CIUDAD DE MÉXICO, 30 de noviembre (AlmomentoMX).- La recién aprobada Ley de Sustentabilidad Hídrica para la Ciudad de México busca privilegiar intereses privados por encima del bienestar ciudadano y podría favorecer un nuevo caso de corrupción a favor de la empresa francesa Veolia, es la coincidencia a la que por separado llegaron la investigadora Elena Burns, representante de la organización civil Agua Para Todos y el coordinador de los diputados de Morena ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, César Cravioto.
Dos de los más serios opositores a la nueva Planta de Termovalorización de la Ciudad de México y de la nueva Ley de Sustentabilidad Hídrica para la Capital, concordaron en que la urgencia para aprobar ambos procesos de ley oculta serios intereses económicos a costa de las finanzas públicas de la ciudad e incluso del bienestar público de los capitalinos.
“No tienen ningún interés en ayudarle a la gente, su interés está en dejar, antes de salir, negocios multimillonarios por 30 años a costa de la economía, del medio ambiente y de la salud de los capitalinos. Miguel Ángel Mancera quiere dejarnos el acto de corrupción más grande en la historia de la ciudad”, aseguró el diputado Cravioto.
A decir de la también coordinadora de Planeación del Centro para la Sustentabilidad CENTLI de la Universidad Autónoma Metropolitana, Elena Burns, son los intereses de las grandes empresas las que aceleraron la aprobación de la nueva ley de aguas, a fin de celebrar contratos antes de que entre en vigor la primera Constitución de la Ciudad de México, el año próximo.
“El principal objetivo de esta ley es firmar concesiones a largo plazo para la gestión del agua a favor de intereses privados, de modo que si el siguiente gobierno intenta cancelar los contratos, este tendría que pagar una indemnización y las empresas beneficiarias podrían acudir a los tribunales para defenderse y hacer valer los contratos”, señaló la investigadora.
A decir de la investigadora, el riesgo radica en que tanto Veolia como Suez, dos grandes pulpos internacionales en el manejo de sistemas ambientales, mantienen un historial de quejas, abusos, altas tarifas y mal desempeño, lo que ha provocado su expulsión de distintos países.
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