Lilia Arellano.
Hoy, ante el priísmo de México, ante los mexicanos, expreso
mi compromiso de reformar el poder para democratizarlo y
para acabar con cualquier vestigio de autoritarismo”: Colosio
- Corrupción e impunidad enseñoreadas
- Estado obstaculiza el sistema anticorrupción
- Omisión del Congreso en rubros legislativos
- Es corrupción motor de clase política: Iglesia
- Ignora EPN recomendaciones de la ACNUDH
- ¿Declararán loco a Duarte para eludir cargos?
- Complicidades en Instituto Nacional Electoral
Ciudad de México, 25 de Julio de 2017.- Un gobierno sustentado y beneficiado por la corrupción y blindado por la impunidad, no tiene ningún interés en contar con un eficiente Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el cual actualmente se encuentra sumamente limitado pues opera sin el correspondiente paquete de leyes y sin fiscal anticorrupción. El régimen también exhibe resistencias para establecer un consejo asesor contra la impunidad, formado por expertos en la defensa de las garantías fundamentales y justicia, tal como lo recomendó hace más de un año el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Mientras, la corrupción permea y asfixia la vida pública del país en todos los niveles, además de favorecer en gran medida el crecimiento del crimen organizado, como lo denunció la Arquidiócesis de México.
De ahí se explica que funcionarios como Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, sean inamovibles, y permanezcan intocables los vínculos de la clase política actualmente en el poder con consorcios inmersos en diversos escándalos, como el corporativo español OHL, Grupo Higa, la familia San Román y las empresas Aldesa, Gutsa, Altán y Alstom. Tiene todo el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto y nadie lo mueve pese a sus errores, los escandalosos sobreprecios en decenas de licitaciones organizadas a modo, las evidencias de presunta corrupción en su trayectoria profesional, o sus erradas declaraciones ante accidentes trágicos como el del miércoles 12 en el Paso Exprés de Cuernavaca. No tienen efecto las crecientes voces, incluso de legisladores federales, quienes piden su remoción y lo llaman “esteta de la corrupción”.
Como el nacimiento de este Sistema es un logro de los ciudadanos, está muy clara la decisión de ir prolongando su puesta en marcha debidamente y se alarguen también las reglas secundarias para obtener la efectividad deseada. No se le otorga a la sociedad ni un solo punto en favor y a tiempo para lograr resolver esos asuntos que el Estado ha dejado de lado, ha incumplido e inclusive abdicado con todo y las responsabilidades. Los mantos de protección están a la vista y en ellos se incluyen querencias, compadrazgos o ¿no ha sido suficientemente clara la decisión de omitir en todo momento a Caminos y Puentes en el asunto del socavón? ¿Se recuerdan los hechos en la Autopista del Sol? ¿Hubo quien revisara presupuestos y obra de recuperación y lo referente al camino alterno?
Esta dependencia se ha convertido en la “caja chica presidencial” y ¿quién o quiénes de los participantes en ese tipo de obras, en las licitaciones, en las asignaciones directas y, posteriormente, en el otorgamiento de concesiones, tiene más futuro? Al titular de la SCT poco le queda por hacer, en cambio a Benito Neme y a toda la dinastía de don Salvador, suponen tienen un amplio camino por recorrer y éste va de la fructífera y permanente venta de medicamentos, al espacio aéreo, a lo relacionado con la seguridad e inclusive con la diplomacia y, ¿porqué no?, la gubernatura de Tabasco.
Como insostenible han calificado diversas organizaciones civiles el grado de corrupción existente en el país, de ahí que la sonrisa de Javier Duarte no sea sino una mueca más de las hechas y lanzadas a millones de mexicanos al cierre de cada negocio, a la venta de cada zona petrolera, a cada despojo logrado y multiplicado para hacer ver se es mucho más fregón que quien lo o los antecedió en el cargo. Sólo nos falta la trompetilla para quedar ciertos del tamaño de las burlas. Cada renglón, cada asunto, cada sector, cada presupuesto, cada dictamen, es un filón de negocio, de obtención de multimillonarias ganancias bien depositadas y resguardadas en bancos cuya operación es parte de la complicidad pactada.
Habrá de observarse la inexistencia de dignidad, de respeto hasta para sí mismos. No haría falta el despido de Gerardo Ruíz Esparza si solito asumiera su responsabilidad, las omisiones vistas desde todos los ángulos y la falta de cumplimiento en el servicio al dejar en manos de segundos, terceros y cuartos, obras de esas que pretendieron darle brillo al mandato de EPN. Por lo menos y dentro del sentido de la lealtad, haciendo gala del agradecimiento a quien lo puso en donde las bolsas, los portafolios, las petacas no son suficientes para guardar el producto de las jornadas laborales, debió estar atento al curso de la obra en la cual, por cierto, dicen se hicieron los estudios de suelo y éstos fueron cobrados; pactaron 32 millones de pesos pero… no los encuentran.
NEGLIGENCIA DEL CONGRESO
La Arquidiócesis de México, en reciente editorial del semanario Desde la Fe, titulado “Corrupción y Negligencia”, considera la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción llega con un pronóstico fatal. Nace sin la voluntad de la clase política y ante esa negligencia se pregunta: “¿por qué la clase política se resiste a terminar con la corrupción? ¿Será porque ésta se ha convertido en su motor?”. También destaca el SNA entra en vigor con “graves carencias”. El conjunto de leyes las cuales el Congreso estaba obligado a conformar “pasaron por la resistencia de la clase política” y la puesta en marcha del sistema debe pasar por otra etapa la cual lo mantiene “empantanado y sin la posibilidad de que pueda operar plenamente”. La Iglesia católica lamenta haya terminado en el cajón legislativo la designación del fiscal anticorrupción y se haya postergado la designación de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa para la integración de las salas especializadas.
Actualmente, el Sistema Nacional Anticorrupción está frente a un vacío institucional el cual implica el no cumplimiento del mandato constitucional y legal. Un artículo transitorio de la reforma constitucional de 2014, señala: al entrar en vigor la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), el procurador en funciones pasaría en automático a ser el fiscal. Pero tal nombramiento en automático no es deseable. Existe incluso una iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para reformar ese transitorio, pero el Congreso no lo ha procesado. Además existen otros escollos legales:
Entró en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual amplía la posibilidad de identificar actos de corrupción, pues el Órgano Interno de Control, el cual realiza la investigación de una posible falta administrativa grave, no será el sancionador, sino será un magistrado del Tribunal Superior de Justicia Administrativa especializado en materia de corrupción. Ese tribunal deberá estar integrado por 18 magistrados, quienes fueron propuestos por Peña Nieto, cuatro día antes de concluir el periodo ordinario de sesiones, por lo cual no hubo tiempo para dictaminarlos. La ausencia de estos magistrados implica la inexistencia del tribunal competente de los casos de responsabilidades graves generadas a partir de hoy.
Está pendiente la conformación de los Sistemas Locales Anticorrupción con los parámetros y criterios del sistema nacional. Sólo tres estados los cumplieron: Querétaro, Jalisco y Nuevo León. Además y particularmente grave es que no hay fiscal anticorrupción, una figura creada en la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014. Dicha reforma no ha entrado en vigor porque las disposiciones transitorias fijaron, como condición para el inicio de su vigencia, que el Congreso de la Unión expida una serie de normas, como la Ley Orgánica para la Fiscalía General de la República, reformas a la Ley de Amparo y a la Ley de la Administración Pública Federal. Ya han pasado cerca de tres años y medio y no se han emitido.
La reforma de 2014 establece en los transitorios una regla provisional: el Senado nombraría por única vez al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y del fiscal anticorrupción. Dichos funcionarios estarán en funciones hasta el 30 de noviembre de 2018. Pero el Senado no lo hizo y ahora, si los llega a nombrar, sólo le restarían 16 meses en funciones, en los cuales no se podrá consolidar la institución. Ese fiscal debería tener cuando menos cuatro años y que el fiscal general no pueda removerlo libremente, porque eso le restaría autonomía técnica y potencia para entrar de lleno a la investigación de casos de corrupción. Además, necesita investigar con autonomía e independencia técnica, la cual no tiene, observó César Chávez Flores, ex visitador de la PGR y uno de los candidatos a ocupar la Fiscalía Anticorrupción.
La decisión de los legisladores no debe centrarse en quién ocupará la Fiscalía Anticorrupción, sino cómo tiene que funcionar para dar resultados, “porque está claro que así como está diseñada, aún cuando se designará al mejor mexicano en esa posición, estaría atado de manos para realizar su trabajo”, consideró Chávez Flores. A la crisis a la cual se ha llegado por la inmovilidad legislativa, es un escenario propicio para que se hagan las reformas de fondo y después se designe a las personas quienes deberían estar al frente de las fiscalías, agregó.
FRENAN CONSEJO ASESOR CONTRA IMPUNIDAD
Más de cien organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta a Reid Ra´ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a fin de solicitar su intervención para que las autoridades mexicanas aceleren la creación del consejo asesor contra la impunidad, la cual es una de las 14 recomendaciones de esta instancia internacional al gobierno mexicano en marzo de 2016. Organismos como los centros de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas, Miguel Agustín Pro Juárez, Diocesano Fray Juan de Larios y la Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todos y Todas”, entre otras, subrayaron:
“”Le escribimos con preocupación ante lo que parece una contundente resistencia por parte del Gobierno de México a implementar la primera recomendación que usted dirigió al Estado en marzo de 2016, después de su visita a México. A más de un año de que usted recomendara establecer un consejo asesor compuesto por personas expertas en el campo de los derechos humanos y el combate a la impunidad para asesorar a las autoridades mexicanas sobre estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción para revertir la tasa de impunidad imperante en el país, la administración de Enrique Peña Nieto no ha mostrado ningún avance en la implementación de la misma”.
Y agregaron: “Pese a reiterados esfuerzos por parte de la sociedad civil mexicana en establecer un diálogo y ruta metodológica para el establecimiento del consejo asesor recomendado, hasta el momento las autoridades mexicanas se han mostrado omisas e incluso resistentes para dar seguimiento a dicha recomendación”. Asimismo, lamentaron las otras 13 recomendaciones realizadas por el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos tampoco sean atendidas. “Por el contrario, nos sigue preocupando la adopción y opacidad con las que se discuten una ley de seguridad interior, una contrarreforma al sistema de justicia penal, así como un marco reglamentario en torno al nombramiento de una persona a cargo de la nueva Fiscalía General de la República”.
OTRA DE DUARTE
Hace días expusimos en estas líneas un punto de vista acerca de la sonrisa de Javier Duarte, de la primera esbozada frente al Tribunal guatemalteco. De nervios casi todos reímos, como también de vergüenza cuando, por ejemplo, te caes y de inmediato te levantas caminando derechito y asegurando no pasó nada y “duele sólo poquito”. Pero, como esta sonrisa se vio una y otra vez acompañada de una mirada a veces extraviada y en otras ocasiones reflejando gesticulaciones raras, de las acostumbradas para referir locura, se consideró este comportamiento como parte de una estrategia para contar con un as debajo de la manga y salvar al ex gobernador de pisar la prisión. A esta muestra de ausencia de facultades cabales se une la petición de divorció de doña Karime.
Si en la solicitud de separación aparece como motivo el tener pruebas de la locura de Duarte de Ochoa, no hay duda de pretender salvarlo. Esas eran deducciones puestas sobre el papel pero que, a los pocos días, se han convertido en una realidad que las superó. El penal al cual se enviará al veracruzano es de privilegio. Está en Morelos, no se encuentra sobrepoblado, tienen los internos cuidados extremos porque… es una prisión siquiátrica. O sea que, mucho antes de que un especialista dictamine sobre la salud mental del acusado, ya se dio el diagnóstico presidencial. Sirve esto, inclusive, por aquello de decidirse Duarte, en algún momento, a hacer revelaciones comprometedoras, de esas que tanto temen en Los Pinos y anexas.
COMPLICIDADES EN EL INE
Desde hace tiempo el Instituto Nacional Electoral (INE) dejo de ser un árbitro electoral confiable, como se demostró en los pasados procesos electorales locales, especialmente en el del Estado de México, pero también en el caso de Coahuila. Las redes de complicidad con los partidos políticos y sus cuotas en el seno de ese instituto son evidentes un día si y el otro también. Ante la exigencia ciudadana de que renuncien los consejeros de ese órgano electoral, el presidente del senado y militante del PVEM, Pablo Escudero, defendió el secuestro del INE a manos de, en los hechos, representantes de partidos políticos.
Integrantes de la organización Ahora aseguran la respuesta del senador del Verde Ecologista para defender el órgano electoral pone en evidencia está a favor de una regresión en materia democrática. “Es el lenguaje de la institucionalidad autoritaria. Escudero se parece al Bartlett del 88. Escudero es un buen representante de la institucionalidad autoritaria”, señaló Alfredo Figueroa, integrante de esa agrupación.
“Pretende hablar a nombre del Senado, que es una asamblea con posiciones diversas, lo que muestra su talante democrático. Y no me sorprende porque da cuenta del interés del PRI y del PVEM de mantener el secuestro del INE mediante un grupo de consejeros que actúan como correa de transmisión”. La sociedad no puede eludir los vínculos políticos y familiares de Escudero, quien es yerno del ex dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, destacó Figueroa, al subrayar: “no podemos cerrar los ojos, él pertenece a un grupo que representa las peores formas de hacer política en el país”.
El ex consejero electoral recordó: gracias al INE el PVEM conserva su registro, a pesar de las múltiples violaciones cometidas contra la ley al desviar recursos públicos para fines partidistas. “El PVEM es un partido que no debería tener registro y lo tiene gracias a la protección del INE. No hay peor irresponsabilidad que no reconocer el riesgo de una regresión”, destacó.
Por otro lado, la decisión del INE de prohibir a los dirigentes de partido con aspiraciones a un cargo de elección popular aparecer en los spots pautados por ese órgano, fue descalificada por Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD. “Me parece que todo este tipo de decisiones, que se toman ya muy cercanas al inicio de los procesos electorales, son desafortunadas, porque parece que lleva dedicatoria, más que una estrategia o ruta que permita garantizar equidad a todos los participantes en una contienda”, señaló.
Barrales también manifestó preocupación por las omisiones en las cuales incurrieron los consejeros, frente a las denuncias interpuestas sobre el uso de recursos públicos en la elección del Estado de México. “Ante la inacción, la falta de respuesta del órgano electoral, se hace necesario, se hace obligado que haya la unidad de los partidos de oposición para evitar que se repita una elección de Estado en 2018”, insistió.
DE LOS PASILLOS
La violencia sigue en el país: dos enfrentamientos entre fuerzas federales y grupos armados se registraron este fin de semana, con un saldo de cinco detenidos, un militar y dos presuntos delincuentes lesionados, así como ocho armas decomisadas, varios vehículos, cartuchos y equipo táctico. El primer hecho registró el domingo, cerca de Charapendo, sobre la carretera federal de Nueva Italia a Lombardía, en donde una patrulla militar observó a varios sujetos armados disparando a los soldados, quienes repelieron la agresión y detuvieron a tres sujetos, dos de ellos lesionados… La madrugada del lunes, en el municipio de Nocupétaro, se registró un enfrentamiento en el lugar conocido como San Antonio de las Huertas, donde resultó lesionado un soldado. Dos sujetos fueron detenidos, a quienes se les decomisó dos armas largas, más de 100 cartuchos, equipo táctico y tres vehículos…. Y en la capital de la República, dos personas fallecieron tras recibir impactos de bala, en la colonia Juan Escutia. Se trata de una mujer de 45 años y un hombre de 55. En el lugar resultaron lesionadas 10 personas más por arma de fuego, tres mujeres y siete hombres, entre ellos dos niños.
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