PUERTO MORELOS, Q. R.- Además de dejar asentamientos irregulares en Puerto Morelos, carentes de servicios y las mínimas condiciones sanitarias, Laura Fernández Piña, hoy aspirante a la gubernatura dejó miseria y resentimiento social en la demarcación.
De acuerdo con Sol Quintana Roo, los asentamientos “La Fe” y “Tierra Nueva” en Puerto Morelos, son dos ejemplos de la miserable forma de gobernar de la expresidenta municipal nacida políticamente en el PRI, amamantada en el Partido Verde y recogida por el PAN y el PRD.
Saltos de un instituto político a otro, que la dejan ver como un saltamontes que devora todo a su paso, desde comercializar tierras en litigio, entregar contratos amañados o por adjudicación directa, hasta represión política y social contra los habitantes del onceavo municipio de Quintana Roo.
En el recuento de los daños cometidos contra el pueblo que la vio erigirse como la primera alcaldesa de Puerto Morelos desde su declaración como municipio libre y soberano en 2016; está de ejemplo la conformación misma de los asentamientos irregulares “La Fe” y “Tierra Nueva”, hoy convertidos en dos colonias más de Puerto Morelos a través de irregularidades, engaños y tranzas.
Todo comenzó el año 2011 cuando centenares de familia a base de engaños –como suele suceder tan frecuentemente en Quintana Roo–, invadieron un predio con superficie mayor a los 100 mil metros cuadrados, bajo la promesa y engaño de que se trataba de tierras propiedad del entonces Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE), ahora Agencia de Proyectos Estratégicos; donde, con el tiempo podrían tener un patrimonio propio.
Lo que no sabían es que el predio había sido supuestamente vendido durante el sexenio de Félix González Canto, al empresario yucateco Luis Felipe Castillo Campos, a través de la Constructora Rural y Urbana del Sureste S.A. de C.V., según el título de propiedad número 173, volumen “C”, folio 188, acta 223, fechada en la ciudad de Mérida, Yucatán, el 28 de febrero de 2008.
El documento firmado por el notario Luis Silveira Cuevas, hacía constar que el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE), vendió el predio de 14 hectáreas en la irrisoria cantidad de 15 pesos el metro cuadrado.
Sin embargo, la titularidad del predio se vio envuelta en litigios a lo largo de los años, al contar con siete órdenes de embargo que datan del 2010 y han quedado asentadas en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio en Quintana Roo. Siendo poco después cuando se involucra la exedil Laura Fernández Piña con el empresario yucateco Luis Felipe Castillo Campos, en una carrera por “regularizar” el sitio a través de la venta a los “colonos” que llegaron “en el momento oportuno” al lugar.
El primero de los embargos del orden judicial, se dio el 6 de mayo de 2010, ordenado por el juez tercero de primera instancia, Dulce María Balam Tuz, bajo el número de registro 1236/10 dentro del expediente 411/10, a favor de Arturo Altamirano Hurley en contra de Constructora Rural y Urbana del Sureste, S.A. de C.V., por un monto de 378 mil dólares.
A éste le siguieron dos más el día 21 de diciembre de 2010. Uno a favor de Francisco Poot Dzib y el otro en beneficio de Patricia Rodríguez Espíndola. Ambas contra la propiedad de la empresa Constructora Rural y Urbana del Sureste S.A. de C.V. En estos laudos laborales, no solo se determinó el embargo, si no también se ordenó el remate.
Un año después, el 21 de noviembre de 2011, se emitieron la cuarta, quinta y sexta órdenes de embargo en favor de Esteban Euán Uitzil, y otras dos personas. El séptimo embargo, fue determinado en favor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por un monto que supera el millón de pesos.
En ningún caso procedió el embargo, gracias a trabas de la misma Junta de Conciliación del Trabajo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE), la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedetus), el Registro Público de la Propiedad, la Secretaría de la Contraloría del Estado, y hasta del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La irregularidad del predio va más atrás. En 2007 el empresario de Nuevo León, Ricardo Eugenio Reyes Cárdenas, canceló un contrato de compraventa del lugar el cual compraría al IPAE de Quintana Roo con dimensiones de más de 14 hectáreas, según el título de propiedad número 173, volumen “C”, folio 188, acta 223, fechada en la ciudad de Mérida, Yucatán, el 28 de febrero de 2008; dado que éste mismo predio, ya se lo había querido vender Luis Felipe Castillo Campos, pero al conocer la información anómala y alterada del predio optó por rechazar el contrato de compra-venta.
Ya asociada con el empresario yucateco, con el tiempo y en el cargo, Laura Fernández Piña, prometió a los “colonos” del predio irregular convertir el sitio en colonias que difícilmente podrían hoy ser incautadas.
Para febrero de 2020, se tenía un censo de 460 familias viviendo en total precariedad en los asentamientos irregulares nombrados “La Fe” y “Tierra Nueva”, ubicados a un costado de la avenida Timón, a los cuales Laura Fernández Piña les “doró la píldora” asegurando que, gracias a sus gestiones, existían proyectos firmes como la dotación de servicios básicos.
El primero de ellos se trató de trabajos de introducción de drenaje y agua potable, por la empresa Aguakan; seguidos por el suministro eléctrico, alumbrado público y la construcción de guarniciones y banquetas, que por cierto le representó un gran negocio al esposo al ser su empresa constructora, la encargada de los trabajos.
No conforme con ello, como resultado de las auditorías 20-AEMOP-A-GOB-078-192 y 20-AEMOP-AGOB-078-193, efectuada por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, al ejercicio fiscal 2020 en Puerto Morelos, detectó un perjuicio a la Hacienda Pública por 10 millones 394 mil 756 pesos con 17 centavos.
Del total faltante, 7 millones 947 mil 127.43 pesos, se derivaron de la supuesta “Construcción y mejoramiento de infraestructura en las colonias La Fe y Tierra Nueva”.
Bajo el mismo concepto en las mismas colonias, se detectaron dos irregularidades más, una por 933 mil 247 pesos y otra por 1 millón 6 mil 762.57 pesos.
Y es que lo que nunca se dijo a los habitantes “beneficiados”, es que para Laura Fernández Piña, la regularización de esa tierra, en realidad se trata de un jugoso negocio que comenzó con el hecho de que los 460 lotes ubicados en “La Fe” y “Tierra Nueva”, en realidad son el medio perfecto para un fraude millonario con el que la candidata de la coalición “Va por Quintana Roo”, ha venido lucrando con las familias “beneficiadas” al ayudar a Luis Felipe Castillo Campos en la venta de una tierra que se encuentra hundida en litigios laborales, comerciales y administrativos.
Como no, si ocho años después de la “compra” a razón de 15 pesos el metro cuadrado, Luis Felipe Castillo Campos y Laura Fernández Piña encontraron su mina de oro en la zona, al pretender venderla en nombre de la “legalidad” prometida a los colonos, en cerca de mil pesos el metro cuadrado.
Un negociazo con ganancia de 985 pesos por metro cuadrado, que a razón de 100 mil metros cuadrados entre los 460 a 500 lotes, les dejarían una ganancia neta de 98 millones 500 mil pesos, sobre una inversión de apenas 1millón 500 mil pesos.
El acuerdo entre una empresa fantasma propiedad de Luis Felipe Castillo Campos y los posesionarios de los lotes, fue que pagarían por cada predio 160 mil pesos, y los tendrían que saldar antes del 30 de septiembre de 2021. Por tanto, el monto total de los predios entre las 460 familias, dejaría una derrama a los hambrientos socios de 73 millones 600 mil pesos.
En el colmo de la desfachatez, Laura Fernández todavía agarró estas nuevas “colonias” y las disfrazó como la gran obra de su gestión al terminar con los años de incertidumbre de las 460 familias que ahí viven, primero de manera irregular –permitido por ella misma–, y ahora como “legítimos” dueños de un predio que se halla en litigio desde al menos hace una década.
En enero de 2018 arrancó la estrategia. El supuesto dueño, el yucateco Luis Felipe Campos Castillo, ya asociado con Fernández Piña, en un acto de buena fe, había aceptado retirar las demandas penales que tenía contra los ocupantes de su “propiedad”, de esa que se adueñó a razón de 15 pesos el metro cuadrado.
Y fue Laura Fernández la encargada de darles la buena nueva a los colonos que engañados invadieron dicho predio allá por 2011, asegurándoles que el “benevolente” empresario había accedido a iniciar un proceso de compra venta a precios módicos, en pos de la regularización de los asentamientos.
“Ya no son más una invasión, ahora ya son las colonias La Fe y Tierra Nueva; bienvenidos a esta nueva etapa”, subrayó la primera Edil.
Como buena manada de borregos que primero engañaron y después procederían a trasquilar, los “colonos”, todavía procedieron a entregar un reconocimiento a Luis Felipe Campos Castillo “por su gran sentido social, porque nos abrió las puertas para la regularización de nuestros lotes, sabemos del sacrificio patrimonial que realiza, pero nuestros hijos lo recordarán siempre”.
Tras los hechos ocurridos el 7 de enero de 2018, en el marco de los festejos por el segundo aniversario del municipio de Puerto Morelos; tres meses después, residentes de los asentamientos se manifestaron a las afueras del Palacio Municipal de Puerto Morelos, exigiendo cuentas claras, pues de la dichosa “regularización”, solo tenían una cuenta de banco a la cual depositar para los trámites correspondientes, pero de ningún lado llegaron los títulos de propiedad que les garantizara la legalidad de lo pactado.
No cabe duda que los tiempos podrán cambiar y los colores de las blusas de Laura Fernández Piña podrán teñirse del rojo al verde y de ahí pasar a tonos azules, amarillos o blancos, lo cierto es, que la abanderada de los panistas y perredistas del Estado, jamás ha pertenecido a ningún partido, ni a ideología política, el único color que la mueve, es la tinta con la que se imprimen los billetes.
Como buen chapulín, va de un partido a otro en busca del próximo cargo que la mantenga viviendo del erario por el mayor tiempo posible. Es parte de esa élite de sanguijuelas que encontraron en el poder político, el único modo de vida donde se trabaja poco y se gana mucho.
AM.MX/fm
