Lilia Arellano.
“El poder sin el abuso pierde su encanto”: Paul Ambroise Valéry
- SFP farsante
- Investigaciones de Odebrecht cercan a Peña Nieto
- Resaltan las omisiones de Arely Gómez en el caso
- Armadura de impunidad en torno a Emilio Lozoya
- Presidentes y vicepresidentes de AL son juzgados
- Pese a todo, el Congreso avala militarizar a México
- Piden a Peña Nieto vetar Ley de Seguridad Interior
- Roo: depredación natural con nueva inmobiliaria
Ciudad de México, 18 de diciembre de 2017.- La impunidad ha imperado en México en el mayor caso de corrupción internacional en la historia generado por la constructora Odebrecht. Arely Gómez, titular de la Secretaría de la Función Pública, presumió: nuestro país es el primero de América Latina en sancionar a una empresa del consorcio brasileño. Pero la funcionaria omitió señalar también es la única nación en la cual ningún alto funcionario ha sido castigado hasta ahora por la red de corrupción tejida por el corporativo desde que el ahora presidente, Enrique Peña Nieto, estaba en campaña, como paso a paso se va comprobando. El colmo es: Pemex es obligado a pagar, por un contrato leonino, hasta 300 millones de dólares anuales a Braskem, una filial de Odebrecht, además de renunciar a defenderse legalmente.
La PGR investiga un contrato firmado en febrero de 2010 con Pemex GyPB, y el consorcio integrado por Braskem y la mexicana Iedesa, para abastecer con 66 mil barriles diarios etano a la planta Etileno XXI, construida en Coatzacoalcos. Se indaga si se obtuvo mediante sobornos y presiones. Asimismo, se investiga también la fórmula para definir el precio del etano y las cláusulas de penalización a Pemex que podrían representar un daño a sus finanzas pues, según el convenio, Pemex pagará el 200 por ciento de su precio el volumen del gas etano que no pueda suministrarse. Dicho contrato obliga a Pemex a indemnizar hasta con 300 millones de dólares anuales por incumplir con el abastecimiento para Braskem-Idesa y renuncia a defenderse legalmente.
De acuerdo con Gómez, la SFP concluyó los primeros dos procedimientos administrativos iniciados, lo cual derivó en una circular dirigida a todas las dependencias de la administración pública proscribiendo cualquier contrato con la empresa Constructora Norberto Odebrecht. Tres más se encuentran detenidos porque un juez concedió una suspensión definitiva y tres más están aún en proceso. Los procesos administrativos pendientes serían acumulables a la sanción aplicada en los ya concluidos. También recordó en días pasados se impuso una multa de 119 millones de pesos a un funcionario de Petróleos Mexicanos ligado a la operación de los contratos de Odebrecht en refinerías ubicadas en Hidalgo. ¿Y todos los demás integrantes de la red de corrupción?
A diferencia de lo ocurrido en otros países de Latinoamérica donde altos funcionario y ex funcionarios han sido arrestados por la supuesta recepción de sobornos de Odebrecht, en México no se ha llevado al banquillo de los acusados a ningún servidor o ex servidor público, a pesar de que investigaciones judiciales en el extranjero, reportajes periodísticos, con videos y testimoniales, dan cuenta de que la firma brasileña dio dinero a cambio de millonarios contratos. El caso más documentado es el que lleva directamente al ex director de Pemex, Emilio Lozoya.
Como se sabe, el Poder Judicial de la Federación en México notificó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que por ahora no podrá emitir las sanciones administrativas que tenía listas contra la empresa brasileña Odebrecht y sus filiales en México, porque ésta ganó un amparo definitivo para tal propósito. Este amparo es independiente de la vía penal que dejó lista el ex procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade.
La PGR reveló investiga un contrato millonario firmado por ex funcionarios para favorecer a la petroquímica Braskem, filial de la brasileña envuelta en el escándalo de soborno. Se indaga la participación de funcionarios del gobierno de Felipe Calderón en un millonario convenio para, presuntamente, beneficiar a Braskem. Estos funcionarios son: Jordi Herrera Flores, ex director de Pemex Gas y Petroquímica Básica, Ian Malo Bolivar, su entonces coordinador de asesores, y el ex director de Pemex, Juan José Suárez Coppel.
ODEBRECHT IMPACTA AMÉRICA LATINA
El caso Odebrecht ya provocó la caída y encarcelamiento de presidentes y vicepresidentes latinoamericanos y otros políticos poderosos de la región y es un capítulo político-judicial abierto en México y puede generar funestas consecuencias para el presidente Enrique Peña Nieto, cuyo gobierno ha hecho todo lo posible por proteger a Emilio Lozoya, su ex coordinador en la campaña presidencial y posterior director de Pemex, a quien se le acusa de recibir más de 10 millones de dólares de sobornos de esa empresa, delito ya comprobado por las autoridades brasileñas.
El último afectado en este “efecto domino” de caídas de mandatarios latinoamericanos es el presidente de Perú., Pedro Pablo Kuczynski. El Congreso peruano aceptó este viernes iniciar un proceso de destitución contra él, horas después de que el mandatario anunció no renunciará en medio de un escándalo por haber recibido cientos de miles de dólares de la firma brasileña Odebrecht. Con 27 firmas en total de 130 legisladores del Congreso unicameral peruano, dominado por la Oposición, se solicitó iniciar el procedimiento para cesar de su cargo al presidente por permanente incapacidad moral, conforme a lo dispuesto por la Constitución. De acuerdo a la ley, en la siguiente sesión parlamentaria al menos 52 legisladores debe rubricar la admisión del pedido de juicio político y luego el pleno del Parlamento debe acordar el día en el cual se votará el pedido para sacar a Kuczynski del poder, casi una semana después.
La presión, en México, de la gestión del actual ocupante de Los Pinos, es brutal para proteger a Emilio Lozoya y va desde la Procuraduría General de la República, el Poder Judicial y el Congreso de la Unión hasta el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI). A toda costa se ha ocultado la información de la compra que hizo Pemex de una planta chatarra durante su gestión. En 2013, la petrolera Mexicana compró en 275 millones de dólares la planta Agro Nitrogenados. Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la adquisición hubo un sobrecosto de 93.1 millones de dólares y el 60 por ciento del complejo era chatarra. El INAI consideró reservar la información sobre este descomunal desfalco a Pemex, buscando a todo costa la impunidad y la protección de la red de corrupción de Lozoya. Sin duda alguna, detrás de esta acción se encuentra la intención del gobierno federal de proteger a Lozoya, acusado de haber recibido 10 millones de dólares de sobornos de la brasileña Odebrecht.
Los sobornos pagados a políticos mexicanos involucra operaciones en por lo menos 10 país, de acuerdo al expediente integrado por el Ministerio Público (MP) de Brasil. De acuerdo al esquema financiero al que recurrió Odebrecht, los recursos destinados a sobornar salían originalmente de Brasil a cuentas bancarias que esa compañía tenía en Suiza, Andorra y Austria. El dinero se transfería, en un segundo nivel, a favor de cuatro empresas offshore ubicadas en al isla de Antigua, en Panamá y en Escocia, manejadas todas por Olivio Rodrigues Júnior, principal operador de Odebrecht en el extranjero y quien utilizaba el alias “Gigolino” para ordenar los pagos. A través de esas cuatro empresas: Innovation Research Engineering and Development, Klienfeld Services, Constructora Internacional del Sur y Grangemouth, se realizaban las transferencias de los sobornos principalmente desde bancos de Antigua y Panamá.
Precisamente Oliver Rodríguez Júnior fue identificado por el Ministerio Público de Brasil como el responsable de transferir sobornos millonarios a cuentas ligadas a Emilio Lozoya y una compañía fachada en Veracruz. De acuerdo a un expediente al cual tuvo acceso Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Rodrigues transfirió más de 4 millones de dólares entre abril y noviembre de 2012 a las cuentas vinculadas al coordinador de vinculación internacional del entonces candidato del PRI, Enrique Peña. Un año después, cuando Lozoya ya era director de Pemex, “Gigolino” usó una empresa creada en marzo de ese año en Edimburgo, Escocia, como intermediaria para hacer traspasos a Zecpan y Latin America Asia Capital Holding, ambas ligadas a funcionario.
Entre diciembre de 2013 y marzo de 2014, Odebrecht cubrió, en cinco órdenes de pago, 5 millones de dólares como soborno por una obra de Pemex en Tula, según los delatores en Brasil. En años previos, los cuales coincidieron con elecciones, dos empresas offshore de Rodrigues transfirieron otros 6 millones de dólares a una compañía fachada de Veracruz, según la investigación. Luiz Antonio Mameri, quien era el responsable de autorizar los pagos en los distintos países de América Latina donde se han revelado casos de corrupción, señala en videos obtenidos por el colectivo Quinto Elemento Lab, las fechas y los montos que presuntamente había pedido Lozoya. A un juez, el funcionario explica: entre marzo y abril de 2012, “el director superintendente de México, Luis Meneses Wayll, me dijo que había arreglado con Emilio Lozoya un pago por un valor de 4 millones de dólares en contrapartida a las acciones realizadas por Emilio Lozoya en el sentido de apoyar a la compañía en las operaciones en México, facilitando de forma general una aproximación con el empresariado local”.
Las receptoras de los sobornos eran cuentas que los beneficiarios finales tenían en instituciones financieras en Mónaco, Liechtenstein, Suiza, Estados Unidos y México, de acuerdo a documentos recopilaos por el MP brasileño. Entre el 3 y 9 de junio de 2009, un mes antes de la elección federal de aquel año, una empresa offshore de Odebrecht en Panamá transfirió de una cuenta del Credicorp Bank de aquella misma nación 2 millones 358 mil dólares a la compañía “fantasma” Bluderbuss de Veracruz, con la intermediación del Bank of New York y Banorte. Al año siguiente, las transferencias oscuras de Odebrecht a México superaron los 3 millones 657 mil dólares a la misma empresa “fantasma” de Veracruz y a otro destinatario que no ha sido identificado en el estado de Michoacán, donde la empresa brasileña construyó una presa al doble de su valor inicial. Estas operaciones involucraron el Meinl Bank de Antigua, Credicorp de Panamá y los bancos Monex y Banorte México.
Aunque en 2011 las transferencias se frenaron, pues en lo documentos revisados por MCCI sólo se detectó una operación por 480 mil dólares en febrero al estado de Veracruz, en 2012 la actividad reinició con fuerza cuando transcurrían los primeros días de la campaña presidencial. De la cuenta de una compañía offshore afincada en Antigua se realizaron entre abril y junio de 2012 ocho transferencias por 3 millones 150 mil dólares a la empresa Latin American Asia Capital Hollding, con la intermediación del Meinl Bank de Antigua, Gonet y Cie y Credit Suisse de Suiza y The Bank of New York Mellon de Estados Unidos. Según los ex directivos de Odebrecht quienes se volvieron delatores ante la justicia brasileña, Latin America Asia Capital Holding es una empresa “de gaveta” creada en las Islas Vírgenes Británicas, ligada a Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex.
Otra empresa también ligada por los delatores a Lozoya, de nombre Zecapan SA, con domicilio en las Islas Vírgenes, recibió en noviembre de 2012 tres depósitos por 951 mil 406 dólares en operaciones en las que intervinieron el Neue Bank AG del Principiado de Liechtenstein y el Meinl Bank de Antigua. Para las transacciones se utilizó esta vez a la compañía offshore Klienfeld Services, de Antigua, que también manejaba Olivio Rodrigues “Gigolino” para las operaciones de Odebrecht. Ya con Lozoya al frente de Pemex, Zecapan SA recibió entre diciembre de 2013 y marzo de 2014 otras cinco transferencias por 5 millones de dólares, pero ahora a través de la empresa Grangemouth Trading Company LP, la cual había sido creada apenas el 15 de marzo de 2013 en Edimburgo, Escocia, con un capital de sólo mil dólares.
Mientras en diversos países de América Latina el caso de corrupción de Odebrecht ha cimbrado las más altas esferas del poder, en México se le ha cubierto de una gruesa capa de impunidad. Hasta ahora sólo se ha llegado a inhabilitar por cuatro años a una filial de esa compañía brasileña. Por ocasionar daños a Pemex por más de 119 millones de pesos en las obras de acondicionamiento de tierras en al refinería de Tula, Hidalgo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 4 años a la Constructora Norberto Odebrecht para recibir contratos de la administración pública federal. La filial Odebrecht S. A. incumplió con sus obligaciones contractuales al no haber respetado los costos indirectos primeramente pactados en el contrato PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14 por causas imputables a ella. Como consecuencia, causó daños a Pemex Refinación por la cantidad de 119 millones 747 mil 603 pesos con 61 centavos.
Otros siete procedimientos administrativos sancionatorios contra filiales de Odebrecht están pendientes en la Secretaría de la Función Pública, uno de ellos por 2.5 millones de pesos en la ejecución de otro de los contratos de obra en la Refinería Miguel Hidalgo. Y la PGR tiene bloqueada la investigación de los presuntos sobornos de 10.5 millones de dólares a Emilio Lozoya. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales lleva su propia indagatoria por las supuestas aportaciones de la constructora a la campaña del PRI en el 2012.
El escándalo de corrupción en el cual está involucrada la constructora brasileña Odebrecht puso a temblar a los políticos más importantes de América Latina. El caso pegó primero en Brasil al más alto nivel. El actual presidente, Michel Temer, así como Dilma Rousseff y Luiz Inácio da Silva, sus antecesores en el cargo, se vieron implicados. En Perú, Colombia, Panamá, El Salvador, Argentina y Ecuador, también se han visto implicados, juzgados y sentenciados políticos de primer nivel, incluidos los mandatarios, mientras en México se ha ejecutado una amplia operación que abarca los tres poderes para proteger y dar impunidad al presidente Enrique Peña Nieto y sus allegados involucrados.
PIDEN A EPN VETAR LEY DE SEGURIDAD INTERIOR
El colectivo #SeguridadSinGuerra sugirió al presidente Enrique Peña Nieto vetar la Ley de Seguridad Interior aprobada, a la cual se opusieron la ONU, organismos de derechos humanos, universidades y grupos de víctimas. Le pidieron emplear su facultad de veto en congruencia al llamado que hizo la semana pasada, durante la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, para abrir el debate sobre la legislación. El colectivo advirtió: de decretarse la ley, seguirán una serie de acciones para evitar su entrada en vigor.
Puede impulsarse una acción de inconstitucionalidad desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), lo cual llevaría al análisis de la norma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). También las minorías legislativas, municipios y gobernadores podrían impulsar las controversias constitucionales. Pese a la imposición de la legislación, se ha generado una consciencia social sobre la importancia de debatir el esquema de seguridad en el país.
Las organizaciones lamentaron que los legisladores desoyeran a la sociedad civil, pese a las múltiples advertencias sobre la falta de controles y contrapesos en la operación de las fuerzas armadas. Esa ley tampoco establece plazos definidos sobre la participación de las fuerzas armadas, lo cual incentiva que los estados y municipios no fortalezcan a sus policías.
Fueron el PES y el PAN quienes le dieron al PRI en la Cámara baja los votos necesarios para aprobar, sin discusión y en menos de una hora, la Ley de Seguridad Interior, la cual regulará la intervención de las Fuerzas Armadas en tarea de seguridad pública en el país. Con 262 votos a favor, 25 en contra y cero abstenciones, fue aprobada en el Palacio Legislativo de San Lázaro. De inmediato fue enviada al Presidente de la República a fin de que ésta entre en vigor cuando sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. Ante la ausencia del PRD, los únicos 25 votos en contra de la minuta fueron de algunos diputados de Morena y Movimiento Ciudadano, bancadas que argumentaron en contra de militarizar al país…
La aprobación de la nueva Ley de Seguridad Interior fue calificada de “lamentable” por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “No creemos que sea un paso positivo”, señaló Elisabeth Throssell, portavoz de ONU-DH, quien dijo “el país debería centrarse en reforzar la Policía nacional y no convertir a las Fuerzas Armadas en una parte fundamental de la seguridad interna”. Varios grupos de derechos humanos de la ONU, así como diversos relatores especiales han criticado la ley por el peligro existente de que incremente las violaciones a los derechos humanos en México.
FRENTE FRÍO PENINSULAR
La noche del jueves empezó a escribirse una nueva etapa para Yucatán y también para Quintana Roo. En la cuna del henequén dio inició la jornada con la cual el pueblo yucateco habrá de decidir quién será su próximo gobernador. En tierras quintanarroenses dan entrada a una nueva inmobiliaria, considerando a la venta de tierras como una actividad prioritaria aún y cuando estas acciones han depredado manglares, selvas, arrecifes. Tomó forma la nueva agencia de proyectos estratégicos del estado de Quintana Roo cuyo marco legal, a diferencia del desaparecido Ipae, no se encuentra debidamente sustentado. Aunado a ello, el principal responsable no dio notificación alguna en tiempo y forma sobre el proceso de inhabilitación que le iniciara el ayuntamiento Benito Juárez desde el anterior sexenio. Eduardo Ortiz Jaso además de fungir como director general es también el secretario técnico de un consejo en donde prevalece el chile, el dulce y la manteca.
Según revelaciones hechas por empresarios desde siempre interesados en la adquisición de terrenos, Ortiz Jaso tuvo varias reuniones para iniciar las operaciones de compra-venta, las cuales no fueron concretadas principalmente por carecer la agencia del marco legal correspondiente porque, por si no se han dado cuenta, se trata del patrimonio estatal, de la enajenación de terrenos que causaron denuncias penales, tanto en contra del ex mandatario Roberto Borge como de una serie de ex funcionarios que se vieron beneficiados. Veinticuatro horas después de ser nombrado, el titular de esta agencia recibió de la Sala Constitucional de Justicia Administrativa la nulidad de su inhabilitación, misma que fue impuesta desde el 2014 por la Contraloría de Benito Juárez. Cabe resaltar que este flamante agente de ventas de las tierras de los quintanarroenses estuvo a cargo del instituto municipal de Planeación durante prácticamente tres trienios, caracterizado este tiempo por un mayor desbarajuste en el renglón a su cargo.
El gobernador del estado preside el consejo conformado para, supuestamente, estudiar y dar el visto bueno a las operaciones asignadas. Con un anuncio de esta naturaleza concluye el 2017 el gobierno de Carlos Joaquín, caracterizado durante los 15 meses de ejercicio por resaltar desvíos y abusos de su antecesor y los de su gabinete pero no por poner en marcha el cambio demandado por los ciudadanos y ofrecido durante la etapa de campaña.
Como ya se sabía, los escándalos de corrupción en Quintana Roo apuntaron a la complicidad de funcionarios de Yucatán, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. El alcalde de Villahermosa, Gerardo Gaudiano Robirosa, deberá comparecer ante la PGR en donde la SEIDO le demanda aclarar el origen de una fortuna calculada en mil millones de pesos la cual, aseguran, consiguió como prestanombre de Roberto Borge. De extenderse las investigaciones llegarían a tocar a mujeres conocidas y famosas, incluyendo a su esposa, militantes y beneficiadas en el Partido Verde Ecologista.
Otra de las informaciones con las cuales se sacudió el ámbito político quintanarroense es la orden de aprehensión girada en contra de Fabián Vallado, operador pero fundamentalmente amigo leal del ex gobernador Borge Angulo, quien podría llegar al país en cumplimiento del tratado de extradición vigente entre Panamá y México en el transcurso de los próximos 30 días.
Faltará confirmar si, como se afirmó hace unos días, Julián Ricalde y Juan Melquiades Vergara abandonarán el gabinete para participar como candidatos al Congreso federal, objetivo que, de lograrse, permitirá que extiendan daños y perjuicios causados en Quintana Roo a todo el país. Tal vez en algún momento del próximo año se tengan muestras claras de la rendición de cuentas, de la transparencia, se aclare el destino de los impuestos hoteleros y se sepa dónde quedaron 445 millones de pesos para obra pública asignados al alcalde benitojuarense Remberto Estrada Barba.
DE LOS PASILLOS
De última hora, el Senado de la República aprobó el nombramiento de Héctor Marcos Díaz Santana como nuevo titular de la Fepade, con 92 votos a favor, 7 en contra y cuatro votos nulos. Díaz Santana fue coordinador de asesores durante la gestión de María de los Ángeles Fromow al frente de esa fiscalía. Desahogada la votación, el presidente del Senado, Ernesto Cordero, le tomó la protesta al nuevo funcionario. En el último minuto a Porte Petit le arrancaron de las manos el nombramiento y, según la senadora Layda Sansores, de nueva cuenta presentaron una mascarada en tan importante elección al entregarles 20 horas después de decidida las papeletas a llenar para el expediente…
La Cámara alta aprobó la eliminación del “pase automático” que facilitaba el tránsito del Procurador General de la República en turno a la Fiscalía General, con 73 votos a favor, 4 en contra y 13 abstenciones. La designación del Fiscal General deberá procesarse a partir de febrero próximo con la conformación de diez propuestas que serán puestas a consideración del Presidente de la República, quien luego remitirá al Senado un paquete con tres nombres que discutirá el Pleno…
Llegó el tiempo de darnos un espacio e intentar nutrir el espíritu. Si nos lo permite estaremos con ustedes de nuevo en las primeras dos semanas del 2018, año que esperamos, sea a partir del proceso electoral más importante en la historia de México, marque el rumbo distinto que requiere el país para salir de la fosa en la que nos han hundido y enderezar tanto desmadre. ¡Felices fiestas!
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