En Lomas Verdes, Naucalpan, crece una pregunta entre residentes de distintas secciones: ¿a quién representan realmente las asociaciones vecinales? Durante años, estas organizaciones han sido vistas como mecanismos de administración, seguridad y defensa comunitaria. Sin embargo, en distintos puntos de la zona se acumulan señalamientos por falta de transparencia, decisiones tomadas sin consulta y posibles intereses personales o políticos detrás de estructuras que, en los hechos, operan con pocos contrapesos.
El debate vuelve a tomar fuerza en un momento en el que vecinos de la Primera Sección han convocado a una manifestación para exigir que se escuche su postura frente a un desarrollo inmobiliario ubicado en Paseo del Faisán, cuya operación podría impactar directamente en la movilidad, seguridad y vida cotidiana del fraccionamiento. De acuerdo con información pública, el proyecto contempla un conjunto habitacional en la zona de la Primera Sección de Lomas Verdes. El problema, según vecinos inconformes, no es únicamente la existencia del desarrollo, sino la posibilidad de que su acceso termine utilizando vialidades internas y puntos de control de la comunidad.
Para los residentes, permitir nuevos flujos vehiculares por una zona que ya enfrenta saturación representaría una afectación directa a quienes viven ahí desde hace años. La inconformidad aumenta porque aseguran que no han sido escuchados ni por la asociación vecinal ni por las autoridades, a pesar de que el tema involucra seguridad, movilidad y calidad de vida. Vecinos de la Primera Sección también han señalado que la asociación ha tomado decisiones sin consultar de manera abierta a la comunidad. Incluso, afirman que han solicitado la renuncia de los actuales dirigentes, a quienes acusan de negarse a dejar el cargo y mantener una postura cerrada frente a los reclamos vecinales.
Pero la Primera Sección no es el único punto de conflicto.
En la Sexta Sección de Lomas Verdes, vecinos volvieron a cuestionar recientemente el manejo de recursos de la Asociación de Colonos Residencial Lomas Verdes, A.C., luego de que en chats vecinales circularan nuevamente estados financieros y documentos relacionados con los gastos de la asociación.
De acuerdo con residentes inconformes, el tema tampoco es nuevo. Desde hace varios años han señalado falta de transparencia en los reportes financieros, ausencia de desgloses claros y dudas sobre distintos pagos realizados con cuotas aportadas por los propios colonos.
En la Sexta Sección, la inconformidad vecinal se ha concentrado en distintos pagos a proveedores y rubros administrativos que, de acuerdo con residentes, no han sido suficientemente justificados ni acompañados de documentación clara. Entre los conceptos señalados aparecen gastos de vigilancia, mantenimiento, servicios, papelería, bonos, impuestos, comisiones bancarias y honorarios profesionales. Dentro de estos últimos, uno de los rubros que más cuestionamientos ha generado es el de honorarios legales. Algunos residentes han señalado presuntamente a un abogado de apellido Miramontes como vinculado a dichos pagos, los cuales, aseguran, no han sido explicados con suficiente claridad en cuanto a servicios prestados, resultados obtenidos y criterios de contratación.
Para los colonos inconformes, el problema no se limita a un solo proveedor, sino a una práctica más amplia: pagos relevantes con recursos vecinales que, aseguran, no han sido explicados con el nivel de detalle que debería exigirse a una asociación que administra cuotas de mantenimiento de toda una comunidad. La discusión se vuelve más amplia cuando se observa que distintos actores vinculados a la vida vecinal de Lomas Verdes también aparecen relacionados con estructuras políticas locales. En registros públicos electorales, Valeria del Portillo, exdirigente vecinal de la Sexta Sección, aparece vinculada a la planilla municipal de Movimiento Ciudadano en Naucalpan, como suplente de Esther Tapia
A ello se suma que figuras del mismo entorno político, como Ana Ramírez Cendón y la propia Esther Tapia, han protagonizado episodios públicos recientes con autoridades municipales. En el caso de Ramírez Cendón, además, existen antecedentes periodísticos en los que vecinos y comerciantes de Boulevares la señalaron por presunto abuso de poder, corrupción y supuestas prácticas de extorsión. Para residentes inconformes, estos elementos abren una pregunta de fondo: si algunas estructuras vecinales están funcionando únicamente como espacios de representación comunitaria o si también se han convertido en plataformas de influencia política, presión social y control territorial.
El caso de Lomas Verdes refleja un problema más amplio en el Estado de México: la falta de regulación clara sobre las asociaciones vecinales. Al administrar recursos, tomar decisiones sobre seguridad, accesos, proveedores, obras y representación comunitaria, estas organizaciones inciden directamente en la vida de cientos de familias. Sin embargo, en muchos casos no existen mecanismos suficientes para obligarlas a transparentar sus decisiones, renovar liderazgos o rendir cuentas de manera efectiva.
Hoy, con vecinos de la Primera Sección movilizándose contra decisiones que consideran impuestas y colonos de la Sexta Sección retomando cuestionamientos sobre estados financieros, Lomas Verdes vuelve a colocarse en el centro de una discusión que va más allá de una caseta, un desarrollo o un proveedor. La pregunta de fondo es quién controla realmente a las asociaciones vecinales y qué herramientas tienen los residentes cuando sienten que quienes deberían representarlos han dejado de escucharlos.
Mientras no existan reglas claras, transparencia obligatoria y procesos democráticos verificables, las asociaciones vecinales seguirán siendo espacios vulnerables a cotos de poder, intereses personales y conflictos que terminan dividiendo a las comunidades que dicen proteger.
