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Pablo Cabañas Díaz
La presencia del crimen organizado en la vida político–administrativa de México, en los tres últimos sexenios quedó de manifiesto en las alianzas y complicidades que los cárteles han mantenido con funcionarios gubernamentales del más alto al más bajo nivel, en todas las instancias de gobierno. Para quienes han sido los beneficiarios  de esas alianzas las aseveraciones del abogado de Joaquín “Chapo” Guzmán, Jeffrey Lichtman son “irresponsables” en virtud de que aseguró que el verdadero jefe del cártel de Sinaloa es Ismael “el Mayo” Zambada,  que ha pagado “al actual y al anterior presidente de México… millones de dólares en sobornos”. Llama la atención la tímida respuesta del portavoz del gobierno mexicano, Eduardo Sánchez,  a lo dicho por Lichtman. En Twitter, Felipe Calderón, declaró que era falso lo dicho por el abogado.  No hubo más comentarios.
Horas más tarde, la periodista Anabel Hernández reveló  que durante la madrugada del 14 de noviembre, la Fiscalía de Nueva York solicitó al juez anular las acusaciones presentadas por la defensa de “El Chapo” contra Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa. Las acusaciones de la defensa del capo mexicano no son una novedad. Anabel Hernández hace referencia a ellas en su libro “Los señores del narco. El mensaje de Lichtman según el periódico The New York Times(14/11/2018)  no fue del agrado del juez Brian M. Cogan por lo que le advirtió que “no hiciera declaraciones que no estuvieran respaldadas por evidencia ”. Los fiscales en el juicio al solicitaron al juez Cogan que desestimara el alegato inicial en el juicio a Guzmán por estar “imbuido de argumentos indebidos, defensas afirmativas inadvertidas y habladurías inadmisibles”.
En los últimos días, del sexenio de Peña Nieto, se omite que la situación actual del país en materia de seguridad pública no podría ser más dramática. A pesar de la detención y muerte de numerosos líderes y miembros del crimen organizado este negocio parece más boyante que nunca, con una cantera inagotable de recursos humanos surgidos de las filas de los millones de desempleados y jóvenes sin empleo ni educación, así como de elementos de todos los grados y niveles que actúan al servicio de los cárteles, brindándoles protección y participando en los crímenes cometidos por éstos.
El combate al narcotráfico ha significado un enorme quebranto para las finanzas públicas, dada la enorme cantidad de recursos presupuestales involucrados. Pero al mismo tiempo, fue una fuente de corrupción y enriquecimiento ilícito para funcionarios públicos y empresarios vinculados a este tipo de gasto público en los tres  últimos sexenios.
En el juicio de  Guzmán Loera  aparece la verdadera dimensión del fenómeno del narcotráfico y del crimen organizado en el país. En el pasado, los  gobiernos del PRI mantenían acuerdos secretos a cambio de mantener las ciudades limpias de droga y en paz el tejido social, el gobierno en turno se aseguraba la protección de los criminales en las actividades de producción local y del  trasiego de droga con vistas al mercado de Estados Unidos.  Con Peña Nieto el “lavado” de dinero a través de los circuitos financieros llegó a niveles de nunca vistos en el país. La DEA señala en su informe 2015 National drug threat assessment summary que no obstante los volúmenes de dinero lavado, la PGR apenas decomisó 1 mil 358 millones 624 mil 733 pesos, entre enero de 2013 y junio de 2016, por medio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El “Estado de derecho” aparece así como algo inacabado o abiertamente inexistente.

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