MÉRIDA, YUCATÁN. – El Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, incurrió en un daño y perjuicio a la Hacienda Pública Federal (SHCP) por un monto de tres millones 585 mil 895 pesos con 82 centavos, del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 2019, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con Sol Yucatán, en su último informe, de diciembre de 2020, el máximo órgano de fiscalización del país informó que el Gobierno del Estado de Yucatán, a través del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (IMDUT), incurrió en irregularidades en el gasto de los recursos provenientes de la Federación.
Una de las anomalías detectadas por la ASF fue en el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad de Yucatán, donde en principio se determinaron 18 resultados, de los cuales en 17 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este informe, pero una fue la que generó un pliego de observaciones.
Según el dictamen de la auditoría de cumplimiento número 2019-A-31000-19-1441-2020/1441-DS-GF, relativo a la revisión de Recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, el Gobierno del Estado de Yucatán incurrió en inobservancias de la normativa.
Entre las violaciones a las leyes y reglamentos en las que incurrieron funcionarios de confianza de Mauricio Vila Dosal destacan a la Ley General de Contabilidad Gubernamental; la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; de los Lineamientos de Operación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad; y del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios que celebran por una parte el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por la otra, el Gobierno del Estado de Yucatán, de fecha 17 de mayo de 2019.
En virtud de que realizó un pago de gastos indirectos que no cumple con el objetivo de dicho concepto y no dispone de la documentación comprobatoria del mismo, y en el proyecto ejecutado realizó pagos con fecha posterior a la terminación del plazo de ejecución establecido, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 3 millones 748 mil 300 pesos, el cual representó 49.7 por ciento de la muestra auditada.
Las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el informe de la auditoría número 1329-DS-GF, practicada al Gobierno del Estado de Yucatán respecto de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2019.
En torno a los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que aun cuando el Gobierno del Estado de Yucatán invirtió los recursos pagados para la ejecución del proyecto convenido con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se realizaron pagos con fecha posterior a la terminación del calendario de ejecución establecido en el proyecto y se pagaron gastos indirectos que no cumplen con el objetivo de dicho concepto, y que no disponen de la documentación comprobatoria del gasto.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán no realizó una gestión eficiente de los recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (Fotradis), apegada a la normativa que regula su ejercicio, y no se cumplieron sus objetivos y metas.
CIFRAS REALES
Con cifras desactualizadas, el Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Iipedey) estableció que el 6.5 por ciento de la población en Yucatán tiene una discapacidad, lo que representa alrededor de 139 mil personas, y de este universo el 68 por ciento tiene discapacidad motriz, le sigue la visual, intelectual, auditiva y psicosocial.
En 2020, en la Entidad se contabilizaron cerca de 442 mil personas con discapacidad y limitaciones, de los cuales, dos de cada cinco realizan alguna actividad económica, informó la Directora General del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán (Iidepey), María Teresa Vázquez Baqueiro.
Al presentar los recientes resultados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), mencionó que Yucatán cuenta con dos millones 320 mil 898 de habitantes, de los cuales, 441 mil 852 tienen discapacidad, así como alguna limitación, lo que representa el 17.9 por ciento de la población.
Detalló que 149 mil 222 personas tienen discapacidad, el 5.6 por ciento de la población, los cuales «para el Inegi son personas que de plano tienen una dificultad muy elevada para ver, escuchar, pensar y relacionarse con personas».
Asimismo, en la Entidad hay 265 mil 630 personas que tienen limitaciones, pero que pueden desarrollarse a pesar de la limitación motriz, visual, auditiva, mental o social.
De acuerdo con los resultados del Censo del Inegi, de dicho grupo hay 196 mil 683 que están en edad de realizar una actividad económica.
Sin embargo, 194 mil realizan una actividad económica, pero la mayoría de ellos están en el comercio informal, y «las dos mil personas restantes manifestaron que nada realizan».
Estudios recientes revelan que hay mucho trabajo por hacer para mejorar el servicio de transporte público en el Estado y que sea accesible para las personas con discapacidad, pues muchas de ellas requieren ser trasladados a sus centros de trabajo o viajar para recibir terapias o consultas.
AM.MX/fm
