CIUDAD DE MÉXICO, 23 de marzo (AlmomentoMX).- Contrario a lo que dice la DEA, Hilda Vázquez sostiene que el 7 de febrero de 1985 Enrique Camarena Salazar nunca llegó al consulado estadunidense en Guadalajara. Desde el día anterior, se hospedaba en el hotel Jericó de Zamora, Michoacán, muy cerca del rancho “El Marefio”, propiedad de sus compadres y protectores Los Bravo, quienes después fueron masacrados porque “sabían demasiado”.
El plan del “secuestro” fue urdido por James Kuykendall, amigo de “Kiki”, y encargado de la oficina de Guadalajara, quien aspiraba a ser jefe de la Drug Enforcement Administration en México. Para tal objetivo necesitaba un héroe y Camarena era ideal; su esposa lo había abandonado hacía más de seis meses, sus propiedades las había vendido el año anterior y ya quería regresarse a Estados Unidos.
De acuerdo con el libro de Isabel Arvide y Dora Herrera, de no haber puesto en marcha dicho plan, los agentes de la DEA hubieran seguido supeditados a los lineamientos de la CIA y el FBI. Kuykendall sabía el potencial económico que era el narcotráfico en México. Quería que la agencia para la que trabajaba manejara presupuesto propio… y lo consiguió.
Y mientras se buscaba a Enrique Camarena, Antonio Ayala implementaba un cierre de fronteras y una campaña en contra del turismo. Los cadáveres que hicieron aparecer como de Enrique Camarena y Alfredo Zavala no fueron encontrados en el lugar donde la DEA sostiene que estaban. Los cuerpos y las autopsias distan mucho de las características de los desaparecidos. Los informes forenses procedentes de Zamora y Guadalajara son diferentes entre sí. Camarena no es identificado por ningún miembro del gobierno norteamericano, ni por sus familiares. Zavala Avelar tampoco fue reconocido por nadie.
Posteriormente empezaron a desaparecer los testigos. El primero fue el chofer del cónsul: declaró y nunca más se supo de él. Después, una secretaria del consulado, que servía además como asistente de la DEA y sabía el paradero de Camarena, pereció en un accidente automovilístico nunca aclarado. Y así, un sinnúmero de personas que aparecen en actas y que ya nunca podrán declarar. El Tribunal de Los Angeles ha contratado nuevos testigos para cerrar el caso, pagados con muchos dólares y entrenados por Antonio Gánate, con delitos contra la salud pendientes en México y los encargados de la “Operación Leyenda”.
Como consecuencia, el “asunto Camarena” ha dejado un saldo de 300 familias mexicanas en estado de indefensión, acusadas las cabezas de haber participado en el secuestro, tortura, muerte y autoría intelectual. Un buen número de consignados por un hombre, que en vida, nadie sabía quién era.
Para la DEA ha significado un incremento en el presupuesto mayor al de la CIA y el FBI juntos, producto de las incautaciones de bienes de los narcotraficantes latinoamericanos en Estados Unidos. Participa ya no solamente con intercambio de información, producto de las investigaciones, sino en la implementación de las políticas antinarcóticos en otros países y hasta en las detenciones. Casos recientes son los de René Martín Verdugo y Humberto Alvarez Machain.
Ya los satélites estadunidenses vigilan constantemente el territorio nacional, con el pretexto de tomar fotografías de los cultivos de estupefacientes. Un equipo de radares se está montando en las fronteras y las costas para detectar aviones y barcos utilizados por “narcotraficantes”. La firma de certificados, por parte del Senado norteamericano, estuvo condicionado a la participación más directa de la DEA en México.
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