Por Pablo Cabañas Díaz
La política mexicana tiene un extraño talento para transformar las renuncias en confesiones. La salida de Adán Augusto López Hernández de la coordinación de Morena en el Senado no es un acto de modestia republicana ni un gesto de desprendimiento militante. Es, sobre todo, un reconocimiento tácito de que su presencia se había vuelto insostenible. El tabasqueño abandona la primera línea porque ya no podía seguir representando, sin costo, el catálogo completo de contradicciones del postobradorismo.
Se nos dice que renuncia para dedicarse a tareas electorales rumbo a 2027. El argumento suena noble, casi edificante. Pero la política no es un convento y los políticos no se retiran por vocación misionera. Cuando un hombre de poder cede una posición estratégica es porque ha perdido la batalla interna o porque los hechos han comenzado a cercarlo. En el caso de Adán Augusto, los hechos hablan con una elocuencia devastadora.
Durante su paso por la Junta de Coordinación Política del Senado se produjo un fenómeno que desafía cualquier explicación técnica. El llamado Capítulo 4000 —partida destinada a transferencias y subsidios— pasó de poco más de 8 millones de pesos en 2024 a casi 900 millones en 2025. Un incremento superior al once mil por ciento. Repito la cifra para que no se pierda en la costumbre nacional del despilfarro: once mil por ciento. Ese rubro es, por definición, uno de los menos fiscalizables del gasto público. Mientras se predicaba austeridad desde la tribuna, en las oficinas administrativas florecía un presupuesto sin controles reales. He ahí la moral pública del personaje.
A esa discrecionalidad se suman los episodios patrimoniales. Diversas investigaciones periodísticas documentaron que entre 2023 y 2024 el senador habría recibido alrededor de 79 u 80 millones de pesos que no aparecieron con claridad en sus declaraciones fiscales. Su explicación fue casi candorosa: herencias y honorarios profesionales. Sin embargo, parte de esos recursos se vinculan con empresas catalogadas por el Servicio de Administración Tributaria como “fantasma”. No es una calumnia, son registros oficiales. En cualquier democracia funcional, semejante incongruencia habría obligado a una investigación exhaustiva. Aquí se optó por el silencio cómplice.
Su pasado como gobernador de Tabasco ofrece un inventario igualmente incómodo. La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por más de 700 millones de pesos durante su administración. Existen decenas de denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles desvíos de recursos. El expediente no ha sido resuelto, pero tampoco ha sido cerrado. Flota como una nube espesa sobre su trayectoria.
El caso más grave es el de Hernán Bermúdez Requena, a quien Adán Augusto designó secretario de Seguridad Pública de Tabasco. Hoy ese funcionario está detenido y señalado como presunto líder de un grupo criminal vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación. No se trata de un error menor de gabinete, sino del responsable directo de la seguridad del estado. Quien nombra a un personaje de esa naturaleza no puede lavarse las manos como Pilatos tropical.
Las investigaciones de organizaciones civiles añadieron un capítulo todavía más perturbador. Las notarías de Adán Augusto y de su hermano participaron en la constitución de al menos trece empresas que posteriormente fueron incluidas por el SAT en su lista negra por operaciones simuladas. Esas compañías obtuvieron contratos públicos por más de 11 mil millones de pesos con Pemex, el IMSS-Bienestar y gobiernos locales, incluidos trabajos en la refinería de Dos Bocas. Actas notariales, contratos, registros fiscales: documentos, no rumores.
Adán Augusto empezó a representar todo lo que el movimiento prometió desterrar: opacidad, discrecionalidad, redes de intereses, cercanías peligrosas. El postobradorismo, esa criatura aún amorfa que intenta sobrevivir sin la tutela del líder histórico, encontró en él su rostro más inquietante.
Morena necesita llegar a 2027 con un discurso creíble. Por eso lo retira de la coordinación y coloca a Ignacio Mier como administrador de daños. Se habla de unidad, de reconocimiento, de aplausos. El teatro habitual. Pero detrás de la escenografía se esconde una verdad incómoda: el movimiento comienza a parecerse demasiado a aquello que juró combatir.
Adán Augusto no es una excepción dentro del nuevo régimen; es su síntoma más revelador. Encarna el tránsito del entusiasmo moral a la práctica pragmática, de la retórica anticorrupción a la administración del presupuesto sin controles, del discurso redentor a los negocios terrenales. Su renuncia no limpia al postobradorismo; apenas lo maquilla.
