Pablo Cabañas DíazEl Pleno de la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad (78 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones) el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a la Aplicación de los Principios del Derecho de Sindicalización y de Negociación Colectiva y se remite al Ejecutivo federal. El Convenio 98 sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, data de 1949, y es uno de los ocho convenios fundamentales sobre derechos laborales emitidos— y el único que México no había ratificado. Con su aprobación, se aspira a terminar con los llamados “contratos de protección”. Se les ha denomina así a estos instrumentos porque, se “protege” al patrón con cláusulas laborales adaptadas a sus intereses, y por la ausencia de sindicatos con una representatividad efectiva y un compromiso real de velar por los derechos de los trabajadores. La ratificación del Convenio 98, “obliga a las empresas y trabajadores a dar cumplimiento a la forma de elección de las representaciones sindicales y se abre la posibilidad de que los patrones ya no elijan a su sindicato.
El Convenio 98 se refiere al derecho de libre sindicalización y negociación colectiva, lo que ha generado oposición entre los empresarios. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) manifestó su desacuerdo porque la ratificación no cuenta con un dictamen de comisiones y no hubo las consultas pertinentes. Esta determinación, señala la representación patronal , afecta la relación entre trabajadores y empleadores en un trámite apresurado, pues es violatorio a lo dispuesto en el Convenio 144 de la OIT. Ese convenio establece la necesidad de instrumentar consultas efectivas entre gobierno y las organizaciones más representativas de los empleadores y de los trabajadores sobre cuestiones relativas a las normas internacionales del trabajo, según explicó el CCE en un comunicado.
La cúpula empresarial llamó al Senado de la República a realizar un análisis y debate amplio e integral sobre la ratificación de este convenio y el marco laboral del país, a fin de expresar todas las opiniones pertinentes. Además, exhortó a que con lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley sobre la Celebración de Tratados, el cual determina que éstos deben turnarse a comisión para su correspondiente análisis y discusión y la formulación del dictamen correspondiente en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El CCE, dejó en claro que el sector empresarial está a favor de la modernización del marco legal que rige el diálogo social y de los derechos laborales, como los de asociación, sindicalización y contratación colectiva, de ahí que demandó mantener y fortalecer el esquema de consultas a los sectores. Añadió que el sector privado mantiene su disposición al diálogo y la generación de propuestas para contribuir a a fortalecer los derechos de los trabajadores y, al mismo tiempo, impulsa la consolidación de las instituciones y de la paz laboral que se ha logrado en décadas.
En diciembre del 2015, el presiente Enrique Peña Nieto mandó la propuesta al Senado de la República para que fuera discutido y aprobado; sin embargo, la pasada legislatura consideró que no era necesaria su ratificación pues, se argumentó, los cambios en la Constitución en materia laboral en febrero del 2017 están acorde con lo establecido en el Convenio 98.
El Convenio 98 ha sido firmado por 164 países de los 187 que forman parte de la OIT. El protocolo establece los siguientes principios: protección a los trabajadores contra todo acto de discriminación que menoscabe la libertad sindical (artículo 1); protección a las organizaciones profesionales contra todo acto de injerencia (artículo 2); creación de organismos que garanticen el derecho de sindicación (artículo 3), y estimular y fomentar la negociación colectiva (artículo 4). Paralelamente, México se comprometió con Estados Unidos a tomar acciones legislativas para garantizar el derecho a la negociación colectiva, como parte de los acuerdos en principio para reformar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), alcanzados el pasado 27 de agosto, si bien esta negociación aún no se protocoliza estaría a la espera del aval legislativo.
