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CIUDAD DE MÉXICO, 6 de febrero (AlmomentoMX/SemMéxico).- Patricia Olamendi Torres, doctora en Derecho, tal vez la especialista más pertinaz en violencia de género, con estudios, propuestas, acciones en favor de la justicia para las mujeres en los últimos 30 años, dice que aspira a dirigir el Instituto Nacional de las Mujeres, que es producto de su propio esfuerzo y del de muchas otras.

Declara a SemMéxico que las acciones urgentes para eliminar las brechas de género y promover la igualdad de oportunidades son las que ha promovido en los últimos 20 años en México y en Naciones Unidas. La experta en asuntos de corrupción, no duda, si quisiera dirigir la política de género, ante el saldo negativo en violencia para las mujeres y considerando que la pobreza en México tiene hoy rostro de mujer.

En preciso y apretado resumen para trabajar en INMUJERES, la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, ex diputada, maestra universitaria, propone poner en marcha una política de Estado en Materia de Igualdad que busque, desde un primero momento, eliminar la discriminación, reducir las brechas de género en el acceso al empleo, salud y educación, asegurando la igualdad de oportunidades y la participación efectiva en la toma de decisiones para las mujeres mexicanas.

Autora de protocolos, para México y América Latina, ex militante de izquierda, que dirigió  el primer instituto de las mujeres en la Ciudad de México, propone cuatro ejes de trabajo en el INMUJERES: promover la autonomía económica de las mujeres, con acciones precisas y reformas legales; crear un Sistema Nacional de Cuidados, fundado en una profunda reforma educativa, y cero impunidad ante la violencia contra las mujeres.

Se trata, puntualiza, en el programa que propone, de dar acceso real a la justicia a la mitad de la población; hacer un buen programa para enfrentar la trata con fines de esclavitud sexual y reconocer que toda mujer tiene derecho a que se respete su vida, su integridad física, psíquica y moral y su libertad personal.

Que el derecho a la vida de las mujeres sea protegido de prácticas sociales y culturales que lo vulneran, y que ese derecho incluya protegerlas de los efectos que tiene la pobreza. Por tanto, propone que el 10 por ciento de las plazas laborales sean para jefas de familia y sobrevivientes de violencia; una nueva cultura laboral que las reconozca; una educación que incluya a las mujeres mayores; entender que sin plan de cuidados las mujeres seguirán trabajando 73 de cada cien horas: injusto.

 

Plan de Trabajo Ejecutivo

Consejo Consultivo y Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres

Presente.

 

Patricia Olamendi Torres, mexicana y mayor de edad, en respuesta a la Convocatoria presenta por los Consejos Consultivo y Social del INMUJERES he decidido participar en este proceso que considero democrático y que abre una nueva visión para la participación de las mujeres en la conducción del INMUJERES, quiero por lo tanto felicitar a los consejos por esta iniciativa tan destacada y al mismo tiempo dar la oportunidad de que mujeres que cuentan con una trayectoria importante en la materia puedan presentar sus propuestas.

Con el fin de eliminar la discriminación y garantizar los derechos de los más de 67 millones de mujeres y niñas tanto en el ámbito público como privado, se hace necesaria la puesta en marcha de una política de Estado en Materia de Igualdad que busque desde un primero momento, eliminar la discriminación, reducir las brechas de género en el acceso al empleo, salud y educación, asegurando la igualdad de oportunidades y la participación efectiva en la toma de decisiones para las mujeres mexicanas. Está política de Estado se soporta en tres áreas relevantes.

 

Autonomía económica

 

Uno de los factores indispensables para avanzar en la igualdad, es que las mujeres logren autonomía económica. 1) Con ingresos monetarios propios; 2) Con el tiempo propio, que les permita estudiar, capacitarse y formarse, para romper el “círculo vicioso entre pobreza monetaria, y pobreza de tiempo propio”, como lo señala la CEPAL.

Su participación crece en empleos con bajas remuneraciones y escasas prestaciones sociales, el 28.7 por ciento de las mujeres ocupadas perciben ingresos de entre 1 y 2 salarios mínimos es decir ganan entre 88,36 pesos diarios o en el mejor de los casos 176 pesos diarios, siendo ese es el ingreso en casi 11 millones de hogares mexicanos. Sí, la pobreza en México, tiene rostro de mujer.

 

Frente a esta precariedad en la situación económica de las mujeres Proponemos:

 

  1. Un programa emergente de empleo digno, así como capacitación y certificación de competencias laborales, impulsado por el Estado mediante acuerdo con la iniciativa privada que permita mejorar el ingreso, contar con seguridad social y abrir las oportunidades de ascenso laboral.
  2. Que en la administración pública se destine un porcentaje inicial del 10 por ciento de plazas para mujeres jefas de familia y sobrevivientes de la violencia.
  3. Generar mecanismos de estímulos a las empresas que contraten mujeres embarazadas, con discapacidad, adultas mayores, y primer empleo
  4. Elevar las sanciones por discriminación laboral a las mujeres embarazadas
  5. Seguro de desempleo para jefas de familia, que incluya capacitación y certificación de competencias, e inserción laboral.
  6. Nueva cultura laboral, que concilie mundo laboral y vida familiar.
  7. Otorgar créditos a “tasa 0” a mujeres emprendedoras de la ciudad y el campo, y a organizaciones de mujeres; eliminar intermediarios y promover acuerdos con el sector privado y la banca para reducir el interés a créditos personales.
  8. Programa Nacional de apoyo para la escrituración de vivienda y regularización de la propiedad rural sin costo.

 

Sistema Nacional de Cuidados

 

La principal barrera para que las mujeres tengan un trabajo asalariado, y gocen del derecho a la autonomía económica, la constituye su trabajo de cuidados en el hogar y el tiempo que le dedican.

Las mujeres han venido supliendo la ausencia de una política de asistencia y seguridad social. A las 73 horas de cada 100 que dedican al trabajo no remunerado dentro y fuera del hogar, se suman las labores de cuidado de hijas e hijos, personas con discapacidad, enfermas, y adultos mayores. El volumen de tareas domésticas y de cuidado, así como el tiempo invertido para todo ello, hace imposible compaginar trabajo remunerado, atención a la familia, desarrollo profesional y/o personal, e incluso cuidado a la salud.

 

Proponemos:

 

  1. Reconocer el derecho a los cuidados, y derechos de personas cuidadoras.
  2. Impulsar como política prioritaria del gobierno en materia educativa y del sistema de cuidados garantizando un entorno seguro; escuelas de tiempo completo que incluyan alimentos, transporte, servicio médico y psicológico, así como actividades culturales y deportivas, tanto a nivel pre escolar, como en la educación primaria y secundaria.
  3. Centros de cuidado para niñas y niños hijos de trabajadoras con horarios vespertinos o nocturnos, como sucede en zonas turísticas, centrales de abasto, instituciones hospitalarias, etc.
  4. Apertura de estancias de día suficientes, así como centros de cuidado y retiro para adultos mayores.
  5. Reformas a la legislación laboral y a las leyes del IMSS e ISSSTE en materia de guarderías para ampliar cobertura, horarios y servicios.
  6. Reformas a la legislación laboral y del IMSS, para que se reconozcan todos sus derechos a trabajadoras asalariadas del hogar.

 

Cero impunidad a la violencia contra las mujeres y las niñas y acceso a la justicia

 

El INEGI señala que en México casi siete de cada diez mujeres (67%) sufrieron algún tipo de violencia: emocional, física o sexual, en la familia, el trabajo, la escuela o por parte de su pareja durante los últimos doce meses. violencia física, y violencia sexual, tres de cada diez. En el trabajo 3 de cada 10 declaran que han sido víctimas acoso y abuso sexual. A esta brutal violencia se suma las nuevas formas de esclavitud provocadas por la delincuencia organizada que utiliza a mujeres en el tráfico de drogas, armas y que las convierte en mercancías a través de la trata de mujeres.

 

Frente a ello proponemos:

 

  1. Reconocer que toda mujer tiene derecho a que se respete su vida, su integridad física, psíquica y moral y su libertad personal.
  2. Que el derecho a la vida de las mujeres sea protegido de prácticas sociales y culturales que lo vulneran, y que ese derecho incluya protegerlas de los efectos que tiene la pobreza.
  3. Homologar toda la legislación en el país para sancionar toda forma de violencia contra mujeres y niñas.
  4. Establecer como delitos graves la violencia familiar y sexual.
  5. Crear unidades de investigación y seguimiento de medidas de protección en Policía federal y fiscalías especializadas en violencia de género.
  6. La creación inmediata de un sistema de alerta para mujeres desaparecidas, que establezca herramientas eficaces de difusión, para ayudar a la pronta localización y recuperación de niñas, adolescentes y mujeres en todo el país, independiente de la denuncia o proceso penal que inicien las autoridades competentes, y que en el caso de infantes coadyuve a la operación de la alerta amber.
  7. Promover la instalación de juzgados especializados en violencia de género.
  8. Apoyos para la instalación de refugios, casas de cuidado para niñas y mujeres víctimas de violencia y trata.
  9. Fondo de reparación de daño a hijos e hijas de madres víctimas de feminicidio.
  10. Establecer mecanismos de visitaduría encargados de garantizar que los procesos penales contra mujeres cumplan con los principios de inmediatez, imparcialidad, legalidad, igualdad y publicidad.

 

Atentamente,

Dra. Patricia Olamendi Torres

 

Currículum Vitae

Electa de 2013 al 2015 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como experta para los temas de discriminación en la ley y en la práctica hacia las mujeres.

Al mismo tiempo, fungió durante cinco años como representante y coordinadora del Comité de expertas del mecanismo de seguimiento de la Convención interamericana de Belém do Pará de la OEA. Teniendo a su cargo la elaboración de los informes nacionales de 28 países y el segundo informe hemisférico de América Latina y el Caribe sobre los compromisos de los Estados para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, presentado por la OEA.

Ha participado en la administración pública de México, organismos internacionales y organizaciones sociales, destacando:

  • Subsecretaria de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Teniendo bajo su responsabilidad la reforma de Naciones Unidas en derechos Humanos y la atención a todas las denuncias e informes del país ante comités de tratado y comisión interamericana de derechos Humanos.
  • Contribuyo en la redacción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y de la Convención para proteger los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas, además del Protocolo Adicional Contra la Tortura y de la Convención Internacional contra desaparición forzada de personas.

* Promovió ante el Senado de la República de México la ratificación de los tratados en materia de derechos humanos incluyendo la Corte Penal Internacional.

  • Presidenta de la comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas. 2002
  • Subprocuradora y Directora General de Atención a Víctimas del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en donde creo los centros de apoyo a víctimas de delito y las agencias especializadas en delitos sexuales, promovió las reformas Constitucionales para la protección de las niñas y niños víctimas de violencia y los derechos de las víctimas en el artículo 20 constitucional.
  • Coordinadora Jurídica de la Comisión Ciudadana contra la Discriminación, teniendo a su cargo la elaboración de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Discriminación. Y de la reforma constitucional al artículo 1º para prohibir la discriminación en el año 2001.
  • Coordinadora del Programa para la Participación Equitativa de la Mujer del Gobierno del Distrito Federal, creando los centros integrales de apoyo a la mujer, las unidades de atención a la violencia y las reformas legislativa, así como el primer plan de igualdad de oportunidades en México.
  • Diputada Federal. LIV Legislatura del H. Congreso de la Unión. Propuso reformas a los códigos penal y civil en materia de derechos humanos de las mujeres y reformas constitucionales en materia de garantías individuales para la eliminación de la tortura y el respeto al debido proceso.

Ha participado en la elaboración de proyectos de reformas legislativas a favor de las mujeres, y en derechos humanos en toda la República Mexicana, así como en diversos países de América Latina, elaborando un estudio sobre la legislación que aún discrimina a las mujeres en la región.

  • Representante de ONU Mujeres en El Salvador y consultora Internacional.
  • Vicepresidenta del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. (COMEXI).

Es integrante de la Asociación Mexicana de Derecho Penal y Criminología, del Colegio de Abogados de México, además de la Asociación de Doctores en Derecho, de Mujeres en Plural, de Pro Mujer y de la organización internacional Vital Voices.

Actualmente preside el Instituto de Formación en Justicia y Derechos Humanos. S. C., y es Coordinadora del Diplomado Internacional Género y Derechos Humanos, en el Instituto Mora. Además es profesora en el Centro de Investigación y Docencia Económica en materia de seguridad pública y derechos de las víctimas.

Se ha desempeñado como profesora de la Universidad Iberoamericana, y del Posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM. Ha impartido clases en diversas universidades de México y en Latinoamérica, así como en la Universidad de Estambul, Turquía.

Patricia Olamendi Torres es originaria de Puebla, México. Se graduó como Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional autónoma de México UNAM. Cuenta con dos maestrías, en Derecho y Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana.

Es Doctora en Derecho, graduada del Instituto Universitario de Puebla, México. Diplomada en Derecho Penal Norteamericano por el Instituto Nacional de Ciencias Penales INACIPE, así como con estudios sobre Delincuencia Organizada por el Instituto de la Seguridad de París, Francia.

Integrante del Consejo Consultivo de la Mesa Directiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer.

Consejera Editorial del Periódico Reforma.

Coordinó la elaboración de la “Clasificación Mexicana de Delitos” para INEGI.

Fundadora del Grupo Plural Pro-Víctimas A. C., organización que modificó la Constitución Mexicana en favor de las víctimas.

Ha elaborado para ONU Mujeres, el Protocolo para la Investigación del Feminicidio.

Es autora de los libros publicados por ONU Mujeres, sobre las leyes que aún discriminan a las mujeres titulados: “Delitos contra las Mujeres”, y “Mujeres, familias y ciudadanía”.

Es la autora del Protocolo para la Investigación del Delito de Violación, aprobado y publicado en varios estados de México.

Ha realizado diversos estudios sobre la trata de mujeres en México y el diagnóstico

de la legislación nacional, así como los Protocolos de Investigación de Delito de Trata de Personas, en diversos estados del país.

Como consultora internacional de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, elaboró para El Salvador el Protocolo de Investigación del Feminicidio, ya publicado, así como el análisis legislativo y la propuesta de reformas legales en materias civil y penal, también capacitó a fiscales y jueces en la aplicación de las leyes contra la violencia hacia las mujeres.

Ha sido embajadora de la campaña internacional “Poner fin a la violencia contra las mujeres” organizada por la Fundación Avon, la Organización Internacional Vital Voices y del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica.

Es autora de los libros “El Feminicidio en México”; “El cuerpo del Delito: Los derechos de las mujeres en la Justicia Penal” y “Las Mujeres en la Legislación Mexicana”, publicados por editorial Porrúa. Además de los libros “Derechos Humanos instrumentos de Protección Internacional”, “Recomendaciones Internacionales a México” y “La lucha contra el Terrorismo” entre otros.

Ha recibido diversos reconocimientos, entre los que destacan: Reconocimiento al Mérito Ciudadano “Ciudad de México”; Reconocimiento a su labor como Abogada de las Américas; Encomienda de Número al Mérito Civil, otorgada por los Reyes de España; Premio Clara Zetkin, otorgado por las organizaciones de la sociedad civil por su trabajo a favor de la igualdad en la Ley, “Mujer de Valor” por la misión diplomática de los Estados Unidos de América, “Ángel” de la Ciudad de México y recientemente como Premio Nacional de Jurisprudencia por la Barra Mexicana de Abogados.

AM.MX/fm

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