debido a insuficiencias alimentarias.
La mortalidad infantil es seis veces la de Japón, tres veces la de Cuba y el doble que la de Chile y Costa Rica. No es sólo un problema de abasto. Es también una cuestión de equidad en la distribución: 30% de la población más pobre del país consume tan sólo 13% de los productos alimentarios, mientras que 10% de la población, la más rica, consume más de 30% de esos productos
La naturaleza cerrada de las instituciones de salud y seguridad social limita el acceso a los servicios de salud a millones de mexicanos y los que lo tienen, han visto que la calidad del servicio ha empeorado. A pesar de que la mortalidad general en el país se ha abatido, para el año 2000 la esperanza de vida al nacer (alrededor de 71 años) continuaba siendo inferior a la de otros países con igual o menor grado de desarrollo relativo (Sri Lanka, Malasia, Rumania, Chile, Argentina, Panamá, Guyana, Costa Rica, Cuba). En el siglo pasado, más de la mitad de las muertes de los niños es atribuible a deficiencias en la nutrición y la proporción de niños de bajo peso al nacer aumentó de 12 a 15% entre 1983 y 1998. Todavía en el año 2010, del total de muertes en el país, 35% se consideran evitables si existieran las condiciones de salud adecuadas. Una alta proporción de personas en condiciones de pobreza extrema mueren a causa de enfermedades potencialmente curables y la amibiasis es treinta veces más frecuente entre los pobres que entre los estratos ricos. De cada 100 tuberculosos, 60 son campesinos y 30 obreros.
En síntesis, el derecho a la protección de la salud no es una realidad para muchos mexicanos y, para otros, se ha reducido a una desigual y diferenciada atención médica. A las deficiencias en el área de salud y a la desigualdad en el acceso a los servicios se suman los problemas de desnutrición, insuficiencia de agua potable, drenaje inadecuado, aire impuro y deplorables condiciones de muchas de las viviendas. Estamos lejos de romper el círculo pobreza-enfermedad-pobreza.
