CULIACÁN, SINALOA.- El senador Ricardo Monreal Ávila adelantó que ya prepara el proyecto para una reforma electoral profunda, que establezca una racionalidad en el uso de los recursos públicos para organizar los comicios y someta a los órganos electorales al principio de legalidad.
Dijo que, tras la cancelación del registro de 49 candidatos de Morena a cargos de elección popular, “un gran porcentaje de ciudadanos cree que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) son contraparte, no son árbitros ni están actuando con imparcialidad, certeza y objetividad”.
Se trató, reiteró, de sanciones desproporcionadas, excesivas e irracionales, que demuestran que el INE y el TEPJF “están actuando con parcialidad, con incertidumbre y con una gran subjetividad”.
El coordinador parlamentario de Morena en el Senado presentó su más reciente libro “Nulidades y procedimientos sancionadores en materia electoral”, en Culiacán, Sinaloa.
Ahí, recordó que las autoridades electorales cancelaron 49 candidaturas de Morena a diputados federales, diputados locales, alcaldes y dos para gobernadores. “Recientemente intentaban quitarle el registro a la candidata de San Luis Potosí, pero se arrepintieron”.
Aun cuando existían las mismas razones por las que eliminaron a los candidatos a gobernadores en Guerrero y Michoacán, continuó el senador, “ya no se atrevieron a violar los derechos humanos de votar y ser votada de la doctora Mónica Rangel”.
Esto, consideró el legislador, confirma que se trataba de un asunto estrictamente político, no jurídico, dado que el mismo criterio, que se usó para eliminar las candidaturas de Morena para Guerrero y Michoacán, no se quiso utilizar para San Luis Potosí.
Por eso, afirmó, una vez que concluya el proceso electoral será inevitable una reforma, que someta al principio de legalidad a los órganos electorales, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las salas regionales y los tribunales locales en materia electoral.
Y ahora estoy preparando la iniciativa que pronto presentaré para poder establecer, entre otras cosas, una racionalidad en el uso de recursos públicos, porque para este proceso se van a erogar más de 40 mil millones de pesos.
Además, dijo, se tiene que dar paso a la urna electrónica, a mecanismos modernos para poder ejercer el derecho del voto y que éste sea respetado.
Asentó que uno de los temas delicados que se repite en todas partes es el de los funcionarios públicos que abusan de su función y acuden a actos proselitistas a ofrecer, a cambio del voto, beneficios, a pesar de que el fraude electoral es un delito grave.
Monreal Ávila advirtió que el uso de programas públicos, tarjetas o entrega despensas, constituyen un delito federal grave que no alcanza fianza para los funcionarios que lo cometan.
Dijo que la persecución y la sanción de dichas conductas es de nodal importancia para lograr una justicia completa, pues en ciertos casos no basta que el Tribunal Electoral declare que se ha cometido alguna irregularidad, sino que se tiene que sancionar penalmente al responsable.
El líder de la mayoría legislativa en el Senado reiteró que otro de los temas a revisar es el impacto de las redes sociales, con bots y campañas sucias, en el desarrollo de la contienda electoral, toda vez que se pagan cantidades millonarias en pautas, que se salen del control del órgano de vigilancia.
Pero también se requiere regular la propaganda gubernamental y que las sanciones que impone el INE se rijan por los estándares constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad, sobre todo cuando la consecuencia es la privación del derecho humano a ser votado.
La justicia electoral, asentó, tiene que ser proporcional, sin que haya impunidad. Por eso este es el tema que se debe revisar, pues es necesario mayor precisión para que el órgano electoral no incurra en abusos y se evite que suplante al Poder Legislativo.
“Nuestra democracia, nuestros órganos electorales son los más caros del mundo, y ahora después de estos sucesos, un gran porcentaje de ciudadanos cree que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son contraparte, no son árbitros ni están actuando con imparcialidad, certeza y objetividad”, señaló
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