CIUDAD DE MÉXICO.- La presidencia de la República se negó a transparentar los expedientes de los aspirantes a ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como de magistrados y magistradas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) que se inscribieron ante el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo para la Elección Judicial.
De acuerdo con el abogado José Mario de la Garza, quien presentó la solicitud de información, la Unidad de Transparencia de la Presidencia de la República argumentó que el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo “es autónomo” y no se encuentra en la lista de sujetos obligados de la aún vigente Ley de Federal de Transparencia y Acceso a la Información.
Por lo anterior, la Oficina de Claudia Sheinbaum se declaró “imposibilitada material y jurídicamente para señalar al solicitante el o los sujetos obligados competentes para atender la presente solicitud”.
Además, la presidencia advirtió que” tampoco resulta viable turnar la presente solicitud a alguna de las unidades” de la propia oficina presidencial, derivado de que el Comité de Evaluación “no es una unidad administrativa adscrita a la Presidencia de la República”.
Ante la negativa a transparentar la información de los documentos enviados al Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, el abogado José Mario de la Garza anunció que interpondrá un recurso de revisión ante el INAI, advirtiendo que la autonomía operativa de esa instancia para preparar la elección judicial, no implica opacidad ni reserva de la información-
La autonomía del CE (Comité de Evaluación) no justifica la opacidad: el Art 6 de la Const y 1 de la LGTAIP, establecen que toda entidad que reciba recursos públicos o ejerza actos de autoridad -como lo hace el CE al elaborar listados de candidatos judiciales- es sujeto obligado.
Por último, recordó que la autonomía de distintas dependencias públicas no las exime de cumplir con el principio de máxima publicidad y también cuestionó al ministro Arturo Zaldívar por no defender este principio. El abogado José de la Garza forma parte de diversos colectivos estudiantiles que en 2024 se manifestaron contra la aprobación de la reforma judicial.
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