Lilia Arellano.
“!El Estado soy yo!”: Luis XIV.
- Impunidad, el factor clave
- Sucesión indefinida: Osorio y Nuño aún factibles
- A. Meade conviene a la burguesía trasnacional
- EPN: corrupción, despojo, ilegalidad y violencia
- Gruesa armadura de impunidad a Emilio Lozoya
- Reforma energética un auténtico atraco a México
- Cajas en Cancún: despojo y absoluta trasgresión
- Incertidumbre en TLCAN escollo al crecimiento
Ciudad de México, 27 de noviembre de 2017.- Tras el forzado predestape de José Antonio Meade Kuribreña por parte de su amigo Luis Videgaray, el presidente Enrique Peña Nieto se apresuró a aclarar a todos: “el presidente soy yo y mi dedo elector será quien designe a mi sucesor”. El representante del tristemente celebre Grupo Atracomucho no tiene suficientemente claro si la dupla Meade-Videgaray le garantizarán toda la impunidad buscada al concluir su mandato, aunque un candidato extraño del PRI sea lo más conveniente para la alta burguesía local y trasnacional. El factor a considerar por el actual inquilino de Los Pinos es ese: su absoluta impunidad, frente a las promesas incumplidas de garantizar la paz y el cese de la violencia en el país, la persistente violación a derechos humanos en su mandato, así como los escandalosos casos de corrupción, los cuales permitieron un enriquecimiento ofensivo de la clase política por el mismo encabezada.
Las frases de Peña Nieto “andan bien despistados todos” y “el PRI no elige a sus candidatos por aplausos o elogios”, en referencia al prematuro destape de José Antonio Meade por parte del vicepresidente ejecutivo Videgaray, muestra la intención del mexiquense de ejercer su derecho a designar a su sucesor, o al menos al candidato presidencial del PRI. El Presidente sigue evaluando si Miguel Ángel Osorio Chong, actual secretario de Gobernación, es un sucesor más conveniente a su seguridad jurídica y económica; o si la ineptitud e inexperiencia de Aurelio Nuño le conviene más en la residencia oficial de Los Pinos, por ser un individuo más manejable. El factor a considerar sigue siendo con quién corre menos riesgos como ex presidente, y es ahí donde el hidalguense parece tomar ventaja. Todavía faltan varios días para conocer la repuesta y este periodo corre paralelo a los tiempos del PRI marcados en su convocatoria emitida el jueves para la postulación del candidato priísta a la Presidencia de la República.
Dicha convocatoria, cabe observar, confirma la participación de militantes o simpatizantes, e incluye una precampaña de dos meses, la cual culminará con la elección, en convención nacional de 19 mil 100 delegados, el 18 de febrero de 2018. Desde ahora y hasta el 30 de noviembre se recibirán las solicitudes de los aspirantes, sean militantes o simpatizantes. Además de llenar un formato, los militantes deberán realizar un recorrido con los sectores obrero, campesino y popular, así como con las organizaciones –mujeres, jóvenes, militares retirados y el Movimiento Territorial- para solicitar las firmas de los dirigentes que respalden su aspiración. Deben conseguir al menos tres firmas de los dirigentes o al menos ocho de los 32 presidentes de los comités directivos estatales, o las firmas de 630 mil militantes de un padrón de 6 millones 300 mil, o el equivalente a 25 por ciento del Consejo Político Nacional (CPN), esto es 182 de 719 consejeros.
Si deciden participar, Miguel Ángel Osorio Chong, Aurelio Nuño Mayer y José Narro Robles, así como Ivonne Ortega Pacheco, deberán cubrir esos requisitos estatutarios. En contraste, si José Antonio Meade participa sólo deberá presentar una solicitud, a partir de hoy y hasta el 30 de noviembre, al dirigente del PRI, Enrique “Clavillazo” Ochoa Reza, en su calidad de presidente de la Comisión Política Permanente (CPP), la representación del CPN. Ésta la enviará a la Comisión Nacional de Procesos Internos, que sólo confirmará si cumple los requisitos constitucionales y legales.
Los priístas o simpatizantes quienes pasen esa etapa se registrarán ante la Comisión de Procesos Internos el domingo 3 de diciembre, en la explanada de la sede de Insurgentes Norte. Tras 24 horas, dicha comisión emitirá el dictamen de quiénes fueron aceptados como precandidatos. A partir del 14 de diciembre y hasta el 11 de febrero inicia una etapa de precampaña, incluso si hay un solo precandidato. De forma paralela, el PRI emprenderá la elección de los 19 mil 100 delegados, entre el 6 y el 12 de diciembre.
Pero el factor clave a considerar no se da en las filas del PRI, sino en la propia conciencia de Peña Nieto: ¿con quién estoy más seguro?
DESPOJO E IMPUNIDAD A TODA COSTA
Un pequeño “detallito” de la reforma energética no explicado a los mexicanos por el gobierno de Peña Nieto ni por los legisladores de las principales fuerzas políticas, quienes la aprobaron en el Congreso de la Unión, fue: al pasar Pemex y sus filiales de paraestatal a empresa productiva del Estado, se convirtieron en compañías privadas a las cuales no se les aplica el derecho público, lo cual baja una gruesa cortina de humo a las transas ejecutadas desde la otrora empresa mexicana más importante del país. Además, los contribuyentes mexicanos no conocerán el destino de los más de 390 mil millones de pesos de dinero público que ejercerá Pemex en 2018, o los más de 385 mil millones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por ser empresas productivas del Estado.
En el fondo de este brutal despojo se encuentra la intención del gobierno federal de cubrir con una gruesa armadura de impunidad a un personaje clave en la amplia red de corrupción de la gestión del mexiquense: Emilio Lozoya, ex coordinador de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y acusado de haber recibido más de 10 millones de dólares de sobornos de la brasileña Odebrecht. Se le protege desde la Procuraduría General de la República (PGR), desde el Poder Judicial de la Federación, y hasta desde el Congreso de la Unión, donde se han reventado las sesiones para abordar las decisiones de Lozoya, y ahora desde el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI).
Ese “detallito” del suculento pastel energético del actual inquilino de Los Pinos, se reveló cuando el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) determinó el miércoles pasado: en la compra a sobreprecio (275 millones de dólares) de la planta chatarra Agro Nitrogenados, hecha por Pemex en 2013, no se uso dinero público, por lo cual quedará en secreto. Se cubre así de un gran manto de impunidad, una vez más, a Emilio Lozoya, quien como director de Pemex, gestionó esa cantidad millonaria en esa planta para producir urea y cuyas instalaciones y maquinaria tenían más de 30 años de antigüedad y 14 de inactividad.
Fue la magistrada Ximena Puente, quien argumentó: tras la entrada en vigor de la reforma energética, Pemex pasó de ser una paraestatal a una empresa del Estado, y sus filiales se convirtieron en compañías privadas a las cuales no se les aplica el derecho público. Así, determinó les es aplicable el secreto bancario, comercial y fiscal. Asimismo, clasificó como confidenciales los avalúos realizados a la planta de Agro Nitrogenados. El INAI determinó: Pro Agro Industria, S. A. de C. V., la filial de Pemex mediante la cual se hizo la compra en 2013, es un sujeto de derecho privado. Cabe destacar esa determinación se da a pesar de que cuando se hizo la adquisición de Agro Nitrogenados, Pemex y sus filiales eran consideradas empresas paraestatales, pues aún no entraba en vigor la reforma energética, la cual les cambió el estatus jurídico.
El pasado mes de febrero, al dar a conocer el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación reveló la adquisición de la planta se realizó a un sobrecosto de 93.1 millones de dólares; además, el 60 por ciento del complejo era chatarra. El análisis del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) advertía del deterioro de la planta.
Arely Cano y Oscar Guerra fueron comisionados quienes votaron en contra de esa decisión del INAI. “Existe un vínculo entre las operaciones que se realizaron con la intervención de la filial de Pemex, por lo que se trata de documentación que incide en el ámbito público, máxime si se toma en cuenta que la información obra en el expediente de una auditoría que se practicó a Petróleos Mexicanos”, señaló Cano. “Si los recursos de Pemex no son recursos públicos, entonces ¿qué son?”, cuestionó Alejandro González, miembro de la sociedad civil en el comité directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto.
El INAI busca proteger a Emilio Lozoya con el ocultamiento de la información de la compra que hizo Pemex de una planta chatarra durante su gestión, coincidieron en señalar diputados del PAN, PRD, Morena y MC. “El INAI debe reconsiderar y abrir la información sobre este descomunal desfalco a Pemex, porque lo que busca el gobierno federal es, a toda costa, la impunidad y proteger a Emilio Lozoya y su red de corrupción”, sostuvo Marko Cortés, coordinador de los diputados del PAN, quien consideró inadmisible la reserva de la información, pues se trata de un tema de interés nacional, en el cual los servidores públicos han desviado los recursos pertenecientes a todos los mexicanos.
A su vez, Jesús Zambrano, vicecoordinador del PRD en San Lázaro, cuestionó: “¿qué es lo que no se quiere que se sepa? ¿Quién está presionando para lograr inaudita resolución del INAI? Esta resolución, mediante argumentos que dan risa, no pueden ser casualidades, ¿a quién se quiere favorecer? Resulta increíble que en estos tiempos en que la ciudadanía pide transparencia, en que rechaza la corrupción que es un cáncer que afecta las estructuras de nuestro país, el INAI nos salga con esta resolución”, destacó el legislador del Sol Azteca.
“Hay intereses poderosos que están operando para que la información no se haga pública”, aseguró Vidal Llerenas, diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) e integrante de la Comisión que vigila el funcionamiento de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. En su opinión, el argumento del INAI revela el objetivo privatizador de la reforma energética, a pesar de que el gobierno de Peña Nieto lo ha negado. “Es un reconocimiento de que se le está quitando el carácter público a las empresas estatales, cuando se dijo que era para maximizar los recursos públicos”, señaló.
El INAI hace retroactiva una norma la cual entró en vigor con la reforma energética, pues cuando Pemex compró la planta chatarra tenía el régimen de paraestatal y no hay motivo para la reserva, pues son recursos públicos, aseguró Jorge Álvarez Máynez, diputado de Movimiento Ciudadano (MC).
DE ARRIBA NOS VIENEN LOS MALES
“Orden que no se sigue, no se cumple”, referían en el pasado quienes tenían bajo su responsabilidad llevar a cabo acciones, determinaciones emanadas de las alturas, surgidas en reuniones con organizaciones, con ciudadanos, con líderes dándole a su palabra la certeza del cumplimiento. Ha sido tan dramático el cambio sufrido en el área gubernamental y ahora nada de esto importa, no se privilegia ni se toma en cuenta el compromiso contraído. Se dan la media vuelta y se propicia el olvido. Todo apunta a que a raíz de no respetar la promesa de “cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen”, nada ya importa.
Hemos referido en estas mismas líneas lo sucedido en la conferencia de prensa brindada por quien por ahora tiene la responsabilidad de actos y acciones emprendidos por el personal de la PGR, de todos, de los policías y de los Ministerios Públicos, de los agentes, de quienes están detrás de los escritorios. Se supone -o por lo menos así se creía- que las ordenes giradas por su superior, por Alberto Elías Beltrán, deberían ser cumplidas bajo el principio de la disciplina y muchos otros más. Sin embargo, ha sido de nuevo en Cancún en donde se ejemplifica no existe ni siquiera la intención de cumplir con el trabajo por el cual se percibe salario, se pagan viáticos, se cuenta con prestaciones negadas a una inmensa mayoría de trabajadores mexicanos,
Todavía no despegaba el avión en el cual se transportaron el subprocurador habilitado de encargado del despacho y su comitiva, cuando sus agentes y Ministerios Públicos asignados para la entrega de las cajas de seguridad intervenidas desde hace un mes y tres semanas, se daban a la tarea de hacer todo lo contrario a lo expresado por el funcionario ante los medios de comunicación y ampliamente difundido como “ofreció disculpas a los usuarios de las cajas”. Siguen exigiendo, 24 y 48 horas después, el desistimiento de los amparos, continúan las disque entrevistas que son más bien interrogatorios, se niega la entrada a terceros, es decir a un abogado o a un fedatario, es necesario llevar todo tipo de documentación, desde declaraciones de impuestos hasta actas de defunción y fotografías para demostrar que el contenido de esas cajas de las cuales se tiene contrato, pago del arrendamiento y llave son propias y, lo mejor, quien se presenta es un mexicano honorable, con ingresos limpios.
Se evaden los principios legales, el de presunción de inocencia, el de tener que comprobar la parte acusatoria cuenta con pruebas para poner en duda cualquier actividad o la honorabilidad del ciudadano y, al hablar el funcionario de “una situación atípica”, como calificó a la revisión de las bóvedas, vuelve a convertir en guano al derecho. Estos hechos bien podrían ser aprovechados por otros gobernantes cuyos subalternos se encargan de poner en entredicho su gestión, la fortaleza de ésta y el mismo mandato. No es Elías Beltrán el único con estos padecimientos, el cuadro de lo ordenado por la cabeza y el viacrucis de convertirlo en realidad es una lucha permanente de los ciudadanos. En múltiples ocasiones se habla de ser más fácil ver a la cabeza que a los segundones o tercerones.
En el caso que nos ocupa se vio al más alto funcionario de la PGR pedir –no ofrecer- disculpas que ver a Soto, el agente más odiado por los usuarios, guardar un comportamiento amable o dar alguna explicación o evitar sus actitudes amenazantes. Ante estas demostraciones ya se puede usted imaginar el calvario de quienes han solicitado justicia, de los demandantes de respuestas sobre los causantes de las muertes de sus hijos, de sus esposas, de su familia. Si no han sido capaces de llevar a cabo una acción correcta, en donde los involucrados cuentan con recursos para la contratación de abogados, conocen sus derechos, saben de la comisión de arbitrariedades, ¿de qué proporción es la burla sobre aquellos demandantes de justicia surgidos de comunidades, de pueblos en donde es mínimo el conocimiento de la ley y campea el hambre?
Se pudo creer en algún momento existía una información equivocada de los hechos en el centro del país, sobre el escritorio del funcionario. Sin embargo, la experiencia de los días siguientes a su afirmación de eliminar trámites, de redoblar el número de Ministerios Públicos, de hacer ágil la entrega de las pertenencias, habla de otra burla más, de esa forma vista desde las alturas en donde se ubican quienes han olvidado su base: el servicio público. ¿Sobre esta clase de funcionarios debemos poner la esperanza de recobrar el Estado de Derecho?
INCERTIDUMBRE POR TLC PEGA A CRECIMIENTO
La incertidumbre asociada a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) complica el balance de riesgos para el crecimiento económico, de acuerdo a la opinión de la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México (BdeM). Dicha incertidumbre “ha mantenido en niveles deprimidos la inversión y posiblemente es una de las causas de la desaceleración del consumo”, destacaron.
Estados Unidos, Canadá y México concluyeron la quinta ronda de renegociación del TLCAN con pocos avances. Washington mantiene su amenaza de abandonar el pacto si no logra condiciones favorables.
El banco central del país bajó su pronóstico para el crecimiento económico de este año a un rango de entre 1.8 y 2.3 por ciento frente a 2.0-2.5% previo, debido a una menor actividad vinculada a los sismos de septiembre y a la contracción de la producción petrolera. Obstaculizada por al caída en la producción industrial y una menor actividad en los servicios, la economía mexicana se contrajo 0.3 por ciento en el tercer trimestre de este año, en comparación con el nivel registrado en el trimestre previo, reportó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
El PIB del país, en su comparación anual, registró un incremento real de 1.6 por ciento durante el periodo julio-septiembre de 2017 con relación a igual lapso de 2016. Con esos resultados, en el periodo enero-septiembre, la economía mexicana reportó un crecimiento de 2.2 por ciento, compara negativamente con el repunte de 2.9 por ciento en el mismo lapso de 2017. Esto confirma la desaceleración de la economía en la segunda mitad del año, proceso advertido ya por analistas financieros y por el Banco de México. Los sismos, huracanes y la caída en la producción de petróleo fueron los factores que afectaron la actividad económica en el tercer trimestre del año.
DE LOS PASILLOS
Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena, anunció en Jalisco se registrará como precandidato a la Presidencia por ese instituto político el próximo 12 de diciembre… Por otro lado, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, sostuvo: “Ricardo Anaya forma parte del Frente Ciudadano por México con doble camiseta: como aspirante a la candidatura presidencial y como dirigente del PAN”… El mandatario capitalino precisó no participará en la elección del candidato del FCM en caso de no existir un proceso democrático… Antes había adelantado su intención de ser sólo candidato presidencial del PRD.
Entre las promesas incumplidas del presidente Enrique Peña Nieto destaca la de “devolver” la paz y la tranquilidad a los mexicanos. En los primeros 10 meses de este año, 16 entidades del país ya superaron las tasas de homicidio doloso registradas en todo 2011, el peor año de la llamada “guerra contra el narco” declarada por Felipe Calderón. De seguir la misma tendencia, 22 estados superarán en 2017 las cifras del sangriento 2011. Se espera este año cierre con poco más de 24 mil asesinatos, una tasa de 20.2 por cada 100 mil habitantes, la más alta de los últimos 20 años… Los gobiernos federal y estatales han fracasado en su estrategia para mejorar la seguridad del país y contener la crisis de homicidios, coinciden expertos en seguridad y organizaciones civiles.
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