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Pablo Cabañas Díaz.

Durante los años 40 y 50 del siglo XX, en el panorama nacional cabalgaba un pintoresco personaje quien, sin lugar a dudas, representaba al clásico cacique político—empresarial mexicano; Gonzalo N. Santos, “El Alazán Tostado”. En cierta ocasión alguien le recriminaba no conocer el significado de moral. El Alazán Tostado con rapidez respondió…  “cómo no, es el árbol que da moras.” Hemos arribado al siglo XXI,  con personajes que continúan con  el ejemplo de “El Alazán Tostado”, como Juan Collado, ejemplo del abogado corrupto que usa sus contactos, al estilo de la mafia, para beneficiar a sus protectores.

Collado participó en la creación de una red de empresas fachada que, conjugada con los servicios financieros de Caja Libertad, sirvieron para realizar la compra ilegal de propiedades mediante la suplantación de identidad de los verdaderos dueños, y luego los capitales que se obtenían eran depositados en cuenta personales y lavados a través de cuentas en México y que se vinculaban a movimientos en España y Andorra.

Como abogado  tuvo  relación con importantes personajes de la política como  el panista Diego Fernández de Cevallos y con Raúl Salinas de Gortari  y con los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, además del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, los verdaderos propietarios de Caja Libertad (Libertad Servicios Financieros), según el testimonio de Sergio Hugo Bustamante, denunciante de Collado Mocelo.

La Fiscalía General de la República (FGR) aportó a la causa penal 269/2019 declaraciones y una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, que señalan al abogado  y cinco personas más, entre ellas el Rey de los casinos, Javier Rodríguez Borgio y el ex presidente de Caja Libertad, José Antonio Rico Rico, como prestanombres de los ex mandatarios Sergio Hugo Bustamante.

Fue el ex socio de Collado, Sergio Hugo Bustamante  quien testificó en la FGR que las operaciones irregulares realizadas por  el abogado y sus coinculpados a través de las empresas Libertad Servicios Financieros y Despacho Integral de Inmuebles se hacían con la complacencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y que su entonces presidente Jaime González Aguadé, fue omiso en intervenir y en su caso sancionar (a los involucrados), a pesar de haber sido denunciados.

Bustamante  también dijo al Ministerio Público Federal: que tuvo conocimiento por diversos conductos (llamadas telefónicas y mensajes personales) que los verdaderos propietarios de Libertad Servicios Financieros, eran Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Francisco Domínguez Servién (actual gobernador de Querétaro) y Mauricio Kuri (líder de la bancada panista en el Senado).

 

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