CIUDAD DE MÉXICO.- Las medidas puestas en marcha para enfrentar la pandemia de Covid-19 impactan de forma directa en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, como el confinamiento domiciliario, con el riesgo de que sus derechos sean restringidos e incluso, algunas veces, es un entorno de peligro originado por la violencia en el hogar, que se ha incrementado durante estos últimos meses.
Al presentar un punto de acuerdo sobre los mecanismos y estrategias dirigidos a los menores de edad para mitigar los estragos de la pandemia, las senadoras del PRI, Vanessa Rubio Márquez y Josefina Vázquez Mota, del PAN, coincidieron al señalar que muchos infantes están en un estado de vulnerabilidad multifactorial, por la falta de recursos económicos, el hacinamiento y, en muchos casos, la pérdida de sus padres.
Las integrantes de la Comisión Permanente urgieron también a la Secretaría de Salud a implementar protocolos de atención especial, valoración, diagnóstico y tratamiento cuando los menores ingresen por presentar síntomas y puedan ser asilados de los pacientes adultos y atenderlos con mayor celeridad en ejercicio de su interés superior.
Solicitaron que el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes impulse campañas de difusión de los derechos de la infancia, en particular a una vida libre de violencia, a la integridad personal y a un sano desarrollo.
Las senadoras pidieron a las autoridades educativas, de salud y de atención a la infancia un informe pormenorizado sobre todas las acciones que llevan a cabo a favor de la niñez mexicana frente a la pandemia.
Reconocieron la tarea titánica que tiene el Estado mexicano para garantizar que las y los menores enfrenten, de la mejor manera, esta pandemia y, a su vez, de mayor responsabilidad, porque los infantes representan el grupo más vulnerable.
Al destacar que al aumentar los fallecimientos por Covid-19, más menores se encuentran en situación de orfandad, dieron a conocer que diversos estudios revelan que niñas, niños y adolescentes asintomáticos, también son portadores del virus y no son sometidos a medidas de aislamiento, distanciamiento social, ni de higiene. Advirtieron que podrían propagar fácilmente el virus cuando se reincorporen a sus actividades escolares de manera presencial.
Hicieron un llamado a la Secretaría de Educación Pública a extremar precauciones ante el posible regreso a clases y desarrollar mecanismos de detección, canalización y seguimiento de los educandos. Insistieron en que si no se toman las medidas necesarias las escuelas podrían convertirse en un foco de infección para alumnos, maestros y personal administrativo.
Vanessa Rubio y Josefina Vázquez aseguraron que la enseñanza que reciben es limitada, porque hay cientos de familias que no cuentan con televisor y, mucho menos, con tecnología digital e internet.
Señalaron que, de acuerdo con la Organización Internacional de Derechos Humanos, está crisis sanitaria afecta directamente a niñas, niños y adolescentes, pues más de mil 500 millones de estudiantes no van a la escuela, la pérdida generalizada del empleo y la falta de recursos económicos de las familias son factores que marcan el incremento en la explotación sexual, el embarazo adolescente y el maltrato familiar.
Hicieron hincapié que el organismo internacional instó a los gobiernos a adoptar las siguientes medidas para proteger los derechos de los infantes: priorizar el acceso a la enseñanza básica, brindar asistencia económica a familias de bajos ingresos, para que satisfagan sus necesidades básicas para evitar que obliguen a trabajar a los menores.
Así como intensificar los esfuerzos para identificar a niñas y niños que hayan quedado huérfanos a causa de Covid-19, ampliar las redes familiares extendidas y reforzar la protección a niñas y niños refugiados o migrantes.
El punto de acuerdo, se turnó para su trámite correspondiente a la Segunda Comisión de la Permanente del Congreso.
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