CIUDAD DE MÉXICO.- La subcontratación abusiva complica la construcción de un estado de bienestar sólido y duradero, por lo que la postura de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) desde el día uno de la presente administración es combatirla, expresó Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno.
Durante su participación en la mesa de diálogo “Reforma Laboral en materia de subcontratación”, en la Semana de Conferencias Virtuales en materia laboral, organizada por el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Salafranca Vázquez destacó tres puntos esenciales para acotar su avance.
Uno, la necesidad de un registro nacional de contratistas y de contratadores en subcontratación para transparentar una serie de normas, de quién es quién en esta industria.
Dos, regular una figura muy nociva para la inspección, “la negativa patronal”, porque hoy en día muchas de las empresas de subcontratación ilegal simplemente no dejan entrar al inspector y prefieren pagar la multa de no dejarlo ingresar a las instalaciones.
Tres, la puntualización del artículo 15 A de la Ley Federal del Trabajo.
a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo
b) Deberá justificarse por su carácter especializado.
c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante.
En la Ley actual dice que “si cumples alguno de los supuestos que estipula”, estás fuera de la normalidad, la idea es cambiar la redacción a “si cumples cualquiera”.
Alejandro Salafranca dejó claro que este gobierno lleva a cabo un ataque frontal en contra de la línea de explotación del estado del bienestar porque la subcontratación ilegal no es un juego fiscal imaginativo, sino un delito a gran escala que atenta en contra del presente de los trabajadores, porque afecta su salario; en contra del futuro de los trabajadores, porque afecta sus pensiones; en contra de la Hacienda pública, porque termina dinamitando la llegada de recursos fundamentalmente al IMSS para mejorar el sistema de salud, de guarderías; y además es un atentado enorme en contra de los empresarios de subcontratación que cumplen con la Ley, lo que hace una competencia desleal.
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