Por José Luis Camacho López
El presidente Donald Trump y su procónsul Ronald Johnson, experto en desestabilización y primer jefe de la CIA en México, creen, como uno de los cadáveres de sus antepasados, James Buchanan, que nuestro país, en una operación de extradición de un ex gobernador, un senador y ocho funcionarios y ex funcionarios sinaloenses, es parte de sus divinas supremacías blancas, de la jurisdicción de sus leyes, de su más acabada versión de su Doctrina Monroe/Trump.
Buchanan deseaba aprovechar la polarización entre conservadores y liberales en plena guerra de los tres años en México (de 1857 a 1861) para invadir la capital mexicana, al solicitar a su Congreso autorizar “una fuerza militar suficiente con el fin de entrar en México” con el propósito de resarcir los crímenes y daños de que habían sido víctimas los ciudadanos de Estados Unidos en México y exigir su reparación con indemnizaciones.
Trump y su procónsul están al tanto de que existe en México una atmósfera idónea de polarización en el Congreso para sus injerencias, donde en sus atriles los bandos partidistas se abofetean, se disputan el futuro nacional con recriminaciones, ofensas léperas, francos odios y desentendimientos insuperables, un escenario muy semejante a la que observó Buchanan entre liberales y conservadores cuando solicitaba invadir militarmente la ciudad de México.
Johnson dijo en su cuenta de X: “la corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos”. Es decir, en sus leyes basados en declaraciones de jurados predispuestos a señalar y realizar acusaciones penales bajo un sistema de delaciones, no en datos, hechos o pruebas.
El reto jurídico mexicano es que se cumpla lo que dicta el artículo 133 constitucional sobre los tratados firmados por México en concordancia con el debido proceso desde los artículos 1, 14, 15, 16, 21 de la justicia mexicana. Su lectura y confrontación ayudaría a despejar la viabilidad jurídica para responder a la demanda de extradición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América para el Distrito Sur de Nueva York de este grupo de mexicanos.
Son el primer objetivo de Trump y su procónsul para ser extraditados por los delitos “conspiración de importación de narcóticos”, tráfico de armas y recibir sobornos. “Violar las leyes de narcóticos de Estados Unidos, facilitar la fabricación, distribución e importación masiva de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia el territorio estadounidense”.
Johnson alega supremacía jurídica jurisdiccional sobre la Constitución mexicana y sus leyes al darse por enterado su proconsulado de las acusaciones contra el ahora gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, el actual senador Enrique Inzunza Cázarez y otros ocho funcionarios y ex funcionarios sinaloenses.
Con Venezuela, Trump decidió en diciembre del 2025 intervenir militarmente y secuestrar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores por los mismos cargos de narcotráfico y convertir la república bolivariana en un apéndice de su administración. Con México decidió probar primero una especie de coloniaje jurisdiccional con la solicitud de extradición de ese grupo de sinaloenses señalados por su Departamento de Justicia como aliados de narcos de Sinaloa.
Con el 70 por ciento de aprobación a su mandato (Publimetro), el 30 de abril, la presidenta reprochó al gobierno de Trump la falta de confidencialidad “acorde con los Tratados en la materia” y calificó esta solicitud como política. Le ha respondido tanto al procónsul como al gobierno de Trump que la investigación se hará bajo la jurisdicción mexicana, no la de Estados Unidos.
La presidenta mexicana no se niega a responder a esa demanda pero solamente “si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción”.
Para rematar advirtió en su mensaje al gobierno de Trump y a su procónsul en México: “Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia: nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”.
Días antes, en Sinaloa el procónsul habló de las condiciones del Tratado comercial con México(TEMEC) en el acto de colocar la primera piedra de una fábrica de metanol de la empresa Mexinol. Definió a la certidumbre y transparencia, como condiciones indispensables para atraer capital extranjero. Pero sobre todo su énfasis fue la corrupción y la extorsión que representan obstáculos directos para la inversión y el desarrollo de proyectos estratégicos en América del Norte.
En el evento, presente el gobernador Rubén Rocha Moya, citado por un comunicado de la secretaria de Economía, aparecieron decenas de manifestantes en contra de ese proyecto de industria química de bajo carbono. No es poca cosa, la secretaría de Marcelo Ebrard festeja ese proyecto empresarial por la inversión de tres mil 300 millones de dólares y la generación de seis mil 400 empleos en la zona de Topolobampo.
El Imparcial, en su edición del 27 de abril interpretó las palabras de Johnson en su cabeza principal: el “Embajador de Estados Unidos en México advierte que Washington podría procesar a funcionarios mexicanos de vínculos con el crimen organizado mientras avanza la negociación del T-EMEC, según análisis de Los Angeles Times”.
Tal como lo interpretó este diario de la vecina Sonora días después se hizo pública la solicitud de extradición de Rocha Moya y del aún senador Inzunza Cázarez y los otros ocho funcionarios y ex funcionarios, tras la muerte de sus dos agentes de la Central de Inteligencia Americana (CIA) en el municipio de Morelos en Chihuahua en un operativo para localizar laboratorios de drogas.
Un gran descubrimiento que resulto un fraude mayúsculo porque estaba abandonado y sin ningún detenido; festejado ruidosamente por el panismo que le rinde culto a la gobernadora Maru Campos, como ejemplo en la lucha contra el narcotráfico y de sus acuerdos con la CIA que violan la Consttitución.
Rubén Rocha Moya tiene una larga historia de militancias en las juventudes comunistas, liderazgos de estudiantes socialistas, diputado local, senador y gobernador en una controvertida elección si lo apoyo o no el narco sinaloense. Uno de sus colegas de militancias, Gustavo Hirales Morán, recuperó algunas palabras de Rocha Moya al ser gobernador al decir: “no nos hagamos pendejos si creemos que se puede gobernar Sinaloa sin algún tipo de acuerdo con los capos”.
Hirales Morán sintió con esas palabras de Rocha Moya “que ese hecho implicaba el fracaso total de su política de contemporizar, pues era la guerra intestina y la ingobernabilidad. Tal cual. Y sigue”, publicó en sus redes sociales al recordar su amistad de ambos por el Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y el Partido Comunista.
El proconsulado de Estados Unidos en México emitió un comunicado en el que dijo estar ya al tanto de la solicitud de ese Departamento de Justicia de su país. Firmado por Ronald D. Johnson cita la prioridad compartida entre ambos países para hacerle frente a la corrupción y a actos criminales, que deben hacerse a su modo, cumplir las leyes y el estado de derecho y de la jurisdicción que tienes sus leyes sobre nuestro país.
En las próximas semanas o días, observaremos la evolución del conflicto de la jurisdicción que alega el procónsul Johnson sobre nuestro país, en calidad de colonia y la posición jurisdiccional de la Fiscalía General de la República con la lectura acuciosa a lo dictado por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 1, 14,15, 16, 21 y no solamente a los tratados del 133. Y con ello saber: ¿cuál es el verdadero estado de salud de nuestra soberanía frente a tal grado de acoso y dominación suprema sobre México de la Doctrina Monroe/Trump.
Sobre todo, veremos si el cadáver de Buchanan resucita en medio del país, en la mitad de nuestro polarizado Congreso, de la Fiscalía General de la República cuando por ahora la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una ultra derechosa implacable y perturbada llega a México a resucitar el cadáver de Hernán Cortés, con el discurso mesiánico de que somos un “narcoestado” y acusar a los aztecas y mayas de ser los verdaderos criminales de los pueblos originarios de hace varios siglos.
