CDMX.- Frenar el proceso de descomposición política es la principal intención de Ricardo Monreal, con la denuncia que presentó ante la Fiscalía General de la República, por diversos delitos contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.
En un texto difundido en medios digitales, el senador consideró que nadie debe ofender que busque construir un sendero propio de continuidad con cambio, cuya brújula sea la reconciliación.
El coordinador de Morena en el Senado, dijo que se deben agotar todos los intentos para continuar con el proceso de democratización interna de su partido, al ser este último uno de los elementos principales para consolidar la transición política en México.
Luego de resaltar que las libertades de todas y todos deben ser respetadas, el coordinador de Morena subrayó que no le sorprenden los intentos de frenar sus aspiraciones a dirigir los asuntos del país, aun cuando, agregó, esta vez las injurias provienen del interior del movimiento que al que ayudó a fundar.
Expuso que lejos de amedrentarse, lo alientan a sentar las bases para alejarse de estas malas prácticas y hacer valer el Estado de derecho.
En el texto explica que las comunicaciones privadas obtenidas de manera ilegal son un delito, y no sólo su intervención, sino su utilización y difusión. El respeto a la intimidad y la privacidad son derechos que se le deben garantizar a toda persona, como lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El legislador señaló que la denuncia tiene bases sólidas, pues ante la confesión de parte de la intervención de comunicaciones privadas, que fueron reveladas a través del programa “Martes del Jaguar” —que se realiza y difunde con recursos públicos—, se podría configurar, entre otros, el delito de peculado, previsto en el artículo 223, fracciones I y II del mismo ordenamiento federal.
Precisó que la difusión de la información manipulada en ese programa constituye una abierta violación a los principios jurídicos contenidos en el artículo 134 constitucional, y evidencia el montaje orquestado por la gobernadora del estado de Campeche.
Monreal Ávila expuso que el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas constituye un valor fundamental del ser humano, cuya tutela ha sido elevada a rango constitucional, según lo establece el párrafo 12 del artículo 16 de la Carta Magna.
Señaló que también existen disposiciones de carácter internacional, que tienen jerarquía constitucional, como el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuyo artículo 1 prevé que los Estados partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción.
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