Lilia Arellano.
“Es la hora de la democracia en México; es la hora de hacer de la buena aplicación de la justicia el gran instrumento para combatir el cacicazgo, para combatir los templos de poder y el abandono de nuestras comunidades”: Luis Donaldo Colosio
- México: prensa bajo asedio
- Siglo XXI: al menos 124 periodistas asesinados
- Más de 20 desaparecidos y 50 ataques a medios
- Prevalece imperio de impunidad con Peña Nieto
- Mortíferos: Veracruz, Chihuahua y Tamaulipas
- Escándalo internacional agresiones a la prensa
- Roo: utopía de cambio con el nuevo gobierno
Ciudad de México, 4 de mayo de 2017.- Garantizar la libertad de expresión en México es otra de las asignaturas no aprobadas del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. El imperio de la impunidad prevalece en materia de delitos contra la libertad de expresión y no existe ninguna garantía para proteger la labor de los periodistas en las entidades de la República durante el resto del sexenio. En este siglo han sido ejecutados al menos 124 periodistas y trabajadores de medios de comunicación en territorio mexicano, además de dos decenas de desaparecidos. Se tiene el registro de al menos medio centenar de atentados contra instalaciones de empresas de comunicación. El cimiento de una democracia sólida es su prensa libre… y México no lo tiene.
Sin esclarecer aparece el 99.7 por ciento de los casos de agresiones contra periodistas. Los responsables de la aplicación de la justicia en estos casos no cumplen con su función. En esta gestión federal suman más de tres decenas los asesinatos de periodistas; el año pasado se perpetraron 11 homicidios en el gremio de la prensa y en este ya se acumulan cuatro ejecuciones de periodistas. Contra lo que se pudiera pensar, el crimen organizado no es el principal perpetrador de las agresiones contra la prensa, sino las propias autoridades.
El Día Internacional de la Libertad de Expresión fue un día de luto para los trabajadores de los medios de comunicación. De acuerdo el reporte 2016 de la organización Artículo 19, se atribuye a funcionarios públicos 226 de los ataques a los periodistas y los medios de comunicación. En 83 casos no hay elementos suficientes para determinar alguna responsabilidad, en 69 se identifica al atacante como “un particular” y en 17 se trata de la delincuencia. En cuanto al nivel de gobierno de los presuntos perpetradores 91 son del ámbito estatal, 79 del municipal y 56 del federal.
Los medios digitales (incluidas redes sociales) son el blanco mayoritario de los ataques, con 189 agresiones; los medios impresos acumulan 103. Los medios más atacados son: El Piñero de la Cuenca, con 15 agresiones el año pasado; Aristegui Noticias, 12; Reforma, 11; La Jornada, 10; y Proceso 7. Corresponsales y reporteros son quienes se llevan la peor parte con 199 agresiones, le siguen fotorreporteros con 56 ataques.
Recorridos más de dos tercios de la administración del actual inquilino de Los Pinos hay un legado de impunidad endémica y no hay señales de que las cosas cambien en el último tercio de esta administración. Existe una total indolencia en los funcionarios federales encargados de la investigación de los casos de violencia contra periodistas y la aplicación de la justicia es prácticamente inexistente contra los perpetradores de delitos en perjuicio de quienes ejercen la libertad de expresión, pese al ambiente hostil prevaleciente.
En los últimos meses ha quedado en evidencia el padrón de conducta de quienes presuntamente tienen la responsabilidad de aplicar la justicia en estos casos. Las Fiscalías y Procuradurías primero desacreditan a las víctimas, desligan los móviles del crimen de su actividad periodística y protegen a los políticos involucrados.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión no cuenta con autoridad suficiente ni recursos económicos y materiales para cumplir con su cometido. En la actual gestión federal sólo se han logrado tres condenas del cúmulo de delitos cometidos contra periodistas. Hasta el 31 de enero de este año, dicha Fiscalía abrió 123 expedientes, 10 de ellos relacionados con homicidios, de acuerdo al informe extraordinario del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), denominado Sin excusa: México debe quebrar el ciclo de impunidad en asesinatos a periodistas.
El mecanismo oficial de protección a los periodistas es totalmente ineficaz e insuficiente para prevenir agresiones letales y la actual gestión federal no demuestra voluntad política al respecto. Sin resultados concretos y destacables han desarrollado una ineficiente labor la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión y el mecanismo de protección federal dirigido a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos. Tampoco tuvo eficacia la enmienda de ley para ampliar las facultades federales para ejercer la atracción de las investigaciones judiciales.
Ninguna de esas tres herramientas es aprovechada a plenitud por las autoridades. El resultado: los medios de comunicación y sus trabajadores están expuestos a la violencia y las amenazas de los perpetradores. Además, se padecen fallas estructurales en el sistema judicial, existen retrasos e inconsistencias en los procesos judiciales e ineficiencias en los mecanismos de protección.
Para ilustrar cómo funciona el mecanismo de la impunidad en el país, tres casos fueron analizados en el informe Sin excusa: México debe quebrar el ciclo de impunidad en asesinatos a periodistas: las ejecuciones de Moisés Sánchez, de Medellín, Veracruz, el 24 de enero de 2015; el de Marcos Hernández Bautista, de Jamilpetec, Oaxaca, el 21 de enero de 2016 y el de Gregorio Jiménez, de Coatzacoalcos, Veracruz, el 5 de febrero de 2014.
La justicia mexicana demostró su ineficacia en los tres casos: negó o minimizó la vinculación del crimen con la actividad profesional de las víctimas; dejó incompleta la investigación sin determinar y comprobar el móvil del crimen; y las indagatorias sólo llegaron al nivel del autor material, nunca al autor intelectual, no obstante que se registraron algunas detenciones.
Por su parte, la organización Artículo 19 analizó los principales rasgos que se reproducen en las investigaciones judiciales de cinco de los casos emblemáticos de asesinatos de periodistas: Regina Martínez, corresponsal de Proceso, asesinada el 26 de abril de 2013. La fiscalía veracruzana negó el crimen como consecuencia del trabajo crítico de la reportera, desvió la línea de investigación y la cerró bajo la premisa de un “crimen pasional”. Y Gregorio Jiménez, reportero de El Liberal del Sur, secuestrado el 11 de febrero de 2014 en Coatzacoalcos, la misma fiscalía siguió la línea de “problemas con los vecinos”.
Respecto al asesinato del fotógrafo Rubén Espinosa, de Proceso y Cuarto Oscuro, perpetrado en el quíntuple homicidio de la colonia Narvarte, el 31 de julio de 2015, las indagatorias derivaron en involucrar a las víctimas en un escenario de prostitución y narcotráfico. La procuraduría capitalina descartó las investigaciones hacia el gobierno de Veracruz, de donde Espinosa había huido por amenazas. Además, ha intentado cerrar el caso. En cuanto al homicidio de la veracruzana Anabel Flores, de El Sol de Orizaba, el 9 de febrero de 2016, la fiscalía concluyó que fue “por sus vínculos con delincuentes”
Y está el caso del oaxaqueño Salvador Olmos, locutor de la radio Tu Un Nuu Savi, detenido por la policía local el 26 de junio de 2016, en el contexto del conflicto magisterial, quien al intentar escapar fue atropellado por una patrulla. También se estudia el caso de Pedro Tamayo, reportero de asuntos policíacos de El Piñero de la Cuenca, Veracruz, quien fue acribillado frente a su casa el 20 de julio de 2016. La esposa de Tamayo, Alicia Blanco, continuó su labor periodística y recibió amenazas de que incendiarían su casa. La quemaron. Su hijo Abraham Tamayo fue detenido violentamente. Se le fabricó un caso de secuestro y sigue preso y bajo proceso.
En todo el territorio mexicano se resiente esta situación, la cual es agravada en entidades federativas con gobiernos corruptos y represivos, como en Veracruz, durante el mandato del ex gobernador Javier Duarte, actualmente preso en Guatemala y en espera de ser extraditado a México.
Durante el gobierno de Duarte de Ochoa se registró la tasa de un periodista asesinado al año y uno desaparecido cada dos años. Y con el panista Miguel Ángel Yunes la situación no mejora. En los cinco meses de su administración se lamenta ya un reportero asesinado y un atentado contra un editor, quien resultó gravemente herido.
Chihuahua ocupa el deshonroso segundo lugar en agresiones a periodistas. En lo que va de este siglo, suman 22 periodistas asesinados en la entidad gobernada por el panista Javier Corral. El último caso, perpetrado el pasado 23 de marzo, fue el de la periodista Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada y colaboradora del Norte de Juárez. Tras el homicidio, este medio local decidió cerrar sus ediciones impresas y digitales.
Corral informó el mes pasado que ya habían identificado al autor material del crimen contra la comunicadora. Reportó se formó un grupo especial para investigar el caso y prometió que todos los involucrados serían detenidos. Esperamos cumpla su palabra.
Tamaulipas, en tercer sitio, también es un capítulo negro en este recuento. La entidad, donde se edita una veintena de periódicos, impresos y en línea, y funciona una docena de canales de televisión, locales o repetidoras, ejerció 932 millones de pesos en materia de comunicación. En su cuenta de agresiones a la prensa suman 13 periodistas asesinados y seis desaparecidos.
Un trabajo del Centro de Investigación y Docencia Económica documentó que entre 2007 y 2012 la prensa tamaulipeca sólo cubrió el 15 por ciento de los hechos relacionados con la violencia y el narcotráfico, precisamente en el periodo en que se registró la matanza de San Fernando y posteriormente el hallazgo de fosas clandestinas en los alrededores; y cuando se desarrolló lo más cruento del choque entre Los Zetas y el Cártel del Golfo.
A ese fenómeno, la organización Artículo 19 lo describe como “ruptura del flujo informativo”, el cual no es sino la aplicación del silencio como estrategia de adaptación. “Normalizada por las generaciones más jóvenes”, lamenta.
El último caso de agresiones a comunicadores se dio apenas el fin de semana pasado. El sábado, el locutor Filiberto Álvarez Landeros fue ejecutado con al menos tres impactos de bala por sicarios desconocidos, quienes lo interceptaron al salir de su programa de radio “Poemas y Cantares”, en el municipio de Tlaquiltengo, al sur del estado de Morelos.
ESCÁNDALO INTERNACIONAL
La ejecución del periodista y colaborador del Colectivo Pericú, Maximino Rodríguez Palacios, se convirtió en un escándalo internacional. La embajadora de Estados Unidos en nuestro país, Roberta Jacobson, y la Unión Europea lamentaron el asesinato ocurrido el pasado 14 de abril en La Paz, Baja California Sur, y destacaron la grave violencia resentida por los periodistas en México. “Todos coincidimos en opinar que la labor de un periodista en México es cada día más peligrosa”, señaló la diplomática estadounidense el 19 de abril.
También la delegación de la Unión Europea y las embajadas de los estados miembros de esta agrupación y de Noruega y Suiza en México, llamaron a las autoridades a desplegar todos los esfuerzos posibles para llevar a cabo una investigación expedita, con el fin de identificar y juzgar a los responsables del crimen. La muerte de Maximino, subrayaron, da muestra de la gravedad de la violencia contra los periodistas en México.
Periodistas locales condenaron el asesinato de su compañero, Maximino Rodríguez, ocurrido en el estacionamiento de un centro comercial, y demandaron a los tres niveles de gobierno el esclarecimiento del crimen. Acudieron al Congreso local, en donde exigieron no quede impune el asesinato. También reclamaron el freno a la ola de violencia, la cual ha cegado la vida de más de 124 comunicadores en los pasados 17 años en México.
UTOPÍA DEL CAMBIO
No se había superado aún la muestra de satisfacción y la esperanza de la llegada de un cambio -sin especificar exactamente en qué consistía la demanda planteada los últimos meses por ciudadanos y algunas organizaciones-, cuando hizo su aparición la realidad con la cual ha quedado demostrado seguirán sembrándose ilusiones en la llegada de tiempos mejores. Empezaron a correrse versiones sobre denuncias, encarcelamientos, ajuste de cuentas entre la otra delincuencia organizada y se inclinaron por las tierras para dar inicio a supuestas persecuciones. Seleccionaron el punto en donde no existe cabeza alguna de cualquiera de los titulares del Ejecutivo quintanarroense salvada.
Cuando se supo comenzaría la cacería algunos pensaron se pondría en relieve la imparcialidad y llegarían a situaciones registradas en el pasado y aún sin resolver para demostrar la llegada del orden. Ejemplificaron en un ejido muy conocido y actualmente habitado en su totalidad: el Alfredo V. Bonfil. En ese lugar se instituyó una más de las inmobiliarias propiedad del ex gobernador Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, las anteriores y la primera de ellas tuvo lugar en Solidaridad y su primera directora fue la hoy presidente municipal Cristina Díaz.
Comuneros de este ejido denunciaron a Nueva Alternativa de Quintana Roo de despojo, presentaron 16 denuncias las cuales se encuentran debidamente congeladas. El rayo de esperanza llegó cuando estuvo por estas tierras el líder nacional del PRI, a quien le solicitaron la expulsión de la Comisión de Honor y Justicia del ex gobernador y también se hiciera extensiva la medida hacia Víctor Viveros, quien, en complicidad con quien en funciones lo hiciera candidato a la alcaldía de Benito Juárez, decidió eliminar la ”Colonia del Taxista” y ceder los lotes a la inmobiliaria para su venta.
Hendricks dejó la citada Comisión cuando Enrique Ochoa Reza decidió no ratificarlo dentro del nuevo equipo y ya una vez enterados propios y ajenos de su apoyo al nuevo gobernador, sus operaciones se hacen a la vista, sin recato. Sus recomendaciones laborales son escuchadas y cumplidas y ser o no priísta resulta ser lo menos importante. Por lo tanto, los señalamientos de traición o de haberse agenciado mucha tierra para su beneficio patrimonial, además de rematar la disponible, sólo le provocan risa.
El gobierno del dizque cambio, en sus primeros 30 días comenzó el descenso. En la búsqueda de relacionar al antecesor en temas delincuenciales iniciaron la búsqueda de propiedades en la entidad adquiridas por Javier Duarte o sus prestanombres. Con ello demostraron también apoyar a otros gobernadores aliancistas, como se ha venido haciendo con quienes ejercen bajo las siglas del PAN o del PRD. Dieron las primeras muestras de la multiplicación de viajes con objetivos políticos y en nada relacionados con la actividad turística. Informes, tomas de protesta y reuniones de la Conago a partir de la llegada a la presidencia del perredista Graco Ramírez, han sido de puntual asistencia.
Trabajo y cabildeo político contienen las recetas comprometidas para su eliminación. Así de claro se vio cuando quedaron al descubierto los diputados de Morena. Arrancaron justo en el municipio con más necesidad de fuentes laborales el despido de burócratas; ahí también, los profesionistas recibieron un palmo de narices al ser traídos a Chetumal, a la ciudad clave para el triunfo, ciudadanos nacidos en Puebla, recomendados por quien hoy aparece como el preferido del Ejecutivo estatal para aparecer en las boletas del proceso del 2018 como candidato a la presidencia: Rafael Moreno Valle.
Se sienten las presiones y hacen visible la inexperiencia al grado de golpear a reporteros y fotógrafos en actos públicos; se nota la ignorancia y falta de oficio para enfrentar invasiones en predios costeros; con agresiones denunciadas por campesinos integrantes de la Unión Campesina Democrática intentan resolver problemas y demandas. Derrumban su primera y principal promesa: no habrá ni renegociación ni incremento en la deuda. Pagaremos. Apenas cumplidas las tres primeras semanas, anuncian esta operación y, con datos y explicaciones, la hacen una realidad de la cual cientos de miles de quintanarroenses carecerán de vida para saber no se debe un centavo.
Acciones eminentemente vengativas empiezan a surgir dañando a los burócratas de quienes dicen tener la certeza de seguir sirviendo a los antecesores y, como lo que hace la mano, hace el tras, munícipes de Bacalar, Othón P. Blanco y Solidaridad despiden a cientos de trabajadores. Son también utilizados los municipios para enviar el mensaje de la permanencia del nepotismo. Miguel Ramón Martín Azueta, jefe de la recién creada Oficina del Gobernador, consiguió para su hijo Abraham la dirección del deporte en Solidaridad y para Jorge Miguel, la de comunicación y transportes de SINTRA en Isla Mujeres. Sacan la cabeza los inversionistas de Tajamar y tienen como respuesta un cruel silencio.
Son esos tiempos en los cuales parece no se cuenta con capacidad de respuesta para iniciar los procesos a fin de mantener la seguridad, con o sin cambios. Así, en Playa del Carmen, tiene lugar la ejecución del contador del Cártel del Golfo. Sorpresivamente cancelan filtros, revisiones y aparecen vacías las casetas policiacas en Solidaridad con lo cual dan vía libre al crimen organizado con las consecuencias actuales. En Puerto Aventuras aparecen narco mantas; con tiro de gracia encuentran un cadáver y… asaltan el SAMS.
En Cancún atacan dos casas de citas; asesinan dentro de su hogar a una anciana; se registran dos balaceras en calles y avenidas de la ciudad, en una de ellas llevan a cabo peliculesca persecución sin lograr detenciones; otro acribillado fallece a las puertas del hospital; roban nóminas; rafaguean a tres mujeres; se registra la primera fuga en la cárcel; secuestran a un fabricante de piscinas; en dos bares ejecutan a 4 sujetos; fallan en un ajuste de cuentas y dejan mal herido a un menor que se encontraba dormido; liquidan a un Travesti justo en el cruce de las avenidas Bonampak y López Portillo; en esa zona encuentran otro cadáver.
En otra de las incongruencias, en Cozumel cancelan la vigilancia en las escuelas y ordenan a las personas mayores que la realizaban se dediquen a servir desayunos escolares o a cuidar los parques. En tanto, en Isla Mujeres y adherida a la entrada de una escuela primaria pegan otra narcomanta. ¿La policía estatal? Dormía y duerme el sueño de los injustos.
Y todo esto tuvo lugar sólo en 31 días, en los que componen octubre, el mes de las lunas inigualables. Cada día en los meses siguientes ha provocado se pueda medir la capacidad de asombro ciudadano. En algún punto tal vez encontremos un asidero para el cambio.
DE LOS PASILLOS
“Hay un grupo de entidades que está cayendo en una situación de subdesarrollo”, advirtió el grupo financiero Citibanamex. Se está creando un “caldo de cultivo” para la movilización social, el cual en este momento “todavía no es grave”… Este año, el PIB crecerá 1.7 por ciento, menor al promedio de las últimas tres décadas de 2.1 por ciento anual, destacó Sergio Kurczyn Bañuelos, director de estudios económicos de Citibanamex…
La economía de Quintana Roo creció el año pasado 7 por ciento –el triple de la tasa nacional de 2.3 por ciento-, mientras que la de Campeche, una entidad dependiente de la actividad petrolera, se contrajo 7.4 por ciento. La diferencia en el desempeño del PIB entre las dos entidades fue de 14.3 puntos porcentuales, una brecha que muestra la disparidad a la que se mueve el país… El descenso en la producción de petróleo, combinada con la caída en el precio del hidrocarburo, golpeó especialmente a los estados dependientes en mayor medida de esta actividad (Tabasco, Campeche, Veracruz y Tamaulipas), pero sólo hizo acentuar la disparidad regional en los últimos años, señaló Guillermina Rodríguez, coordinadora de estudios económicos de Citibanamex….
La especialista agregó: “Los estados más pobres, como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Puebla siguen profundizando su desigualdad y las divergencias de desarrollo respecto de las entidades de más alto crecimiento… Ya están en un grupo de entidades en situación de subdesarrollo”, en el cual su economía crece menos que la población. Los estados petroleros ya se están acercando también a esa situación…
Con cierto sospechosismo se ve la postura de Juan Melquiades Vergara respaldando la permanencia de los delfinarios y no porque no existan razones para hacerlo sino por tratarse de cumplir instrucciones del gobernador Carlos Manuel Joaquín González y de no apoyar desde ningún punto a los del Partido Verde, a quienes empiezan a ubicar, con la información y el desprecio de Joaquín Hendricks, como los enemigos a vencer en el Norte del estado en las contiendas del próximo año. Así que no hay que irse con la finta y no está mal los empresarios busquen toda clase de apoyos siempre y cuando a la larga no les perjudiquen. El tema del día y su respectiva interrogante gira en torno a unos montos: ¿? ¿? ¿?
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