Lilia Arellano
“Reformar el poder significa fortalecer y respetar las
atribuciones del Congreso Federal”: Luis Donaldo Colosio
- IOP ve clara la crisis tricolor
- EPN: implícita imposición en la candidatura yucateca
- Desata Moreno Valle segundo escándalo de espionaje
- Quintana Roo con antecedentes de operadores espías
- Abierto rechazo al nombramiento de Cervantes en FG
- Demandan investigar a las navieras quintanarroenses
- De llegar Del Mazo al Edomex, es este su “gabinetazo”
Agosto 30, 2017.- El desplegado dado a conocer públicamente por la diputada federal y ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, analiza muy puntualmente la situación por la que atraviesa el partido en el que milita tras la pérdida de 6 gubernaturas y, con ello, el respaldo de 4 millones 700 mil ciudadanos. De ahí se incline abiertamente por lograr sea a través de la consulta directa y abierta a la base militante y a la ciudadanía como se elija al abanderado tricolor en la contienda por la Presidencia de la República. Este posicionamiento con el cual recibe el respaldo de consejeros políticos nacionales y estatales, militantes y simpatizantes, será ampliamente esbozado en un recorrido que iniciará en fechas próximas por todo el país y se ha convertido en un punto medular para la toma de muchas decisiones, no solamente de la que compete a la del seleccionado para buscar la titularidad del Poder Ejecutivo federal.
Dada la importancia de lo expresado advirtiendo la crisis por la cual atraviesa el PRI, misma que puede incluso ser todavía mucho mayor, es que mediáticamente se dirigen todos los reflectores, los micrófonos, las cámaras, destilan ríos de tinta, sobre lo que ocurre en Morena. Se ponen adjetivos calificativos o más bien descalificativos al proceso, a quienes se quedaron en el camino, intentan dar encontronazos entre Ricardo Monreal y López Obrador, surge una nueva carga en contra del tabasqueño por un supuesto dedazo, lo ubican dentro de los autoritarios, convierten su figura en la dueña del partido político y advierten en su supuesta actuación una claramente vista como impositiva en la figura del mexiquense presidente de México.
Nombrar a Jorge Carlos Ramírez Marín como presidente de la Cámara durante el mes de septiembre, es decir, justo cuando Peña Nieto entrega su informe y cobra relevancia esa figura temporalmente, muestra el deseo presidencial de llevar a la candidatura por la gubernatura de Yucatán a quien se llevó a una de las coordinaciones de la campaña de Alfredo del Mazo. Es de esta manera como se paga su labor como delegado priísta en esa etapa de juego sucio y se dejan en el olvido los grandes negocios hechos con terrenos, con la venta y regularización de ejidos para usufructo privado realizados por el diputado plurinominal. De concretarse la candidatura, tanto Emilio Gamboa Patrón como el propio mandatario estatal encontrarán su propia lectura. Gamboa tendrá que dejar atrás el sueño de ver convertido, en los próximos tiempos, a su hijo como candidato y seguramente gobernador de esa entidad natal.
Tendrá que conformarse con verlo, tal vez, aspirante a la presidencia municipal de Mérida. Ello además de ver diluirse el “chapulinaje” practicado desde que abandonó las filas de los gabinetes, siempre como plurinominal, obviamente. Deberá evaluar si su futuro se encuentra todavía dentro de la política o llegó el tiempo del retiro antes de ser pisada la muy larga cola de su historia ligada a todo tipo de acontecimientos y registros nada claros. Seguramente al gobernador Rolando Zapata no le quedará otro remedio que la obediencia y ya se verá cual será la postura de las legiones en donde Ivonne Ortega mantiene una influencia real producto de mantenerse cercana a su gente. Cada cual tendrá su opinión y referencia propia así como la decisión de permitir la llegada de Ramírez Marín a la posición para la cual lo ha seleccionado el inquilino provisional de Los Pinos.
Se encontrará de frente, muy posiblemente, con la figura de Liborio Ávila, su trayectoria, la fama creada y con una amenazante cercanía con el líder de Morena. Se recuerda ganó la alcaldía de Valladolid rivalizando con el tricolor, partido cuya decisión fue no darle la candidatura. Más tarde, sugirió la llegada como abanderada del PRI de quien hoy ostenta la presidencia municipal de la segunda ciudad más importante de Yucatán y tampoco la aceptaron por lo cual contendió y triunfó para Morena, logrando la posición estando hospitalizada a causa de un accidente carretero justo cuando se dirigía a un mitin encabezado por el tabasqueño. ¿Quién fue realmente el triunfador de esa contienda? La familia Ávila es de las tradicionales en Yucatán. Sus tiendas de deportes durante décadas fueron las únicas y prácticamente lo siguen siendo; suman a sus negocios otros establecimientos comerciales por lo cual a la experiencia empresarial don Liborio ha sumado la política sin conocerse hasta la fecha de privilegios.
El PAN bien podría inclinarse por el senador Daniel Ávila, conocido y reconocido por sus permanentes críticas ligadas a la corrupción y, en meses anteriores, por las lanzadas durante la campaña de los candidatos a la gubernatura quintanarroense. En el presente se ha lanzado en contra de las navieras en esa entidad y los calificativos sobre las operaciones de éstas no se han hecho esperar. En su partido esperan no las extienda a otras áreas en donde la inversión yucateca lleva mano, creando razones para ser eliminado de la seria lista de aspirantes que tienen registrados para esa posición y entidad. Sobre el tema del transporte marítimo de pasajeros en las rutas Playa del Carmen-Cozumel; Puerto Juárez-Isla Mujeres, y viceversa, en donde el registro rebasa los 8 millones de usuarios, advierte sobre la posibilidad de inversiones con dinero producto de actividades ilícitas o lavado de dinero.
En dos puntos de su informe presentado ayer, el senador Ávila expone la posibilidad de ser las grandes navieras auténticas lavadoras de dinero, ante censurables omisiones del gobierno federal y presunta complacencia de las administraciones estatales. Propuso por lo tanto un punto de acuerdo en donde solicita la intervención de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) porque, abunda: “se trata de un mercado sin condiciones básicas de competencia señaladas por la normatividad vigente. Debido al potencial turístico de Quintana Roo, los puertos de Cozumel e Isla Mujeres representan en conjunto un promedio de 8.5 millones de pasajeros”.
Refiere la existencia de un claro desorden –aparentemente no detectado por la APIQROO y su titular Alicia Ricalde Magaña o tal vez con la complacencia de la ex presidenta de Isla Mujeres por razones obviamente económicas-, lo cual propicia un mercado de pasajeros cautivos, que son transportados en barcos inadecuados, obsoletos y en condiciones deplorables, cobrando tarifas discrecionales y cerrando el paso a la competencia. El documento señala “dos datos paradigmáticos: Isla Mujeres tiene tráfico de 4.3 millones de pasajeros al año, operado sólo por la empresa Ultramar.
“Las navieras más fuertes cierran paso a la competencia y, cuando esta se presenta, se dan a la tarea de imponer de manera temporal tarifas más bajas para los pobladores, no así para los turistas, las cuales quienes apenas ingresan a ese mercado no pueden sostener, razón por la cual anuncian prontamente su quiebra y le dejan libre el mercado a este tan protegido monopolio. Una vez logrado el objetivo de cierre de operaciones del competidor, vuelven a elevar las tarifas muy por arriba del costo anterior llegando a un acuerdo con la otra empresa en funciones de la cual han recibido respaldo para no permitir a nadie más ese comercio”. Según el panista: “La falta de regulación federal del transporte marítimo en Quintana Roo ha permitido que unos pocos, con mayor poderío económico, en ciertos casos de dudosa procedencia, impongan sus reglas convirtiéndose en verdaderos depredadores del resto de los prestadores del servicio”.
De manera específica señala: “La falta de regulación es relevante, ya que por ser un mercado en donde se invierte sin control fiscal y sin reportar pérdidas operativas en periodos –para quebrar a eventuales competidores–, carece de controles de cobros en efectivo, no hay facturación, y es altamente vulnerable al lavado de dinero e ingreso de capital de dudosa procedencia”. Ya se verá si del tan celebrado informe de ayer surgen las pedradas enviadas para impedir su postulación y provenientes de aquellos a quienes sus denuncias beneficiaron para lograr ambiciones y objetivos.
LO DIJO EPN: “TAMBIÉN A MI ME ESPÍAN”
Con la confianza que da saber en México impera una impunidad casi al 100 por ciento, el ex gobernador de Puebla, aspirante presidencial del PAN y asesor estrella de Carlos Manuel Joaquín González, gobernador de Quintan Roo, Rafael Moreno Valle, pidió a la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo del inoperante Raúl Cervantes, lo investigue por la acusación en torno a la operación de una red de espionaje por medio de la cual se intervinieron conversaciones del presidente Enrique Peña Nieto y varios de sus secretarios de Estados.
Como se lo referíamos el día de ayer, también revelaron en la denuncia presentada, fueron espiados en diversos periodos, los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, los entonces titulares de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, y de Desarrollo Social, Rosario Robles, además de la esposa del presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala. La solicitud de Moreno Valle a Cervantes a través de una misiva, en verdad sale sobrando pues existe en la PGR una denuncia presentada el pasado 24 de agosto por estos hechos: FED/SEIDF/CGI-UE/0001938/2017, razón por la cual ya debe estar en marcha la investigación correspondiente.
Por si el gobernador de Quintana Roo no estaba enterado, uno de los relacionados con este espionaje, el actual diputado federal panista Eukid Castañón, fue nada más y nada menos el responsable de instalar en Benito Juárez otro centro para espiar y lo mandó levantar el ex presidente municipal y hoy dueño de la franquicia del PES, Gregorio Sánchez, mejor conocido como “Greg”. Originario también de Puebla, ya desde entonces seguramente veía lograr una extensión de su entidad hasta estas tierras y de ahí su afición, siendo egresado de la Universidad de la Américas, por forjar futuros basados en la información obtenida de manera ilegal.
Al historial de denuncias por abuso de autoridad, uso desmedido de la fuerza pública, persecución política de opositores e intimidaciones contra activistas, Moreno Valle suma actividades encuadradas plenamente en el terreno criminal, que lo exhiben como un personaje sin escrúpulos para alcanzar los fines políticos que persigue. Un político de estas características, ya se vio, es un verdadero peligro para la sociedad mexicana, más cuando aspira a ocupar la máxima magistratura de la Nación.
Estamos frente al segundo escándalo de espionaje por entidades gubernamentales que estalla en el país en los meses recientes. Apenas el pasado 19 de junio, un reporte elaborado por organizaciones de derechos humanos y defensores de la libertad de expresión reveló el gobierno federal adquirió de la empresa israelí NSO Group el software conocido como Pegasus, mediante el cual los teléfonos celulares son infectados para tener acceso a llamadas, correos electrónicos, citas de calendario e incluso activar la cámara y el micrófono del dispositivo.
La PGR, de acuerdo con Raúl González Vázquez, quien se identificó como ex trabajador del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), tiene ya audios y pruebas de la existencia del espionaje, operado por uno de los tres aspirantes a contender por la Presidencia de la República por el PAN, lo cual lo involucra en actividades criminales de una gravedad relevante. Resulta urgente la PGR analice los materiales puestos en su poder, realice una investigación exhaustiva para conocer el alcance del espionaje y fincar las sanciones correspondientes, todo ello antes de pensar en ser palomeado por el Senado para ser Fiscal General.
El desempeño del procurador Raúl Cervantes ha sido más oscuro que gris. Ninguno de los asuntos pendientes en la agenda de su antecesora ha sido debidamente aclarado, ni se le ha seguido algún juicio, son inexistentes las conclusiones de muchos, muchos expedientes, incluyendo obviamente el de Ayotzinapa. En el presente tiene no solamente el caso Odebrecht-Lozoya-Joaquín-Cervantes, sino el del futbolista Marqués, el cantante Julión y deberá aclarar prontamente los detalles de la operación de una oficina clandestina desde la cual se realizaban escuchas ilegales a políticos del más alto nivel, a los familiares de éstos, e incluso a periodistas. El asunto es de una gravedad extrema pues según el denunciante, las intervenciones telefónicas no sólo tenían la finalidad de obtener información sobre rivales políticos sino que se utilizaron para poner en manos de criminales a ciudadanos.
¡CUIDADO! PRÓXIMO DERRUMBE
Cuando todo apuntaba a un éxito del tricolor logrado con una división panista llevada a cabo entre los senadores y su dirigente nacional, se les atravesó la ciudadanía haciendo meditar a los legisladores sobre su posición de respaldo al nombramiento de Raúl Cervantes como Fiscal General, logrando, además, unir a los blanquiazules en este objetivo por lo pronto y ya se verá después en cuales otros renglones, porque los perredistas se les sumaron en esta oposición, como se verá lo harán en otros renglones los próximos tiempos tratando de facilitar la conformación de un solo frente para la contienda por la Presidencia de la República y tal de nuevo en la postulación de candidatos a gobiernos estatales.
Así las cosas, aglutinados en los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva, líderes empresariales, defensores de derechos humanos y representantes sociales exigieron al Senado de la República prohibir el pase automático a la Fiscalía General a Raúl Cervantes, actual titular de la PGR. Llevan consigo una propuesta de 9 iniciativas mantenidas en calidad de “congeladas” cuyo objetivo es reformar el 102 constitucional base sobre la cual sustentaron la dependencia con la cual se sustituye a la PGR, exigiendo como prioridad su independencia.
Al encontrarse vigente hasta el 2022 quien resulte nominado Fiscal General, Raúl Cervantes, de filiación claramente priísta, es la garantía de total impunidad para quienes, desde la Federación se hubiesen conducido de manera inapropiada, abusiva e ilegal. De ahí que el presidente del PAN, Ricardo Anaya, asegurara que ninguno de los 38 senadores panistas votará a favor de Cervantes, posición similar a la adoptada por Dolores Padierna, coordinadora del PRD en la Cámara alta, al considerar inaceptable la propuesta de nombramiento.
Los activistas también solicitaron se garantice la autonomía de las fiscalías especializadas en anticorrupción, de delitos electorales y de los derechos humanos de nueva creación. De manera concreta, plantearon reducir de nueve a seis años el periodo del Fiscal, sin posibilidad de reelección. Propusieron crear diversos contrapesos democráticos al interior de la Fiscalía, como un Consejo del Ministerio Público de la Federación. Asimismo, establecieron que la Fiscalía tenga facultades para atraer casos de los estados, cuando las fiscalías locales no tengan la independencia necesaria para resolverlos.
Al tiempo de presentar el proyecto, acordado entre colectivos de víctimas, académicos, sociedad civil organizada y el sector empresarial, el cual será entregado al Congreso en los próximos días, los firmantes denunciaron prevalecen en México las violaciones graves a derechos humanos, la corrupción rampante, el crimen organizado y una lacerante impunidad. “Todas las expresiones del México de la injusticia tienen un denominador común: la ausencia de una Fiscalía autónoma, capaz e independiente que cimente nuestro Estado de Derecho”, coincidieron.
La PGR se encuentra capturada por intereses políticos y económicos distintos al interés público y ha sido diseñada para ser el complemento perfecto del añejo presidencialismo mexicano, incapaz de cumplir con su mandato. ”La PGR es uno de los más costosos y dañinos obstáculos a la impartición de justicia en México. La evidencia esta ahí, salvo para aquellos que no la desean ver”, destacaron e hicieron ver se pretende el mismo camino solamente con un cambio en el nombre.
Habrá de hacerse notar ha sido en Coahuila en donde lograron el nombramiento de un Fiscal a modo para la familia Moreira y, con ello, se ejemplifica lo que puede suceder en otras entidades, en donde se calificó como “blindador oficial” a quien nombraron los ex gobernadores que dejaron recientemente el poder, para dar paso a la especulación sobre la llegada de otros personajes ligados a los intereses de quienes encabezan los gobiernos anunciados como “del cambio”.
Por cierto, el silencio de El Bronco, Jaime Rodríguez, mandamás en Nuevo León; de Javier Corral, gobernador de Chihuahua; de Quirino Ordaz Coppel, mandatario en Sinaloa, con relación a sus antecesores hace ver la llegada de otra clase de fiscales muy, pero muy afines a la corrupción. O ¿dónde están sus tan denunciados ex gobernadores culpables de todo mal?
DE LOS PASILLOS
Ojalá pueda Usted referirnos el olor de la nominación de estos hombres cuyos nombres se han escuchado hasta el cansancio y que se sabe habrán de conformar el gabinete de Alfredo del Mazo, si es que finalmente logra sentarse en la silla de gobierno mexiquense: de la Cámara de Diputados y en virtud de no poder dar otro “chapulinazo”, César Camacho ocupará la secretaría de Gobierno; Arturo Centeno Camp, actual director de seguridad pública en Ecatepec, será el responsable del área a nivel estatal, como si en ese municipio imperara la seguridad; el eterno busca chambas y líder de la posición entodasquedomal, Emilio Chuayffet, encabezará la SEP, seguramente basados en su excelencia como alumno en la primaria; el controvertido y multicuestionado Jacob Rocha ira nada menos que a la Secretaría de Desarrollo, de donde surgen los mejores negocios; Susana Osorno Belmont va al Instituto Mexiquense de la Juventud; para la Secretaría de Movilidad, Abel Domínguez Azuz; la Secretaria Técnica del gabinete la encabezará Federico Villegas. Elba Chávez Lomelí está al frente de la Coordinación General de Comunicación; José Ignacio Pichardo Lechuga, hijo del ex gobernador Ignacio Pichardo Pagaza, está en Desarrollo Agropecuario; en tanto, en lo referente a Desarrollo Urbano y Metropolitano nombrarán oficialmente a Ana Lilia Herrera; Maricela Serrano Hernández, va a la Secretaría del Trabajo; Alejandra del Moral al Consejo Estatal de la Mujer; y a Salud María Elena Barrera; Pedro Basáñez García, en Medio Ambiente; Azucena Olivares a la Comisión de Agua; y Armando Neyra Chávez a la Contraloría… Si se le hace a otro del Mazo, con esa yunta le tocará arar… Y pertenecen a la hacienda de Peña Nieto y de Eruviel en su mayoría…
En Quintana Roo flaco favor le han hecho al gobierno estatal quienes siguen dejando caer cuanta suciedad se puede en los medios de comunicación y con ello dejando exhibidos, desnudos, a los de antes y a los de ahora. Con certeza no se conocen los montos reales, ni pasados ni actuales, porque resulta ser, por ejemplo, el dentista Eleazer Villanueva era quien hacia los pagos a dueños, colaboradores, analistas, columnistas y textoservidores, tarea encomendada en dos sexenios. Se han dado a conocer montos pagados por municipios como Solidaridad que resultan incomprensibles si se toma en cuenta que la suma anual es similar al monto que reclaman como desviado por la administración anterior y, obviamente, severamente criticado y hasta denunciado. Aparecen otras listas del gobierno estatal con nombres nunca escuchados en el medio y por lo tanto hacen poco confiable la información. En fin, al parecer no ha resultado suficiente el discursito sobre la transparencia en las relaciones con los medios de comunicación, con la publicidad contratada, cuando las facturaciones se ordenan mañosamente y desde el mismo escritorio que ocupara el tan señalado ocupante de la vocería, hoy con otro nombre pero con mañas mucho peores, porque hacen cómplices a los contratantes de sus medios poco claros de operación, a los cuales respaldan arguyendo responden a las reglas fijadas desde la Federación…
A dos días de que el presidente Enrique Peña Nieto rinda su V Informe de Gobierno, con una aceptación menor al 20 por ciento, la impresión generalizada en todo el país es que la estrategia de combate a la violencia y al crimen ha sido un total fracaso. En lo que va del año se han registrado más de 12 mil homicidios dolosos. Con esa cifra ¿quién podría creer en los discursos oficiales señalando se ha avanzado en materia de seguridad?… Otro tema espinoso será sin duda la corrupción, luego del socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos, y la elusión de responsabilidades del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza… También pesa la protección de la PGR a Emilio Lozoya, quien fue sobornado con 10.5 millones de pesos por la constructora brasileña Odebrecht, a pesar de lo cual no ha sido molestado…
Días antes de iniciar la segunda ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en la Ciudad de México, el aprendiz de canciller, Luis Videgaray, inició una visita a Washington, en donde se reunirá con el secretario de Estado, Rex Tillerson, así como con “otros funcionarios”, entre los cuales podría estar el asesor y yerno de Donald Trump, Jared Kushner… Esta visita se da en medio de las tensiones tras las reiteradas amenazas del presidente Donald Trump de salir del acuerdo… La negociación del Tratado compete a la Secretaría de Economía, pero el canciller lleva el ámbito político de la negociación…
Para el secretario de Economía, Idelfonso Guajardo, la posibilidad de que Estados Unidos abandone el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) “si existe y es alta”, por lo que llama ahora a “estar más listos para un plan B”. “Lo mejor que México puede hacer ante la atipicidad de la negociación es tener un plan alternativo, claro y pragmático, para enfrentar algo que no es nuestro objetivo, pero que puede ser el resultante de un proceso que no avance. Tenemos que estar listos para un escenario en el que Estados Unidos o su presidente dice: me salgo del NAFTA (TLCAN, por sus siglas en inglés)”, señala Guajardo.
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