Lilia Arellano.
“Reformar el poder significa hacer del sistema de impartición de justicia, una instancia independiente de la máxima respetabilidad y certidumbre entre las instituciones de la República”: Luis Donaldo Colosio
- México, campeón de la impunidad
- Con Cervantes en la PGR, blindaje seguro a Atlacomulcas
- Lozano y el conflicto de intereses con RC y Pedro Joaquín
- De 25 millones de delitos cometidos se denuncian 250 mil
- “El Fantasma”, sus televisoras y los socios del gran poder
- Roo. siguen en duda y entredicho autoridades laborales
- Moreno Valle, es acusado de espionaje criminal en la PGR
Ciudad de México, 29 de agosto de 2017.- Sin importar la calificación de México en la cual se le clasifica como campeón de la impunidad en el continente y en los cuatro últimos lugares dentro de un estimado de más de 70 países, los senadores del PRI y el Verde se mantienen en la pretensión de nombrar a Raúl Cervantes, actual titular de la PGR, como Fiscal General, cargo negado en el pasado reciente por esos mismos legisladores. Esta cerrazón encuentra explicación originada ante la existencia de una probable derrota en las elecciones federales del 2018, por lo cual al grupo Atlacomulco le urge blindarse, garantizar la conservación de fortunas mal habidas y por supuesto mantenerse en libertad.
Quien resulte nombrado como Fiscal General estará en funciones nueve años y a cargo de dar carpetazo a cualquier averiguación previa que intentara tocar a los principales personajes del actual círculo del gobierno federal. Desde la PGR, Cervantes se ha distinguido por cumplir esa función en los casos donde están involucrados Emilio Lozoya Austin, Gerardo Ruiz Esparza, Rodrigo Medina, César Duarte y hasta Javier Duarte, con sus omisiones y fallas en la acusación del Ministerio Público en su contra. Se ha advertido del conflicto de intereses existente entre quien fuera parte del equipo jurídico de la campaña del mexiquense y el señalado por Odebrecht en los sobornos como miembro también de ese grupo, aunque se ha puesto de lado a quien presidiera el CEN tricolor, Pedro Joaquín Codwell, titular de Energía y en su momento, jefe de Lozoya.
La designación del actual procurador al frente de la FGR garantizará a México mantenerse en los primeros lugares de impunidad en el mundo, donde actualmente ocupa el cuarto lugar, de acuerdo al Índice Global de Impunidad (IGI) 2017. Colocar a Raúl Cervantes como el máximo responsable de investigar y perseguir los presuntos delitos federales que se cometieron o se cometan, es otorgar la garantía de total impunidad para el grupo político que encabeza Enrique Peña Nieto, por toda la próxima década. Este funcionario es integrante del denominado grupo Los Primos al servicio del mexiquense, en el cual se incluye también Humberto Castillejos Cervantes, ex consejero jurídico de Los Pinos, quien renunció recientemente para saltar a otro cargo transexenal, en tanto sigue operando desde Los Pinos con mucha más libertad.
Esta en esta relación Alfredo Castillo Cervantes, ex comisionado ilegal para asuntos de Michoacán, a quien tras el repudio generalizado en esa entidad luego lo colocaron al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). Como puede observarse al relacionar los apellidos maternos, es pariente directo de don Humberto y, en tanto el más viejo acaba de contraer nupcias, el de los deportes se lleva a la novia a cuanto evento le surge como prueba de lo que sucederá cuando inicien la famosa luna de miel. Castillejos maniobra con la ley y de ahí esté detenida, por ejemplo, la nueva ley del agua, situación por la cual se ven altamente favorecidos los embotelladores del vital líquido. Castillo, por su parte, desvía el dinero destinado al deporte a otros menesteres más lucrativos como son los electorales.
Necesitan un tercero para tener completo el manejo de la ley y ese es el otro Cervantes, el de la PGR a quien desean imponer como Fiscal. Desde su actual cargo como procurador general de la República, Cervantes actúa como leal protector de los intereses del inquilino de Los Pinos, como ha sido evidente en el caso del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, a quien se le permitió ver el expediente del caso Odebrecht, y en el cual, según Lozoya y su abogado, su nombre ni siquiera aparecía en el mismo. No obstante, en la justicia brasileña hay declaraciones juradas de los ejecutivos de la empresa brasileña sobre los sobornos entregados a Lozoya, pese a lo cual no ha sido molestado por la justicia mexicana.
Caso contrario es lo sucedido con el cantante Julión Álvarez o el futbolista Rafael Márquez, quienes están bajo sospecha de haber hecho lavado de dinero o conexiones con narcotráfico, por lo cual se congelaron todos sus activos en Estados Unidos y en México, pero en el caso de Lozoya no pasó absolutamente nada. Por lo pronto lo del cantante y el del balompié les resultó temporalmente como cortina de humo, aunque el triunfo real lo sitúan justo en el enfrentamiento entre los panistas, entre quienes sin estar de acuerdo con ese nombramiento, tampoco quieren respaldar un pleito al cual consideran personal entre Anaya y Cervantes. Divide y vencerás es una de las máximas para avanzar un poco y tal vez lograr salir del tercer lugar en las preferencias ciudadanas en donde está ubicado el tricolor.
Su tendencia, la del actual procurador, a proteger al actual grupo político en el poder también se evidenció en el caso del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, amigo de Peña Nieto. A pesar de estar preso por presuntamente haber robado dinero del erario público, tanto sus cuentas bancarias como las de su esposa Karime Macías no han sido tocadas. Además, los errores cometidos por el Ministerio Público en el arranque del proceso en contra del ex mandatario sin duda serán aprovechados en el futuro cercano por los representantes legales del veracruzano para invocar violaciones al debido proceso.
La fracción parlamentaria del PRI en el Senado de la República tiene la instrucción presidencial de promover a Raúl Cervantes a la titularidad de la Fiscalía General de la República. El priísta Miguel Chico Herrera aseguró: “tendremos la negociación con senadores que no sean del PRI o del PVEM; vamos a convencer a los que estén a favor de un hombre como Raúl Cervantes, que desde mi particular punto de vista reúne todos lo requisitos para continuar en la Procuraduría General de la República (PGR) y ocupar la fiscalía general”. A su vez, la senadora priísta Cristina Díaz Salazar, confirmó que el coordinador de la bancada, Emilio Gamboa, les señaló es prioridad debatir en la reunión plenaria, el próximo martes y miércoles 29 de este mes, el tema de la fiscalía general y su próximo titular.
Por su parte, el pevemista Pablo Escudero, presidente del Senado, consideró el prestigio del titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, está por encima del intento de veto de cualquier persona, incluyendo al dirigente del PAN. El yerno de Manlio Fabio Beltrones sostuvo: Cervantes Andrade “podría alcanzar sin problema alguno la votación calificada que se requiere al momento de elegir al fiscal general”. Sin embargo, deberán librar el escollo que representa Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN. El acaudalado líder blanquiazul pidió a los mexicanos respaldar la lucha para evitar los intentos “del PRI-Gobierno” de tener un fiscal general a modo para garantizase nueve años más de impunidad. Subrayó debe denunciarse que el PRI pretende cerrar el paso a la justicia, la transparencia y a la lucha contra la corrupción. Es una lucha justa, dijo, para terminar con lo que más indigna a los ciudadanos: la corrupción de gobernantes y políticos, así como el robo descarado de dinero público.
El PRI, subrayó Anaya, se tiene que ir, pero también México necesita contar con las instituciones que le permitan castigar a los corruptos. El tricolor, agregó, ha sido fuente inagotable de gobiernos ajenos a todo principio de honestidad y transparencia, y enumeró los casos de Javier Duarte (Veracruz); César Duarte (Chihuahua): Roberto Borge (Quintana Roo); y ahora el de Roberto Sandoval, gobernador saliente de Nayarit. El dirigente blanquiazul ha instruido a que los votos de su partido no ayuden al propósito de instalar a Raúl Cervantes al frente de la Fiscalía General. Sin embargo, no hay que olvidar la forma de negociar del panista, quien se ha convertido en un experto en el canje de sus votos legislativos por posiciones, cargos y beneficios para su grupo político y para beneficio de su patrimonio familiar.
O sea, ni para donde hacerse.
MÉXICO: IMPERIO DE LA IMPUNIDAD
La administración y procuración de justicia en México es uno de los grandes pendientes de las últimas administraciones federales, incluida la del presidente Enrique Peña Nieto. Actualmente, en el país sólo se denuncian 7 de cada 100 delitos cometidos, por lo cual la cifra negra desde 2013 alcanza un porcentaje no menor al 92.8 por ciento. Y del total de delitos denunciados, sólo existe un 4.46 por ciento de sentencias condenatorias, lo cual arroja una impunidad cercana al 95 por ciento en ilícitos acreditados por la autoridad como consumados. Así, la cifra de delitos consumados en perspectiva con la cifra de ilícitos no denunciados arrojaría que la impunidad simple y llanamente estaría en los márgenes del 99 por ciento.
México es el cuarto país en el mundo con mayor nivel de impunidad, sólo superado por Filipinas, Camerún e India, de acuerdo al Índice Global de Impunidad (IGI), desarrollado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), cuyo rector, Luis Ernesto Derbez, detalló: de cada 100 delitos que se comenten y son denunciados a las autoridades en el país, el 0.7 llega a una etapa de sentencia. El ÍGI 2017 tiene como propósito comparar indicadores en materia de seguridad, justicia y derechos humanos, colocando al país con un índice de 69.21 puntos, destacó Derbez.
La corrupción cuesta a México entre 8 y 10 puntos del PIB, según el Banco Mundial, y el costo de inseguridad cuesta 5 puntos del PIB; cada punto equivale a 200 mil millones de pesos. La impunidad ha afectado al país, y al turismo específicamente, al grado de que, por ejemplo, han disminuido 60 por ciento los vuelos a Acapulco provenientes del extranjero. Las dos principales razones por las cuales los mexicanos no denuncian son la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad. La razón de fondo que desincentiva a los ciudadanos a denunciar, explica Derbez, es la existencia de profundos problemas estructurales y funcionales en las instancias de seguridad, justicia y derechos humanos.
En cuanto a las deficiencias en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, éste, según el estudio, no ha fallado en su totalidad, pero se ha carecido de una buena capacitación para sus trabajadores. Así, ante la falta de jueces calificados, policías y la falta de denuncia, la impunidad ha aumentado. De 25 millones de delitos sólo el uno por ciento son denunciados. Es un problema generalizado la impunidad en el país, de acuerdo a los índices en las entidades federativas. La varianza de impunidad en 26 entidades es de apenas más-menos 5.73 puntos. Además, el país tiene una grave problema de respeto a los derechos humanos, al registrar un elevado número de torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, todas ellas impunes.
“EL FANTASMA” ATACA DE NUEVO
El empresario regiomontano radicado en Miami, Remigio Ángel González González, enemigo de aparecer en público o de dar entrevistas, razón por la cual es conocido como “El Fantasma”, obtuvo 10 canales de televisión con cobertura en Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Campeche, a través del grupo denominado Telsusa Televisión México, S. A. de C. V. Así, de hecho, con el beneplácito del Instituto Federal de Telecomunicaciones, adquiere el control televisivo en la Península de Yucatán por al menos 20 años. En Campeche saldrán al aire en Champotón, Calkini, Ciudad del Carmen y la capital estatal. Para Yucatán, en Tizimil, Valladolid, Ticul y Mérida. Y en Quintana Roo, en Cancún.
González González, quien creó un emporio en América Latina apoyado por Emilio Azcárraga Milmo y a quien también se le vincula con Ricardo Salinas Pliego, es uno de los empresarios de medios más polémicos en América Latina y es considerado amo y señor de las televisoras en Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Perú, Bolivia y Ecuador. También es dueño de canales de televisión en Uruguay, Paraguay y Argentina. Su fama se asienta al practicar el tráfico de influencias con los políticos, especialmente con candidatos, presidentes y ex presidentes de países latinoamericanos. Es conocido por sus métodos poco ortodoxos para “comprar a la fuerza” varios canales de televisión y también por censurar a los periodistas que se atreven a cuestionar a sus amigos políticos.
En Argentina, en el 2008, fue acusado de aplicar “métodos utilizados durante la dictadura militar”, al censurar, despedir, filmar, encerrar e impedir que actuarán libremente los delegados del canal 9 Telearte de Buenos Aires. Con una fortuna calculada en 2 mil millones de dólares, González González se ha convertido en uno de los radiodifusores más poderosos del continente aplicando una fórmula altamente rentable: comprar barato los canales de televisión, producir poco y garantizar lealtad y sumisión a los gobernantes en turno. Su ideología es únicamente la expansión de sus negocios. Dada su forma de operar, se espera se convierta en un valioso aliado del grupo político en el poder en México para las elecciones federales del 2018 y la disputa de la Presidencia de la República.
Habrá de descubrirse en algún momento cual es el grupo al cual considera poseedor del poder ¿es el otorgante de las concesiones? ¿Se trata de un acuerdo abierto para operar con la recepción de órdenes? ¿Con quien o quienes es la relación de El Fantasma? Opción para recibir buenos contenidos, información imparcial, análisis de todo tipo llevados a la pantalla por estudiosos, investigadores, especialistas o barras dedicadas a incentivar valores en los jóvenes, en los niños o para hacer resurgir la historia y la cultura, no será… así que…
OTRO BOTON SIN CAMBIO
Los señalamientos por manejos irregulares no cesan en Quintana Roo. No conformes con los escándalos provocados recientemente y relacionados de manera directa con fraudes inmobiliarios para los cuales utilizaron a la Junta de Conciliación y Arbitraje estatal, quienes se encuentran al frente de esta dependencia mantienen el mismo comportamiento de los anteriores convirtiendo en realidad las sospechas de muchos empresarios sobre la conducción de la nueva titular y sus supuestas intenciones de poner orden y recuperar confianza y prestigio. El caso que se refiere a continuación es la mejor muestra de lo dicho:
El señalamiento es directo hacia la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de Conciliación y Arbitraje de Cozumel, Quintana Roo, Teresa de Jesús Ku Pat, en el Expediente 106/2005 en el cual ha actuado de forma muy sospechosa e inexplicable. Banca Serfín, S. A. Institución de Banca Múltiple, otorgó un crédito a la empresa R. A. Hoteles, S. A. de C. V., dicho crédito jamás fue pagado, así que Banca Serfín demandó a R. A. Hoteles, S. A. de C. V. como deudora de dicho crédito, y llevó un Juicio Extraordinario Hipotecario en Mérida, Yucatán. Una vez que ganó el juicio civil, en 2005 los trabajadores de R. A. Hoteles, S. A. de C. V. demandaron sus derechos laborales ante la Junta Laboral de Cozumel.
La empresa Administración de Carteras Nacionales II, S. de R. L. de C. V. adquirió de forma legítima los derechos litigiosos de Banca Serfín, por cesión de derechos, en contra del adeudo de la empresa R. A. Hoteles, S. A. de C. V. y lo que motivó la adquisición de dichos derechos litigiosos fue que Banca Serfín al otorgar el Crédito a R. A. Hoteles, S. A. de C. V. inscribió dicho crédito como acreedor preferente en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en la sección comercio. Una vez que se resolvió el proceso laboral, se puso a remate el inmueble que garantizaba el crédito, lo que quiere decir que ya se habían reunido todos los elementos necesarios para poder llevarse a cabo el remate en primera almoneda, el C. Luis Conrado Cerda González se presentó como postor y se adjudicó el inmueble dado en garantía para cubrir el crédito inicial, y por lo tanto dicho inmueble salió del patrimonio de la deudora por lo que hoy todos los recursos interpuestos por diferentes actores carecen de legalidad.
El día 30 de octubre de 2013, el C. Luis Conrado Cerda González se presentó como postor en el remate del inmueble que garantizaba el crédito y exhibió 3 cheques con el fin de liquidar los adeudos de los trabajadores, de la Secretaría de Hacienda y de Administración de Carteras Nacionales II, S. de R. L. de C. V. sin embargo, una vez presentados dichos cheques, la C. Presidenta de la Junta comenzó a dar entrada a un importante número de recursos, totalmente extemporáneos, a favor de Luis Conrado Cerda González y de otras personas, quienes, con estos recursos han entorpecido el proceso, cometiendo fraude procesal, al amparo de la C. Presidenta de la Junta Laboral, lo que ha generado un grave descalabro financiero y patrimonial a la legítima acreedora preferente del crédito, Administración de Carteras Nacionales II, S. de R. L. de C. V.
Incluso, Luis Conrado Cerda González, presentó un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra una resolución en la que se ordena que se entregue el cheque a Administración de Carteras Nacionales II, y la SCJN emitió su fallo a favor de la acreedora preferente, elevándose a cosa juzgada, sin embargo, la C. Presidenta de la Junta ha seguido aceptando recursos de Luis Conrado Cerda González y de otras personas, lo que nos permite sospechar de la imparcialidad de la multicitada funcionaria, rehusándose a entregar el cheque por la cantidad de $4’330,033.51 lo que a todas luces genera un perjuicio patrimonial a la empresa acreedora.
NO HAY FRENO
Desde siempre, un consejo de los adultos, de los padres o de los abuelos, advierte la necesidad de fijarnos muy bien quienes son nuestros amigos o pretenden serlo o con quien decidimos exhibirnos públicamente y pasar algunas horas porque: “dime con quien andas y te diré quien eres”. Ni mandado a hacer este refrán cuando en Quintana Roo surgen muchas voces reclamando ser espiadas, denunciando la existencia de un sofisticado sistema de escuchas telefónicas y hasta de marcaje personal, porque resulta ser que todo puede provenir del asesor número uno del gobernador Carlos Manuel Joaquìn González, el ex gobernador poblano Rafael Moreno Valle el personaje de la semana acusado de espía.
Ha sido denunciado ante la PGR por el ex agente de inteligencia Rodolfo Raúl González Vázquez por encabezar una oficina de espionaje con fines no solamente polìticos sino también de tipo criminal. El 24 de agosto se apersonaron en esa dependencia y claramente revelaron está siendo espiado por el poblano desde el titular del Ejecutivo federal hasta los miembros de su gabinete: Osorio Chong, Luis Videgaray, Rosario Robles y José Antonio Meade. El denunciante fue integrante del CISEN y da santo y seña de la operación de este centro por la simple y sencilla razón de haber formado parte de èl.
Así que, de existir otro similar en tierras quintanarroenses, seguramente fue montado por el poblano suertudo, el que le brinda empleo a sus paisanos, quien gana las licitaciones millonarias, el responsable del futuro de Benito Juárez a través de la imposición de su paisano convertido en candidato, por el asesor de lujo: Rafael Moreno Valle. Por cierto ¿cuánto costo el adiestramiento de quienes operan ese tipo de centros de espionaje? Nadie se opondrìa a tales instalaciones si su uso fuera en contra de la delincuencia, si el objetivo se centrara en la seguridad no solo en la entidad sino en coordinación con la nacional, si lejos de ser considerados de espionaje fueran de inteligencia, pero el mal uso de ellos hasta ahora visto y ya denunciado los elimina.
DE LOS PASILLOS
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló y consideró constitucional la llamada Ley Kumamoto, la cual reduce el financiamiento de los partidos políticos en Jalisco. De acuerdo con los ministros, la legislación impulsada por el diputado independiente Pedro Kumamoto y cuya bandera es: “Sin voto no hay dinero”, se basó en un tema de libre configuración legislativa para los estados de la República… Esa ley plantea reducir hasta un 60 por ciento el financiamiento de los partidos políticos, ya que en años electorales estos deben recibir un presupuesto de acuerdo con el número de votos que obtengan. En tanto, en la época no electoral la ley plantea una reducción de 20 por ciento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA)…
Tormentas surgidas del cielo recaerán en 21 entidades del país.
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