Pablo Cabañas DíazNi la corrupción ni el mal gobierno, pueden ser explicaciones de la prolongada crisis social, el estancamiento económico y la polarización social resultado de la creciente desigualdad en la distribución de la riqueza y el ingreso. A estas causas sociales de la pobreza —la cual es un fenómeno social múltiple, complejo y contradictorio— hay que agregar la modalidad neoliberal que se ha impuesto en el mundo desde la década de 1970.
La primera tarea para acercarse realmente al propósito de erradicar la pobreza consiste en emprender la crítica de la modalidad neoliberal imperante y, dados sus resultados, proceder a reemplazarla por otra que privilegie el crecimiento económico, el empleo y la distribución del ingreso, profundizando la política de bienestar social que ayude a mejorar las condiciones de vida de toda la población.
Esto es, en principio debe reconocerse que bajo la modalidad neoliberal difícilmente se podrá erradicar la pobreza por lo que se debe reorientar la política económica con el fin de lograr un crecimiento sostenido y, al mismo tiempo, generar empleo y mejorar la distribución del ingreso.
La estrategia del combate a la pobreza no puede desvincularse de la modalidad económica ni de la política económica en general y, particularmente, de la política social, pues ambas responden a una sola visión de los problemas y de su solución.
En México, la política económica se ha empeñado en lograr los equilibrios macroeconómicos, hacer funcionar libremente al mercado y elevar las exportaciones no petroleras, sin embargo, esta política ha impedido tener programas estratégicos que alienten el crecimiento de la economía, fortalezcan el mercado interno, mejoren la distribución del ingreso, amplíen el empleo y eleven las condiciones de vida de la población.
La economía no ha logrado reducir la dependencia del ahorro externo, toda vez que los flujos de capital provenientes de las exportaciones de petróleo, el turismo y las remesas, en los últimos tiempos han financiado en buena medida tanto el consumo privado como el gasto público (los ingresos al país por la venta de crudo en 2005 se ubicaron en alrededor de los 28 mil millones de dólares y tan sólo de Pemex depende un tercio de los recursos fiscales; asimismo, por concepto de turismo ese año ingresaron al país 12 mil millones de dólares y las remesas ascendieron a 20 mil 35 millones de dólares). Como consecuencia de esta dependencia, la economía y el crecimiento se han vuelto más vulnerables a la inestabilidad de los flujos externos de capital, a las exportaciones petroleras y de servicios turísticos al mercado estadunidense y a la entrada de remesas.
La política social, por su parte, ha resultado incapaz para corregir las desigualdades entre la población. En efecto, desde finales de la década de 1990 que se perfiló la política social compensatoria focalizada, que tiene por objetivo dotar de alimentos, salud y educación exclusivamente a la población en pobreza extrema y estimular el desarrollo de las capacidades productivas de la población viable económicamente, ha terminado por segregar a otros sectores pobres y entregado un poder enorme a la burocracia que finalmente decide quienes son beneficiarios de las ayudas gubernamentales.
En estos momentos próximos a celebrarse la elección del Presidente de la República, existe un ambiente propicio para que el debate se oriente sobre una estrategia integral, para lograr la cohesión social. Una modalidad económica alternativa debe plantear como prioridad el crecimiento y utilizar el excedente económico con el fin de empezar a pagar la enorme deuda social con el pueblo de México, a quien se ha sometido a los rezagos más oprobiosos.
Esto implica, entre otras cosas, llevar a cabo una política fiscal tendente a mejorar la equidad en los impuestos, así como el uso productivo de los recursos fiscales, es decir, lograr una mayor inversión en actividades generadoras de empleo, depurar los créditos incluidos en el Fobaproa, para reducir su costo fiscal y avanzar en la reconstitución del sector paraestatal que devuelva y fortalezca el sentido social de la economía basado en la participación del Estado en el proceso económico.
De igual manera, resulta indispensable lograr una mayor participación social en las instituciones públicas democráticas, al mismo tiempo que se crean y desarrollan instituciones propias encaminadas a fortalecer las relaciones de solidaridad y responsabilidad social que consoliden una cultura de convivencia y desarrollo colectivo.
En síntesis, la clave para terminar con el flagelo de la pobreza parece radicar más en la posibilidad de imponer el control social de la economía —del mercado— y de la solidaridad entre las clases sociales que insistir sólo en medirla, o en reforzar la cruzada contra la corrupción y el mal gobierno, por supuesto indispensables de combatir con denuedo, pero, al mismo tiempo, evitar seguir creyendo que son los factores determinantes de nuestra situación de dependencia y desarrollo desigual, del estancamiento y la pobreza generalizada en el país; antes bien, es necesario reconocerlos como parte de los pretextos argüidos por los gobiernos de las naciones desarrolladas y sus oficinas de asuntos exteriores, en que se han convertido el FMI y el BM, para negar a nuestras naciones el derecho a romper las ataduras que las ligan de manera dependiente a las metrópolis del capital.
