CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno ha negado rotundamente las afirmaciones de que esta reforma limitará la propiedad privada. En una reciente conferencia, la abogada Claudia de Buen aclaró que la iniciativa no afecta los derechos de propiedad ni tiene relación con el código civil que regula la compra y venta de bienes inmuebles.
La propuesta de reforma constitucional en materia de vivienda del presidente Andrés Manuel López Obrador ha suscitado un intenso debate público. Esta iniciativa busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores a través de la implementación de créditos hipotecarios y arrendamientos sociales.
Contrario a las especulaciones, la reforma no pretende eliminar la propiedad privada. Según el texto de la iniciativa, se busca establecer un sistema de vivienda con orientación social, permitiendo a los trabajadores obtener créditos accesibles para la adquisición o mejora de viviendas. Además, se contempla la posibilidad de arrendar viviendas proporcionadas por el Infonavit, con la opción de adquirirlas después de diez años de arrendamiento.
La reforma propuesta se circunscribe al artículo 123, apartado A, fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los trabajadores tendrán acceso a viviendas en arrendamiento social, con pagos mensuales que no excedan el 30% de su salario. Después de diez años, podrán adquirir la vivienda en propiedad.
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