Jorge Meléndez Preciado
Como se esperaba desde hace meses, en octubre se rompió el récord de homicidios dolosos con dos mil 371, superando el de junio de 2017 que llegó a dos mil 238. Pero ese sólo fue un indicador de que la situación en nuestro país es más crítica que en anteriores sexenios, por más que las autoridades insistan que son acosadas por organismos no gubernamentales, investigadores y ciudadanos acerca de los males que vivimos y se agravan.
Si le agregamos que entre fosas clandestinas y asesinatos hubo 28 cadáveres el fin de semana, notaremos que no hubo un Buen Fin, sino algo macabro y horripilante.
Un caso muy sonado fue el homicidio de Adolfo Lagos, el ejecutivo de Televisa que todavía está muy oscuro, ya que las autoridades del estado de México dicen que fue un acontecimiento imprudencial de uno de sus escoltas, pero los informadores de esa compañía tienen otras versiones.
El asunto dio pie para que más de treinta minutos del noticiario Despierta, conducido por Carlos Loret de Mola, se hablara de ese caso y tangencialmente de otros. Lo que muestra claramente que hay diferentes tipos de ultimados, los muy célebres que merecen largo tratamiento y los otros, que no son conocidos. Tanto así que el procurador del Edomex, Alejandro Gómez Sánchez, dedicó mucho tiempo en explicar lo sucedido, envió al lugar de los hechos a diferentes policías y rastrearon, sin encontrar, a quienes lo amagaron y dispararon contra la camioneta de Lagos.
Eso, claro, no ocurre con los asesinatos de periodistas, ni siquiera de notables como Javier Valdez y Miroslava Breach, no se diga en el de Rubén Espinosa, que está empantanado en la Procuraduría de la Ciudad de México, a pesar de que se tiene la certeza que es una investigación totalmente manipulada.
También supimos que al Ombudsman de Baja California Sur, Silvestre de la Toba, lo atacaron en su camioneta. Resultado: falleció él y su hijo Fernando y están mal heridas su esposa e hija. De inmediato, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, condenó la ejecución y pidió medidas cautelares. Sabemos que desgraciadamente, la autoridad hace caso omiso de muchos llamamientos y reclamos. Por ello, la matazón continúa.
Antes hubo siete caídos, seis en San José del Cabo y otro en Ciudad Constitución. Todos por aquellos parajes que antes eran atractivos turísticos y lugares donde el inglés predominaba en muchos restaurantes y hoteles.
En Morelos fue acallado el maestro Eduardo Reyna, saliendo de un bar. El fiscal, Alberto Capella, de inmediato, dijo que se trataba de un “ajuste de cuentas”. Lo que refutaron los alumnos de la universidad de la entidad, quienes elogiaron a su antes mentor y pidieron que hubiera una investigación seria, digna, profunda. Cuestiones que a todas las autoridades les tiene sin cuidado.
Por otros rumbos, en Hidalgotitlán, Veracruz, liquidaron al alcalde: Santana Cruz, a quien esperaron afuera de su domicilio y no obstante que pidió auxilio a los policías, al no llegar los uniformados tuvo que salir para evitar que también lesionaran a sus parientes y amigos.
Es tan espantoso el panorama que una comisión del Congreso de Estados Unidos ha previsto que 2017 superará la violencia de 2011, año de más mexicanos ejecutados gracias a Felipe Calderón y su fallida guerra contra las drogas. Este año tendremos 18 homicidios por 100 mil habitantes, lo que representa en términos corrientes que habrá dos mil 56 asesinatos al mes, 68 al día o tres cada hora.
Sacerdotes, periodistas y funcionarios han caído por doquier. Ahora existe la certeza que hay más de 30 mil desaparecidos. Y los feminicidios crecen exponencialmente, sobre todo en Puebla, Veracruz y el estado de México.
Todo ello mientras Enrique Peña Nieto hacía, nuevamente, un homenaje a las llamadas fuerzas del orden e insistía que los ciudadanos no reconocíamos los esfuerzos de los uniformados. A quienes por cierto, en 2007 se les asignó un presupuesto de 130 mil millones de pesos y diez años después (2017), obtuvieron 264 mil millones de pesos para sus funciones, o sea, más del doble (sic que se rasca a cabeza y el bolsillo).
Otra joya de esta administración, cuyo titular Enrique confunde nombres y países, se acaba de anunciar. El salario mínimo pasará de 80 pesos y cuatro centavos diarios a 88 pesos 36 centavos. Más de ocho pesotes cada jornada.
La Coparmex dijo que el mínimo debería ser de 95.24 pesos. Y Estados Unidos y Canadá señalan que para seguir con el TLCAN, México debe mejorar el sueldo de sus trabajadores ya que la diferencia es de 7 a 1 entre nuestros socios y la nación maravillosa que exalta el PRI.
Fallecidos por balas o por hambre, es lo común.
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