Pablo Cabañas Díaz
Con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador se firma el Acuerdo Nacional por la Vida y la Seguridad de las Mujer, al cual se busca sumar a los integrantes de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), para que sean que sean corresponsables en la erradicación de este flagelo.
El Acuerdo Nacional refiere que hay cinco entidades federativas que reportan más feminicidios son: Veracruz, Estado de México, Puebla, Chihuahua y Nuevo León, en tanto que los primeros 10 municipios con más delitos de este tipo son: Ciudad Juárez, Chihuahua y Centro, Tabasco. Además de las siguientes ciudades: San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Chihuahua, Chihuahua; Iztapalapa, México; Guadalupe, Nuevo León; San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; Comitán de Domínguez, Chiapas; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y Cuauhtémoc, Chihuahua.
Bajo el nuevo contexto político en México, se privilegió la reforma constitucional del artículo 19 párrafo segundo que estableció el delito de feminicidio, lo cual generó polémica en las opiniones que al respecto ostentaban defensores de derechos humanos, así como de algunos grupos feministas. Aunque la mayoría coincidió en que, en un Estado democrático de derechos, dicho catálogo en la Constitución constituye una aberración en sí misma al violar el principio de presunción de inocencia.
Hay mucho que decir sobre este asunto, además de que los argumentos fueron varios tanto del lado de las organizaciones feministas y de defensa de derechos humanos de las mujeres que estuvieron a favor de la inclusión del delito de feminicidio en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, como de las que estuvieron en contra.
Estos temas deben ser más discutidos, pues, a más de 20 años, la experiencia muestra que las reformas y nuevas leyes generadas desde los movimientos feministas no siempre promueven la liberación, sino que resultan en nuevas formas de opresión para otras mujeres que no tuvieron la suerte de que sus voces y experiencias fueran tomadas en cuenta al construir legalmente lo que se entiende por violencia y agresión, privilegiando la desigualdad de género pero dejando a un lado otras experiencias opresivas como la etnia, la clase y la orientación sexual.
La sobrevaloración de la ley penal como un medio simbólico de prevención está más presente que la crítica de la real aplicación de todo el dispositivo punitivo. Esto ha propiciado el ocultamiento de los factores estructurales y materiales que sostienen las violencias de género, en especial, en contra de las mujeres, la desigualdad de género no está desconectado de las desigualdades materiales y sociales.
