WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS, 6 de diciembre (AlmomentoMX).- Hasta el momento más de 1,337,084 personas han firmado en la campaña para acusar a Trump y pedir su destitución.
De acuerdo con las páginas de internet Free Speech For People y RootsAction, los firmantes solicitan al Congreso de Estados Unidos aprueben una resolución en la que se pida al Comité Judicial de la Cámara de Representantes que investigue si existen bases suficientes para la acusación contra Donald John Trump, presidente de los Estados Unidos.
Al menos 17 comunidades de todo el país están ahora registradas pidiendo un juicio político contra Trump. El martes pasado, la ciudad de Weston, Massachusetts se unió a la lista cuando los residentes apoyaron una petición ciudadana para pedirle a la Cámara que evaluara si Trump está violando la Constitución.
John Bonifaz, cofundador y director de Free Speech for People, señala que desde el momento en que asumió el cargo, la negativa del presidente Trump a desprenderse de sus intereses comerciales lo ha colocado en una violación directa de la Cláusula de Emolumentos Extranjeros de la Constitución de los Estados Unidos y la Cláusula de Emolumentos Domésticos. Desde entonces, su corrupción y abuso de poder solo han aumentado. El presidente debe rendir cuentas ante la ley, a través del proceso de juicio político, por estas graves violaciones y por este nivel sin precedentes de corrupción en la Oficina Oval.
Free Speech For People y RootsAction piden al Congreso que abra una investigación para determinar si existen motivos suficientes para destituir al presidente Trump, incluyendo:
Obstrucción de la justicia;
Violaciones de la Cláusula de Emolumentos Extranjeros y la Cláusula de Emolumentos Domésticos de la Constitución de los Estados Unidos; conspirar con otros para: (a) cometer crímenes contra los Estados Unidos relacionados con la solicitud y el recibo previsto por la campaña de cosas de valor de Donald J. Trump de un gobierno extranjero y otros ciudadanos extranjeros; y (b) ocultar esas violaciones; defendiendo la violencia ilegal, brindando ayuda y consuelo a los supremacistas blancos y neonazis, y socavando las protecciones constitucionales de igual protección ante la ley; abusando del poder del perdón; y amenazando imprudentemente la guerra nuclear contra naciones extranjeras, socavando y subvirtiendo las funciones diplomáticas esenciales y la autoridad de agencias federales, incluido el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y participando en otras conductas que ponen en grave peligro la paz y la seguridad de los Estados Unidos, su pueblo y personas de otras naciones, al aumentar el riesgo de hostilidades que involucran armas de destrucción masiva, con despreocupación temeraria por el riesgo de muerte y lesiones corporales graves; dirigiendo o tratando de dirigir la aplicación de la ley, incluyendo el Departamento de Justicia y el Buró Federal de Investigaciones, para investigar y enjuiciar a adversarios políticos y otros, con fines impropios no justificados por ninguna función legal de su cargo, erosionando así el estado de derecho, socavando la independencia de la aplicación de la ley de la política y el compromiso del derecho constitucional al debido proceso legal.
EL PROCESO DE ACUSACIÓN
La Constitución de los Estados Unidos confiere el poder a la acusación en la Cámara de Representantes, mientras que le impone al Senado el poder de juzgar enjuiciamientos. La Cámara vota si llevar el cargo, y el Senado trata el caso. El voto de la Cámara es por mayoría simple, pero el Senado requiere una mayoría de dos tercios para condenar.
Los motivos de la destitución son: “Traición, soborno u otros altos crímenes y delitos menores”.
Para iniciar el proceso de destitución, un documento o “resolución que requiera una investigación del comité de los cargos contra el funcionario en cuestión” debe ser remitido al Comité de Normas de la Cámara, que puede remitirlo al Comité Judicial para su investigación. El Comité Judicial puede votar para intentar el caso, y el Senado procederá con un juicio y una votación. En un procedimiento alternativo, la resolución puede solicitar directamente un juicio político, en el que la resolución va directamente al Comité Judicial para su revisión.
AM.MX/fm
