Lilia Arellano.
“Todo poder es una conspiración permanente”: Honorato de Balzac
- Spotiza
- Tres candidatos, pero únicamente dos proyectos
- Propuesta económica de AMLO entusiasma: NYT
- México, imperio del crimen, sostienen alemanas
- Roo: playas en venta provocan molestia social
Ciudad de México, 12 de diciembre de 2017.- Con dos candidatos presidenciales de derecha (José Antonio Meade del PRI-PVEM y Ricardo Anaya del PAN-PRD-MC) y uno de centro-izquierda (Andrés Manuel López Obrador de Morena), inicia esta semana una verdadera avalancha mediática sobre los mexicanos, con 58.7 millones de promocionales, a fin de intentar manipular su intención del voto rumbo a las comicios del próximo año. Aunque hay tres candidatos fuertes, sólo hay en disputa dos proyectos: la derecha gobernante del país en las últimas tres décadas, y el centro-izquierdismo propuesto por López Obrador para cambiar el actual modelo económico-político imperante desde el gobierno de Miguel de la Madrid.
El modelo de la derecha se ha resentido en México a la largo de este siglo. El de centro-izquierda, enarbolado por Andrés Manuel López Obrador, entusiasma y se constituye en una opción viable de cambio, como lo admite el influyente diario estadounidense The New York Times. En un artículo titulado “AMLO, cerca de Lula y lejos de Chávez”, destaca: el político tabasqueño, “como ningún otro, ha logrado encauzar el entusiasmo de los electores que tienen la esperanza de que algo pueda cambiar”.
El artículo destaca: “López Obrador fue caricaturizado como el gemelo de Hugo Chávez, hoy es difícil sostener esos argumentos presentes en sectores acomodados de México. AMLO no tiene un programa de nacionalizaciones ni expropiaciones, tampoco un discurso antiimiperialista o anticapitalista”. Y recuerda: cuando AMLO gobernó la Ciudad de México de 2000 a 2005, éste se portó como un jefe de gobierno moderno y liberal en lo económico: fomentó el capital privado a través de ambiciosos proyectos de inversión pública y privada, tanto nacional como extranjera; promovió desarrollos inmobiliarios, industrias y centros comerciales.
Subrayó: algunos empresarios que trataron con él lo recuerdan como un político “honesto” y un administrador “eficiente”. “Más allá de apelar al pueblo en sus discursos, desconfiar de las instituciones existentes y declararse enemigo del sistema político vigente, como Chávez, AMLO nunca ha prometido una agenta que el sector financiero nacional e internacional pueda tildar de irresponsable”. También resalta: López Obrador jamás elevó el gasto público sin control para ganarse el favor popular. Al contrario, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas de la capital, bajó el monto de la deuda en términos reales; incrementó la recaudación con medidas de combate a la corrupción y promovió una política de austeridad en el gasto del gobierno que permitió grandes ahorros.
La gestión de AMLO en la Ciudad de México fue bien recibida por el sector financiero internacional, destaca The New York Times. Calificadoras de riesgo como Moody´s y Standar and Poor´s le otorgaron a la deuda de la ciudad la nota más alta. En 2005, esta última calificadora consideró que si López Obrador triunfara en la elección presidencial del 2006 no incidiría en la calificación crediticia de México y desestimaba tuviera un parecido con Chávez. Desde la primera vez que se postuló como candidato presidencial, AMLO se comprometió con un equilibrio fiscal basado en una estricta disciplina financiera. La agenda en política económica de López Obrador “es muy ortodoxa”, pues propone una reforma al gasto público y un combate decidido contra la corrupción, señala Mario Delgado, un economista cercano al político, quien resalta: “a AMLO no le gusta endeudarse”.
Cuando compitió con Enrique Peña Nieto, el programa del proyecto político de AMLO planteaba: “cambiar el modelo económico que produce pocos ricos muy ricos y muchos cada vez más pobres”. Criticaba de forma categórica al neoliberalismo y al Consenso de Washington; condenaba la subordinación a las políticas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional; reprochaba el desmantelamiento del Estado y la política social, la liberalización comercial, la desregulación, las privatizaciones y las políticas monetarias restrictivas.
NYT considera: “lejos de parecerse a Hugo Chávez, o a Nicolás Maduro, algunos equiparan a AMLO al ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, como lo señalaba en marzo de este año un reporte de Scotiabank (que también veía un parecido con el uruguayo José Mújica). Se observa la forma en la que el discurso de Lula evolucionó en sus cuatro intentos por llegar a la Presidencia, las similitudes con AMLO son insoslayables, incluido el conocido “Lulita paz y amor” de 2001, que recuerda a la programación de la “República amorosa” de López Obrador”.
Para AMLO y Morena, la raíz de todos los males está en la corrupción política y el derroche gubernamental, por lo cual en su agenda económica se plantea reducir el gasto corriente a través de veinte medidas de ahorro y el compromiso de no aumentar ni crear nuevos impuestos, menciona NYT. “Cómo el ex presidente brasileño, AMLO se ha acercado crecientemente al sector empresarial a través de una red cada vez más amplia de alianzas. Entre sus apoyos más cercanos está Alfonso Romo, del Grupo Monterrey, uno de los más importantes del país, a quien López Obrador encomendó coordinar el Proyecto Alternativo de Nación”, indica el diario estadounidense.
DERECHA ENTRONIZÓ CRIMEN ORGANIZADO
A la fecha, los gobiernos derechistas quienes han gobernado a México este siglo han logrado entronizar el imperio del crimen organizado. Desde socios comerciales tan importantes como Alemania –quien ha invertido más de 52 mil millones de euros en nuestro país- diversas agrupaciones cuestionan como las fuerzas de la ley están infiltradas por el crimen organizado, las cuales muchas veces actúan sólo a favor de los intereses de políticos corruptos. “La respuesta del Estado ha sido insuficiente y la Presidencia cultiva un aire de optimismo enfocado en la inversión extranjera y el desarrollo económico”, destacan las organizaciones no gubernamentales De Baile y el Club Interbellum, de esa nación europea.
Esas dos ONG consideran a México un país “con dos caras” y cuestionan si pueden hacer negocios solamente con la “tierra de las oportunidades”, mientras se ignora a la “tierra de la desigualdad”. “México vive una epidemia de desapariciones forzadas”, un estimado de 27 mil personas han desaparecido y más de 100 mil han muerto, aseguran mediante un comunicado de prensa del foro “La conexión mexicana #2, llegando a la masa crítica”, la cual se realizará el 21 de mayo de 2018.
“¿Qué oportunidades y retos surgen cuando se invierte en un país con un estado de derecho disfuncional?” cuestionan. Para responder a esta interrogante organizaron una serie de debates, entrevistas y proyecciones en las cuales participarán Edgardo Buscaglia y Lorenzo Meyer, quienes integrarán una mesa redonda junto con Sigmar Gabriel, ministro de relaciones exteriores alemán, y Benjamin Cokelet de la asociación Poder, entre otros, en la cual darán sus puntos de vista en la correlación entre derechos humanos y los intereses económicos.
TORMENTA DE ANUNCIOS
Desde este jueves arranca la difusión de casi 59 millones de promocionales bajo un modelo de comunicación política el cual ya cumple10 años de vigencia. La saturación de la ciudadanía por la inmensa cantidad de mensajes político-partidistas y el acceso de los partidos a radio y televisión va enfocado a impactar el ánimo de los electores expuestos además a 497 mil 760 horas de transmisiones del Instituto Nacional Electoral (INE).
La propaganda política crece exponencialmente en el país y el costo de las campañas sigue incrementándose. Diversos estudios estiman en 700 mil los promocionales comprados por los partidos en 2006, sólo para el periodo de campañas políticas para ese proceso. Los partidos destinaron entre 70 y 90 por ciento de sus gastos a la compra de espacios. Ahora tendrán acceso a 41 millones desde la precampaña, la intercampaña (ambas no reguladas aún en 2006) y la campaña política. Este modelo operará por cuarta ocasión en un proceso electoral, lapso en el cual pasó de difundirse 32.1 millones de mensajes en 2009 –cuando entró en vigor en medio de la reticencia de concesionarios- a 59.1 millones, con un alto cumplimiento en la pauta.
Sin embargo, el bombardeo de promocionales en busca del voto sólo ha reforzado el rechazo social a la política y la mala imagen de partidos y candidatos. De nueva cuenta, señalan los especialistas, se verá un formato el cual no permitirá diferenciar la oferta de cada candidato, pues en el fondo “hay una sociedad molesta con los partidos, con la política en general, con los resultados no alcanzados por la democracia”.
Además, hay un factor cada vez más importante en los procesos electorales, el cual no ha sido considerado en la legislación electoral: las redes sociales, las cuales como forma de comunicación política rebasa el esquema que concibe a los medios electrónicos como un factor central en las estrategias –como sucedía en 2006-. Es claro, los medios ya no son la principal fuente de información política de la ciudadanía.
PLAYAS EN VENTA
Tras la aprobación del Congreso, en abril 2013, con el impulso del PRI y PAN, para que empresas foráneas puedan comprar terrenos en costas y litorales del país, las playas de los mexicanos han sido privatizadas. Destaca en Cancún, Quintana Roo, el caso de la playa pública Delfines, la cual fue vendida a la empresa Villas Solaris quien inició la construcción de dos clubes privados. Esto provocó una gran inconformidad social la cual se expresó en manifestaciones públicas y la presentación de recursos legales para detener ese despojo de una playa pública a los quintanarroenses, quienes se oponen a la obra pues perjudica el paisaje de la última ventana al mar restante a la zona turística de este centro vacacional.
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) vendió a Villas Solaris parte de la playa pública Delfines, donde con una inversión de 90 millones de dólares inició la construcción de un hotel de 13 pisos con 450 habitaciones en esa zona turística, lo cual generó un gran descontento pues se trata de un santuario para la reproducción de tortugas de las especies Blanca, Laúd, Caguama y Carey, y para las aves de la especie Pluvialis, mejor conocidos como chorlitos. El anuncio de la construcción del hotel Grand Solaris Cancún se hizo a mediados de este año. La adquisición de cinco hectáreas de terreno de la playa pública se realizó en el 2005, durante la administración del gobernador Félix González Canto, donde la parte vendedora fue el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), entonces encabezado por John McCarthy. En la gestión de Roberto Borge se otorgaron todos los permisos locales de revisión al impacto ambiental y para la construcción del desarrollo turístico. Entre la población se registra un gran número de dudas sobre la legalidad de esta transacción.
Ambientalistas iniciaron una petición en la plataforma change.org para pedir a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) frene el proyecto Grand Solaris Cancún, además de adelantar recurrirán al amparo en caso necesario. El sector empresarial demanda se revise la capacidad de la infraestructura urbana de la zona para no sobrecargar la demanda de servicios. Además, el grupo Guardianes del Manglar Cancún presentó formalmente la semana pasada una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), bajo el número FED/QR/CUN/0001224/2017, en contra de quien resulte responsable por haber causado daño a la duna costera con la colocación de estructuras metálicas para ganarle terrenos al mar. Esta denuncia se suma a la interpuesta un día antes por correo electrónico y físicamente ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por el mismo motivo. Personal de la Profepa inspeccionó el área junto con elementos de la PGR y la Dirección Municipal de Ecología.
A finales del mes pasado, el gobierno municipal de Cancún ordenó la suspensión provisional de los trabajos de construcción del hotel Gran Solaris. La decisión obedeció al recurso de revisión, con número MBJ-RR0170/2017, presentado el 27 de noviembre por los regidores Antonio Meckeler Aguilera y Roger Sánchez Nanguse, en contra de diversas autorizaciones expedidas por la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano de Benito Juárez, a favor de “Villas Solaris”, para la construcción de un hotel de 450 cuartos, con 16 niveles, una planta baja y dos sótanos, en un predio de 18 mil 844 metros cuadrados. Entre esas destaca la licencia de construcción 72296, con folio 1650, expedida el 19 de junio pasado; la constancia de uso del suelo SMEYDU/DUDU/DPU/CUS/0019/2017, fechada el 11 de enero de este año, la cual sirvió como base para expedir la licencia de construcción.
También fue señalada la probable omisión de la Dirección de Catastro para dejar sin efecto el oficio DCM/411, del 3 de febrero de 2005, en el cual se protocolizó la aprobación del Cabildo, presuntamente ilegal –en 2014- para fusionar tres predios con distintos usos de suelo, los cuales conformaron posteriormente el Lote 52-01 de 18 mil 844 metros cuadrados en donde se pretende construir el centro de hospedaje. El 28 de noviembre se admitió el recurso de revisión y se determinó declarar la suspensión provisional de la obra, en tanto se resuelve sobre la legitimidad y legalidad de procesos y permisos. La suspensión de la obra no implica la clausura del proyecto.
La audiencia para el desahogo de pruebas se fechó para el 13 de diciembre próximo, la cual debe seguirse con gran atención y cuidado.
DE LOS PASILLOS
Con los gobernadores José Rosas Aispuro, de Durango, Héctor Astudillo, de Guerrero, José Ignacio Peralta, de Colima, Marco Mena, de Tlaxcala, Francisco Domínguez, de Querétaro, Aristóteles Sandoval, de Jalisco, y Juan Carreras, de San Luis Potosí, los senadores de las comisiones de Gobernación, de Marina, de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos Segunda, quienes dictaminarán la Ley de Seguridad Interior analizaron este tema, cuestionado por organismos nacionales e internacionales, los cuales se manifestaron contra dicha legislación por considerar provocaría más violaciones a los derechos humanos y no ayudaría a cambiar el enfoque de seguridad el cual se ha empleado por más de 10 años. En el encuentro participaron la priísta Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, y el presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero, y la presidente de la Junta de Coordinación Política, Ana Lilia Herrera.
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