CIUDAD DE MÉXICO.- Para dar carácter obligatorio a las evaluaciones de impacto en los programas sociales, que reciben la mayor cantidad de recursos del gobierno de la Ciudad de México, la diputada Daniela Álvarez Camacho impulsó una iniciativa al Artículo 8 de la Ley de Evaluación local en busca de medir cual es su impacto real en la reducción de la pobreza o disminución de la desigualdad.
En el uso de la tribuna, la legisladora por la Alcaldía Tlalpan destacó que, según cifras del Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), del 2018 al 2020 se incrementaron las cifras de pobreza y pobreza extrema en la capital en un 32.6 por ciento y 4.3, respectivamente, lo que cuestiona la eficacia de los apoyos que otorga la administración local para los fines que fueron creados.
“Constantemente las autoridades anuncian cifras récord en el gasto social o en el número de empadronados en los programas sociales; sin embargo, poco se dice sobre si alcanzaron los objetivos planteados, o el impacto que tuvieron los programas sociales en la reducción de la pobreza o en la disminución de la brecha de desigualdad”, sostuvo.
La legisladora por el Partido Acción Nacional explicó que actualmente la Ley de Evaluación de la Ciudad de México obliga al Consejo de Evaluación local a realizar una medición bianual de la pobreza multidemensional, retrasando su análisis, facultándolo para medir de manera externa las políticas públicas capitalinas, considerando su diseño o ejecución, dejando el impacto en último plano.
“Si bien resulta fundamental saber si la política fue transparente, con los controles necesarios para su buen destino, no existe una obligación formal de vincular la política social a su objetivo fundamental, que es precisamente la erradicación de las carencias básicas. La Ley faculta al Consejo a emitir recomendaciones y observaciones, sin que tampoco sean de ninguna forma vinculantes para la autoridad ejecutoria, por lo que al no existir su obligatoriedad difícilmente serán incorporadas en la evolución y mejora constante de las políticas públicas”, señaló.
La vicecoordinadora de la Asociación Parlamentaria Ciudadana detalló que el gasto social es la bandera de la actual administración de la CDMX, cuyo artículo 15 del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para 2022 estableció erogar un monto mayor a los 110 mil 400 millones de pesos, es decir, cerca del 47 por ciento del gasto total de la Ciudad, que es de 234 mil millones de pesos.
“La cifra es considerable, por lo que es de gran relevancia conocer el impacto que tiene ese gasto, en el cumplimiento de los objetivos específicos. De tal suerte, la pregunta obligada es ¿si existe una gran inversión en materia social, por qué la pobreza se ha incrementado?”, estableció.
Álvarez Camacho expuso que, ante la duda, la única respuesta puede darse a través de evaluaciones de profesionales y externos a los programas sociales, para evitar cualquier sesgo personal y en respuesta a la tarea fundamental que tienen los legisladores como servidores públicos, cuidando los recursos de todas y de todos los capitalinos.
“Si la evaluación concluye que el gasto público actual no está siendo efectivo para cumplir sus objetivos, se debe cambiar de rumbo antes de desperdiciar más tiempo y recursos en programas cuyo impacto es menor. Por ello, diputadas y diputadas, presento esta iniciativa con la profunda convicción que uno de los pilares de la política pública es la constante evaluación para la mejora continua”, concluyó.
La Iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de Planeación del Desarrollo para su análisis y dictamen.
AM.MX/fm
