CIUDAD DE MÉXICO.- En el marco del proceso de armonización del marco jurídico de la Ciudad de México con su Constitución local, la diputada del Partido del Trabajo, Miriam Saldaña, explicó la relevancia de los dictámenes que se someten a consideración del Pleno, los cuales derivan de un mandato constitucional aún pendiente de cumplirse.
La legisladora señaló que le correspondió fundamentar diversos dictámenes relacionados con el proceso de armonización legislativa previsto en los artículos transitorios del decreto por el que se expide la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Constitución Política de la Ciudad de México.
Recordó que la transformación del entonces Distrito Federal en la Ciudad de México, consolidada con la reforma constitucional de 2016 y la expedición de la Constitución local en 2017, significó un cambio jurídico e institucional de gran trascendencia. No se trató únicamente de una nueva denominación, sino del reconocimiento pleno de la Ciudad de México como una entidad federativa con autonomía política y legislativa.
Miriam Saldaña subrayó que, a partir de dicha reforma, la Ciudad de México dejó de ser un órgano del Poder Ejecutivo Federal para consolidarse como una entidad federativa con Constitución propia, Congreso y Alcaldías. En este contexto, tanto el decreto de reforma constitucional en materia de la reforma política de la Ciudad de México como el decreto que expide su Constitución establecen disposiciones transitorias que ordenan que todas las referencias al Distrito Federal contenidas en los distintos ordenamientos jurídicos se entiendan hechas a la Ciudad de México.
Asimismo, expresó que los dictámenes presentados constituyen un paso necesario, responsable e impostergable dentro del proceso de armonización del marco jurídico local. Aclaró que no se trata de reformas meramente técnicas o formales, sino de un ejercicio de congruencia constitucional y del cumplimiento de un mandato expreso establecido en la Constitución de la Ciudad de México.
En ese sentido, recordó que el artículo trigésimo noveno transitorio del decreto por el que se expide la Constitución local establece que el Congreso debía adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a más tardar el 31 de agosto de 2024. No obstante, dicho plazo fue rebasado por más de un año y tres meses, lo que hace evidente la necesidad de avanzar en este proceso.
Por ello, afirmó que la aprobación de los dictámenes representa un acto de responsabilidad institucional que contribuye a la certeza jurídica y reafirma el respeto irrestricto al orden constitucional vigente.
Finalmente, la diputada destacó que las reformas propuestas son de carácter estrictamente técnico y no generan impacto presupuestal, ya que no implican la creación de nuevas estructuras, ni modificaciones a programas, plantillas de personal o esquemas de contratación.
AM.MX/fm
