Lilia Arellano.
“Veo a ciudadanos angustiados por la falta
de seguridad”: Luis Donaldo Colosio
- Turismo europeo en peligro
- El País, lanza reportaje-alerta sobre Cancún
- Duro golpe para los inversionistas hoteleros
- Inseguridad y corruptelas reveladas a tiempo
- EPN responde con una carretera en Acapulco
- Bajan al 1.98% crecimiento del PIB en 2017
- Mayor contracción en el gasto de inversiones
Ciudad de México, 4 de Julio de 2017.- Toda una relatoría sobre la fama extendida a México a partir de un solo punto: Acapulco, fue expuesta por Enrique Peña Nieto durante largos minutos en los cuales, finalmente, fue el renglón turístico el eje central, de los discursos, por supuesto. Todo lo ahí referido no sirvió ni siquiera como respuesta a los señalamientos hechos en las páginas del diario español El País. Es una síntesis, si se prefiere llamarle así, a las denuncias presentadas una y otra vez sobre los acontecimientos ligados a la delincuencia registrados en Cancún, Quintana Roo, aunque debiera establecerse como referencia a toda la Riviera Maya.
Con lujo de detalles con los cuales deberían enrojecer los rostros de los encargados de la seguridad a nivel federal, estatal y municipal y, por lo tanto, provocar la reacción esperada, la del cumplimiento de la responsabilidad asignada, en el reportaje de referencia se hace presente el temor, el pánico de la población. ¿Qué está pasando en Cancún?, es la primer interrogante. Se habla de Bonfil, de una zona conocida por ser refugio de las mafias. De la disputa por la plaza de dos organizaciones con presencia en todo el país: Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, a los cuales se agrega el local: el de Los Pelones.
Se habla del gobernador Carlos Manuel Joaquín González, pero también del alcalde benitojuarense, Remberto Estrada, de su filiación partidista y su inexperiencia. Considera El País en su reportaje es Cancún un lugar de tránsito, llegada y consumo de gran parte de la cocaína que pasa por el Caribe. “El infierno y el paraíso se dan la mano cada semana”. Divide la zona hotelera de la “zona atolera” al hacer referencia a los 40 mil cuartos en exclusivos hoteles y los 900 mil habitantes prestadores de servicios turísticos.
Inaugurar una vialidad “escénica alterna Acapulco-Macrotúnel 1ª. Etapa”, y el pronunciamiento –muy largo e inútil- hecho ante parte de su gabinete, el gobernador de Guerrero y algunos empresarios, no elimina la exposición hecha por el diario español. En ella se presenta un resumen de lo muchas veces publicado por diarios comprometidos con la verdad como los POR ESTO! Una y otra vez se han lanzado las alertas necesarias para enderezar el camino, para combatir a la delincuencia de manera real y comprometida, para evitar se llegara al extremo del presente: se ve a Quintana Roo, a la Riviera Maya, a la Joya del Caribe, como un centro de distribución, comercialización y consumo de estupefacientes.
Lo inexplicable radica en el estilo del reportaje de El País habiendo en Quintana Roo una fuerte inversión española. Y no es que lo ahí expuesto sea mentira, pero a sabiendas de la existencia de un porcentaje mayoritario de inversiones procedentes de ese país y asentadas –haiga sido como haiga sido- en la Riviera Maya, se percibe la existencia de intereses de todo tipo, aunque de entre ellos también pudiera ubicarse revelar verdades mantenidas ocultas en la península Ibérica.
El 10 de mayo próximo pasado, en estas mismas líneas dimos cuenta de la cadena de inversiones hoteleras ubicadas en la Riviera Maya. No han faltado reacciones en las cuales se revela la posibilidad de afectaciones en el futuro próximo en estos centros de hospedaje. Se dijo entonces: “En el pasado reciente hubo señalamientos hacia la cadena hotelera Sol Meliá, el Grupo Martinón y los Ríu en los llamados Papeles de Panamá. Los mencionados tienen centros de hospedaje en Quintana Roo y sólo basta mencionar se le impuso a la construcción del Riu el mote: “monumento a la corrupción”, al tiempo de traer a la memoria la intervención del entonces todavía Rey de España ante Vicente Fox para evitar se aplicara el reglamento de densidades y conservación del medio ambiente, afectándose los intereses de la familia, de los hermanos Luis y Carmen.
“Aparecen otros grupos, el de los Barceló con el control de aproximadamente 3 mil cuartos de hotel. Un número similar de habitaciones tiene la cadena Oasis, de Pedro Pueyo, hotelero ligado al célebre Mario Conde, ex presidente de Banesto. Los dueños de Iberoestar, Miguel, Lorenzo y Antonio, hijos de Lorenzo Fluxá Figuerola, se iniciaron como empresarios haciendo zapatos y hace casi un siglo decidieron ampliar sus actividades al turismo. En Akumal imperan los Bahía Príncipe, de Pablo Piñeiro y sus hijas Encarna, Isabel y Lidia. Tienen otras instalaciones (4) en la Riviera Maya. Está también el Palladium, propiedad del ex ministro de Asuntos Exteriores de España, Abel Matutes; El banco BBVA tiene el 60 por ciento de la cadena Occidental, originalmente en manos de los dueños de las tiendas Zara.
“Joaquín Janer y Jamal Iglesias tienen los BlueBay. José Cabrera, el Princess. El H10 es del catalán José Espelt. El Sirenis es pequeño comparado con los anteriores. Sólo cuenta con 960 cuartos y su propietario Abel Matutes es primo del dueño del Palladium. Están otros no tan nombrados: Valentín, Excellence, Celuisma. Son aproximadamente 20 las cadenas hoteleras españolas instaladas en Quintana Roo y de entre ellas se encuentras las relacionadas, al igual que OHL o quienes ahora son acusados de defraudación, en operaciones de bienes inmuebles, en escándalos de corrupción. Imparables, pese a los escándalos generados, se sitúa a los de OHL.
“Todo indica que el accionista mayoritario de esta empresa no detendrá su proyecto turístico Mayakobá, nombre impuesto a su primer hotel, mismo considerado como ícono del lujo. Sigue en puerta la inversión de cerca de mil millones de dólares en la construcción de otros dos hoteles: el Hyatt Andaz y el complejo Fairmont Heritaje. Se suma a estos proyectos el del desarrollo habitacional, visto como la construcción de una ciudad con prácticamente todos los servicios, incluyendo los de salud, en pleno corazón de Playa del Carmen. Al mencionar al dueño de los Oasis, Pedro Pueyo y su relación con Mario Conde, ex presidente del Banco Español de Crédito, Banesto, a quien condenaron a 20 años de prisión tras ser señalado por presunto delito de fraude contra la hacienda pública, se ubica a personajes que mucho han tenido que ver en movimientos nada claros en Quintana Roo.
“El amigo de don Pedro fue destituido de la presidencia del Banco ante los quebrantos causados en su gestión. También resultó sentenciado a 6 años de cárcel por apropiación indebida y falsedad en documentos mercantiles al retirar del Banesto 600 millones de pesetas, 3.6 millones de euros. Los delitos de estafa y apropiación indebida, le valen otra condena. Autoridades turísticas afirman 6 de cada 10 cuartos de hotel están en manos de inversionistas españoles. Al respecto existen dos interrogantes: ¿cómo, cuándo y a quién le compraron las extensiones de tierra sobre las cuales están sus construcciones? ¿Cuál es el beneficio tributario arrojado? Porque en el primer renglón, se sabe de la adquisición directa al gobierno federal en los terrenos considerados como nacionales.
“Lo ignorado es ¿cuánto costo ubicarse a unos metros del mar, contar con cientos de metros de playa? En cuanto al segundo punto se reconoce en la entidad la existencia de evasiones fiscales por la contratación en el extranjero de paquetes todo incluido: hospedaje, transporte, alimentación, entradas a parques, tours, etcétera, lo cual excluye de facturación a quienes prestan esos servicios y, por lo tanto, la existencia de demanda de servicios de los trabajadores de esos centros de hospedaje es permanente y va en aumento, en tanto no se captan los impuestos suficientes para hacerles frente. Han establecido protección sin límite a dos cadenas: Oasis y Riu.
En Cancún y Puerto Morelos acumulan cerca de 10 mil cuartos. En Playa del Carmen cuentan con una cantidad similar. Su ausencia de todo lo relacionado con la entidad, las promociones turísticas, los trabajadores de sus hoteles –obviamente todos adheridos a pagadores sui generis-, tiene como punto de referencia la negativa a estar afiliados a las Asociaciones de Hoteles existentes en Quintana Roo. Si partimos de OHL y todo lo descubierto sobre algunas inversiones españolas, el fraude inmobiliario del cual acusan a José Guillermo Martínez y a Lorenzo Sánchez Hidalgo en agravio del casinero Javier Rodríguez Borgio, el monto suma más de 25 millones de dólares.
“Martínez Cárdenas aparece como propietario de la Prestadora de Servicios Azco y del Grupo Constructor de la Ribera, citan también dirige compañías de transporte marítimo. Aparecen en la escena dos abogados: Virgilio Rincón y Joaquín Ramos, de quienes se asegura son integrantes de los despachos más importantes de Guadalajara y fueron quienes apoyaron los movimientos considerados fraudulentos y en contubernio con el ex director del Registro Público de la Propiedad, Carlos Lima, actualmente probable sujeto de juicio político con lo cual procedería la cancelación del nombramiento de magistrado que ostenta”.
Así está el panorama entre las inversiones y las verdades antes ocultas, de las relaciones España-México, de las cuales habrá próximas declaraciones. La seguridad, mientras tanto, seguirá brillando por su ausencia. El negocio es lo principal.
VIOLENCIA IMPARABLE
Por periodos cada vez más cortos y en regiones cada vez más amplias se manifiesta la ola de violencia en el país y se evidencia la incapacidad del gobierno federal para frenarla a pesar del presunto cambio de estrategias y la contratación de asesores internacionales. Ante el incremento de la violencia en el país, el modelo de incorporación de las tareas de seguridad que se concentraron en al Secretaría de Gobernación debe ser revisado a fondo, señaló la Coparmex.
Analistas y expertos han puntualizado que se cometieron algunos errores en el diseño y que éste debe ser revisado de nueva cuenta, señaló Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex. “En México, la incidencia delictiva está alcanzando niveles alarmantes en muchas entidades del país. El propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó recientemente que mayo fue el mes más violento de los últimos 20 años al contabilizar 2 mil 186 carpetas de investigación por homicidio doloso; ésta es la cifra más alta desde que se inició el registro, en 1997”, destacó el presidente de la confederación patronal.
Los centros empresariales de todo el país han expresado su inquietud creciente por el alza de los delitos como homicidios, robos a comercios y en general por las disputas de grupos delictivos, que se traducen en una afectación de la tranquilidad en las ciudades y en los estados. Este fin de semana, Sinaloa resintió una grave ola de violencia, en la cual murieron en unas cuantas horas más de 30 personas. En un solo evento, diecinueve presuntos sicarios murieron al enfrentarse a elementos de seguridad estatales y federales en Mazatlán.
En Chihuahua, trece personas perdieron la vida en una jornada violenta en la cual falleció una jefa de Vialidad y tres guardias de seguridad de un bar. Al menos 48 personas fueron asesinadas en esa entidad el fin de semana, además de que se localizaron cuatro cadáveres e igual número de fosas clandestinas en el poblado serrano de Las Varas, municipio de Madera. Tan sólo en Ciudad Juárez, durante junio se perpetraron 81 homicidios, por lo que empresarios exigieron a las autoridades poner un alto a la delincuencia, pues además de las ejecuciones proliferan las extorsiones, asaltos, robos de autos con y sin violencia, robos a casas habitación y otros delitos.
Puebla: tres muertos y cuatro desaparecidos es el saldo, hasta ahora, de la embestida que una presunta banda delictiva perpetró la madrugada del lunes en Huehuetlán El Grande, en contra de comerciantes que se negaron a pagar el derecho de piso a los delincuentes. Y en Michoacán, fue ejecutado el comandante de la Policía Ministerial de Morelia, Rogelio Arredondo Guillén, al llegar a su domicilio.
DESDE EL MISMO TERRITORIO
Los reportes del primer semestre del 2017 sobre el estado general de la administración pública federal dan cuenta del ineficiente y fallido manejo de la economía y la seguridad del país por la actual gestión del presidente Enrique Peña Nieto. Violencia y corrupción, con un grueso empaque de impunidad, son el sello del (des) gobierno del mexiquense. A eso se le añade un deficiente manejo de los recursos de la Nación y una impune especulación de los mismos para la obtención de ganancias privadas. En síntesis., la cleptocracia es el sistema de gobierno en México y los débiles esfuerzos contra la corrupción imperante están condenados al fracaso al no existir la voluntad política para hacerle frente.
El pésimo desempeño de la economía es resaltado una vez más por analistas de la iniciativa privada consultados por el Banco de México, quienes señalan los factores incidentes en esto: una insuficiente plataforma petrolera, los problemas de inseguridad pública, la incertidumbre por la política interna, la debilidad del mercado externo y la economía mundial y las presiones inflacionarias del país. Economistas de 37 grupos de análisis y consultoría del sector privado y extranjero, consultados entre el 22 y el 28 de junio, esperan un crecimiento del PIB del país menor a 2 por ciento, de 1.98% (el mismo mediocre desempeño a lo largo de todo este sexenio) y una inflación de 6.02 por ciento en 2017, el doble de la meta del Banco de México. Para el 2018, esperan un crecimiento de 2.23 por ciento, con lo cual se cerrará otro ciclo sexenal ineficaz en materia económica para el país.
Por lo referente al tipo de cambio del peso frente al dólar estadounidense para los cierres de 2017 y 2018, las perspectivas disminuyeron con respecto al mes preferente. Anticipan que el dólar cierre este año en 18.74 pesos contra 19.53 de la encuesta de mayo, y en 2018, a 18.67 y no 19.39 previsto en un sondeo anterior. Expertos consultados por el banco central creen que la tasa de referencia puede terminar el año en 7.12 por ciento y el 2018 en 6.83 por ciento.
El deficiente manejo de la administración pública federal se evidencia incluso en los propios reportes oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por ejemplo, la información oficial revela: en un momento de desaceleración de la actividad económica, el gobierno federal contrajo en una quinta parte el gasto destinado a la inversión física los proyectos que generarían crecimiento a mediano y largo plazos, mientras se disparó el costo de la deuda pública. Entre enero y mayo pasados, el gasto en inversión física del sector público disminuyó a 231 mil 132..5 millones de pesos, cantidad que representó una contracción de 20.7 por ciento en comparación con el ejercido en el mismo periodo de 2016.
Para el financiamiento de obras de infraestructura, el presupuesto en los primeros cinco meses de 2017 fue una quinta parte menor al ejercido en similar periodo de 2016. Así, se evidenció que el gasto público no estaba contribuyendo al crecimiento. La disminución en el gasto de infraestructura está asociada a los recortes en el gasto público que realizó el gobierno en 2016 y 2017, en comparación con los años inmediatos anteriores, y que seguirá en 2018, como anticipó el titular de la SHCP, José Antonio Meade.
En cambio, la deuda pública sigue consumiendo cada vez mayores recursos del erario para costear los intereses, los cuales se han incrementado no sólo por el mayor nivel de los pasivos, sino también por la depreciación del peso –que elevó el costo en moneda nacional del servicio-, y por el alza en las tasas de interés de referencia por parte del Banco de México, lo cual impacta la denominación en moneda nacional. De enero a mayo de este año, el costo de pagar intereses a los acreedores del sector público mexicano fue de 143 mil 174.1 millones de pesos, cifra que representó un desembolso mayor en 34.4 por ciento del periodo comparable de 2016, cuando para liquidar intereses se destinaron 100 mil 995 millones de pesos.
Y ese problema está muy lejos de ser resuelto, pues al cierre de mayo pasado el saldo de la deuda del sector público federal, la cual incluye los pasivos contratados tanto en moneda nacional como extranjera, se situó en 9 billones 118 mil 486 millones de pesos. Esta cantidad es superior en 7.5 por ciento a la del mismo mes de 2016, cuando fue de 8 billones 475 mil 447 millones de pesos.
IRREGULARIDADES AL POR MAYOR
Sumado a lo anterior es preocupante el irresponsable manejo de los recursos por parte de una insaciable clase política en el poder. Tan sólo el año pasado, la Auditoría Superior de la Federación hizo observaciones al gasto de 25 mil 894.7 millones de pesos, tras verificar los programas federalizados operados por los gobiernos estatales. La ASF entregó a la Cámara de Diputados su primer informe parcial correspondiente a la cuenta pública 2016, el cual incluyó el resultado de 502 auditorías de las mil 836 que tiene programadas.
Un total de 19 mil 504 millones de pesos correspondieron a observaciones de “recuperaciones determinadas” –desviación de recursos, trasferencias de partidas irregulares o ejercicio del gasto ajenos a los objetivos del programa en cuestión-, y 6 mil 30 millones de pesos correspondientes a subejercicios de los gobiernos fiscalizados. Las irregularidades reportadas son recurrentes, aseguró el auditor Juan Manuel Portal, quien añadió se derivan de la “existencia de problemas estructurales en distintas instituciones y en diversos renglones del gasto que han sido señaladas por el organismo y deben asumir en ese carácter estructural”.
Entre 2009 y 2015, la ASF acumuló 799 denuncias penales (de hechos) y no pasa absolutamente nada. Además, se encuentra en proceso de presentar nuevas querellas sobre las cuentas públicas 2013, 2014 y 2015, pero aún no hay resultados por parte de la Procuraduría General de la República. Acerca del estado en que se encuentran los procedimientos por actos fuera de la ley, refirió: “Les voy a poner un ejemplo. Recuerden el caso Provida, lo denunciamos por ahí de 2005-2006 y apenas el año anterior fue consignado; entonces, se puede llevar años. Lo que hemos observado en la práctica es que la PGR requiere recursos, no son suficientes las agencias del Ministerio Público con las que cuenta”.
Si se revisa rubro por rubro, se evidencia el generalizado manejo irregular de la administración pública federal. Por ejemplo, en el ISSSTE dos empresas que fueron descalificadas por ese instituto, en 2015 ventilaron una serie de irregularidades y actos de corrupción en el otorgamiento de un contrato para realizar tareas de limpieza de oficina, de más de 600 millones de pesos. Fejatec y Ficto revelaron que el proceso de licitación LA-019GYN005-2015 fue amañado por personal de la institución, en presunta asociación con funcionarios de las secretarías del Trabajo y la Función Pública. Los litigios ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa siguen en curso.
Otro ejemplo lo tenemos en el sector educativo: el Programa Nacional de Inglés para el sistema educativo nacional, implementado al inicio del año pasado, fue sometido a revisión por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual halló anomalías en sus informes individuales de la cuenta pública 2016. “Se presume un posible daño o perjuicio, o ambos, a la hacienda pública por un monto de 594 millones 826 mil pesos, en virtud de que la dirección general de desarrollo curricular ministró recursos para el Programa Nacional de Inglés a 30 estados del país, proporcionando la aplicación de éstos únicamente mediante informes trimestrales, sin evidenciar el seguimiento en la aplicación de los recursos para garantizar que se utilizaron para fines del programa o, en su caso, el reintegro a la Tesorería de la Federación de los no ejercidos o comprobados al 31 de diciembre de 2016”.
Pese a lo anterior, no pasa absolutamente nada y el titular de la SEP, Aurelio Nuño, sigue en la recta de salida como aspirante a la candidatura presidencial del PRI. Lo único que se ha hecho es la promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias para que el órgano interno de control de la Secretaría de Educación Pública (SEP) realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las “irregularidades” de los servidores públicos que en su gestión no acreditaron haber implementado mecanismos de seguimiento, supervisión y evaluación de dicho programa.
DE LOS PASILLOS
Durante los primeros cinco meses del año, el valor de las importaciones de gasolinas de Petróleos Mexicanos (Pemex) se incrementó en 32 por ciento, en comparación con el mismo periodo del año anterior, con lo cual ascendió a 5,458 millones de dólares… El 64.5 por ciento de las gasolinas que se vendieron en el país fueron traídas del extranjero, proporción que se incrementó en 11 puntos porcentuales en un año, ya que de enero a mayo del 2016, fue de 53.5 por ciento…. La proporción de las importaciones en las ventas internas ha aumentado casi 30 puntos porcentuales en 10 años, ya que de enero a mayo del 2007, Pemex importaba sólo 37.6% de la gasolina que comercializaba.
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