Pablo Cabañas Díaz.
Con la victoria presidencial del PAN en 2000 y el triunfo del PRD en la ciudad de México y a falta de un líder visible del PRI, Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador – se convirtieron en las figuras políticas más destacadas al iniciar el siglo XXI. Fox y el PAN al inicio del sexenio 2000-2006, implementaron un programa de reformas neoliberales, a las que López Obrador se opuso por ser lesivas al interés de la mayoría nacional.
La polarización política alcanzó un punto álgido cuando el procurador general acusó a López Obrador de violar una orden de la Corte para detener la construcción del acceso a un hospital en propiedad privada. El caso escaló, el Congreso realizó un juicio político a López Obrador y decidió quitarle su fuero constitucional en abril de 2005. Esto significó que el entonces jefe de gobierno tenía que ir a un juicio y no podía presentarse como candidato para la presidencia, a pesar de llevar la delantera en las encuestas de intención de voto. Una ola de protestas a favor de López Obrador y un giro en la opinión pública contra el juicio llevaron a Fox a retirar los cargos, y así su rival pudo competir por la presidencia en 2006.
La campaña presidencial de 2006 se volvió un plebiscito sobre López Obrador, quien vivió meses de campañas negativas contra su persona. La campaña de Calderón, se centró en identificar a López Obrador como el “Hugo Chávez mexicano”, un “populista autoritario” que representaba una enorme “amenaza para México”. Fox dirigió su propia campaña contra el principal líder de oposición pidiéndole a los mexicanos que no tomaran la ruta populista. Al margen de la ley, en aquel momento el Instituto Federal Electoral (IFE), fue omiso en retirar la publicidad negativa y permitió que Fox interviniera en la campaña electoral a favor de Calderón.
La victoria del candidato conservador por un estrechísimo margen de 0.6 por ciento llevó a una polarización sin precedentes. López Obrador no aceptó la derrota, denunció un gran fraude electoral, e impugnó la elección en las cortes y en las calles. Después de que el Tribunal Federal Electoral revisara las quejas legales y confirmara la victoria del candidato panista, a pesar de que la intervención ilegal del presidente “puso en riesgo” la validez de la elección, López Obrador lanzó una gran campaña de resistencia no violenta y llamó a la creación de un gobierno “legítimo”.
Calderón inició su gobierno con el anuncio de un programa que pretendía superar la crisis política. Dirigiéndose al país en televisión nacional, convocó a todos los mexicanos a trascender rivalidades políticas y enfocar sus energías en la lucha contra el “verdadero” enemigo: el narcotráfico. Para legitimar su gestión Calderón declaró una “guerra contra las drogas” y ordenó el despliegue del ejército por todo el territorio nacional para acallar la creciente violencia entre cárteles.
En el transcurso de los siguientes seis años, controlar la violencia del narcotráfico se convirtió en la preocupación central del gobierno federal. La guerra contra las drogas y la intervención militar pueden dividirse en dos fases: el despliegue inicial del ejército y de la policía federal hacia las regiones más conflictivas del país en 2006-2007, y el desarrollo de una intervención de seguridad más integral para reaccionar ante la virulenta respuesta de los cárteles, desde 2008 hasta 2012.
El despliegue inicial de las fuerzas armadas en diciembre de 2006 respondió a una necesidad de legitimar una gestión que era producto de un fraude electoral. Al declararle la guerra a los grandes cárteles del país, Calderón esperaba unificar a la nación en torno a las fuerzas armadas y a su comandante en jefe para destruir a los poderosos cárteles de las drogas parecía ser un “punto de acuerdo” que le ayudaría al presidente a superar la crisis política. Pero, el despliegue inicial de las fuerzas armadas no discriminó entre líneas partidistas. Calderón creyó que la guerra contra las drogas sería una victoria militar relativamente sencilla que le permitiría trascender la crisis postelectoral que enfrentó su gobierno.
Las intervenciones del ejército y la policía federal para recuperar el control territorial y minar a los cárteles derivaron en un inesperado contragolpe y una dramática escalada de violencia. La violencia se disparó y varias ciudades y regiones experimentaron un brote de “epidemia de violencia”, se volvió evidente que la guerra contra las drogas no era un punto de acuerdo, sino de división que llega hasta nuestros días.
