Por José Luis Camacho López
Las relaciones de la Central de Agencia de Inteligencia (CIA) en México han sido de lo más estrechas con funcionarios mexicanos desde la misma creación en 1947 de esa organización del espionaje en el planeta. La propia agencia define a sus “amigos y colaboradores” de distintos sectores de la sociedad mexicana, como parte de sus cercanas fuentes de información de la red de agentes de esa agencia en el país.
Son tantas las similitudes de la presencia de la CIA en México, que se le apareja o empata la Dirección Federal de Seguridad, el órgano del espionaje mexicano, creada también en 1947 por el gobierno de Miguel Alemán. Tan próxima la relación que este aparato de seguridad nacional desaparecida en 1985, era una de las principales fuentes de colaboración de la CIA.
La CIA, entre sus primeras actividades en el país, era vigilar y espiar a los movimientos comunistas mexicanos – líderes políticos, sindicatos, partidos, artistas, periodistas- establecer vínculos con sectores gubernamentales y políticos en una atmósfera de paranoia geopolítica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética.
Después de la “guerra fría”, nuestro país sigue siempre como un objetivo prioritario por su sola proximidad vecinal y geográfica, por “la grave preocupación” para su seguridad nacional, según lo expresó Eugene Tighe, un teniente general de la fuerza aérea estadunidense. De ahí que la CIA desplegó una fuerza intervencionista de mantener una permanente y extrema vigilancia de espionaje clandestino sobre su vecino del sur del Río Bravo.
En distintos momentos el Consejo de Vigilancia de la CIA llegó expresar que México “era un Irán en potencia” y una “bomba de relojería”. Por ello dispuso en la década de los setenta y ochenta “un incremento en la actividad de inteligencia respecto a México” por el “empuje izquierdista” que venía de Centroamérica y llegara hasta el norte, por lo cual “la estación de la CIA en Ciudad de México fuera reforzada”.
Esa muy longeva historia de actividades de la CIA, de cerca de ochenta años, en el territorio mexicano aterriza en abril de este año con la muerte de dos agentes de esa agencia y dos sobrevivientes de un accidente carretero en Chihuahua. Los cuatro agentes tenían la misión de asistir al descubrimiento de un laboratorio drogas, sin ningún detenido. Una presencia de la cual la gobernadora Maru Campos, dice que no sabía a pesar de ser la responsable del poder público de ese estado de la federación.
Ahora Maru Campos es toda una heroína de las guerras contra el narcotráfico, su partido Acción Nacional la erige como un símbolo de una especie de Juana de Arco, equivalente a la “Doncella de Orleans”, que actuaba como guía divina de la soberanía francesa y salvadora de Francia.
Hoy Maru, según el discurso de su partido Acción Nacional, ha salvado a la patria con su ejemplo de combatir al narco, aunque que viole la Constitución, y por ello sea llevada a la hoguera de “la traición a la patria”, pero si es despojada del fuero de gobernadora. Tal como lo reclama la propia dirección nacional de MORENA en la marcha efectuada el pasado fin de semana en la ciudad de Chihuahua encabezada por su nueva dirigente, Ariadna Montiel.
Pero hay otros hechos que suponen que la CIA ha estado viva en el país. La muerte por la presunta colocación de un explosivo de precisión al vehículo donde viajaba uno de los capos del narcotráfico el anterior 28 de marzo. Fueron eliminados Francisco Beltrán, “El Payín” junto con otro miembro del cártel de Sinaloa, en la autopista México-Pachuca a la altura del municipio de Tecámac, estado de México. atribuido a la CIA. La cadena estadunidense CNN, desmentida por el gobierno mexicano, se encargó de difundir que este hecho fue ejecutado por la agencia lo que viene a elevar las sospechas de las oscuras y permanentes acciones de esa agencia de espionaje en México.
Y para dar más rienda suelta a las especulaciones sobre el papel de esa agencia que en los hechos sustituye a la DEA, la agencia contra el narcotráfico, se suma que dos de los diez acusados del gobierno de Sinaloa por la justicia estadunidense que reclama su extradición, se entregan tranquilamente a manos de las autoridades judiciales que los reclaman. El general Gerardo Mérida Sánchez, exencargado de la seguridad y Enrique Díaz Vega, exsecretario de la administración y finanzas dócilmente cruzaron la frontera. Mucho han de saber del poder político acumulado por los cárteles del narcotráfico que han hecho su rehén a ese agobiado estado.
Con esa pacífica y voluntaria entrega de estos dos acusados de la lista de los diez, -entre ellos el propio gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Izunza Cazarez- surgen otra nube de especulaciones sobre si ambos personajes habrían tenido relaciones con las agencias estadunidenses desde sus puestos de mando en el gobierno de Sinaloa y se convertirían en testigos protegidos, fuentes valiosas, para acrecentar las presiones sobre el gobierno mexicano.
Para agregar más sal esta crisis entre los gobiernos de Estados Unidos y México por las extradiciones exigidas, la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, al defender a Rocha Moya, aduce que el nombramiento de Mérida Sánchez como titular de la seguridad pública en Sinaloa, dependió de la Secretaría de la Defensa.
Manuel Buendía, cuyo asesinato cumple este fin de mayo 42 años de un crimen sin resolver, ocurrió cuando sus columnas apuntaban a las relaciones del narcotráfico con zonas del poder político y de seguridad nacional. Su artero crimen ocurrió un año antes de que en 1985 fuera asesinado Enrique Camarena, el agente de la DEA en Guadalajara, un dato que merece más investigación.
Buendía desentrañó parte de las oscuras relaciones en expedientes periodístico sobre los vínculos muy próximos de los agentes encubiertos de la CIA destacados en nuestro país con funcionarios mexicanos.
Por lo menos, Buendía menciona a tres funcionarios mexicanos de alto nivel que fueron colaboradores de la CIA: el secretario de la Presidencia durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordáz, Joaquín Cisneros y después gobernador de Tlaxcala ; Humberto Carrillo Colón, sembrado como agregado de prensa en la embajada de México en La Habana; y Alfredo Ríos Camanera, diputado del PRI y director del Fideicomiso de Bahía de Bandera. Los cita Manuel Buendía en sus columnas publicadas en Excélsior el 20, 21, 23, 26 y 27 de abril de 1982.
Cuando Buendía descubrió interferencia telefónicas y espionaje de la CIA, el entonces líder de la Cámara de Diputados, Luis M. Farías, se encargó de frenar una comisión investigadora por la ausencia de “allegarse pruebas”. El periodista de “Red privada” llegó a ofrecer para la investigación diez cuartillas de interferencias telefónicas telefónica.
“Las transcripciones de los espías habían estado oportunamente en los escritorios de los señores Luis Echeverría y Alfonso Martínez Domínguez”, escribió el columnista.
El caso más escandaloso de la CIA en México fue el del mexicano Humberto Carrillo Colón. Fue sembrado como diplomático en la embajada de México en La Habana por el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien era un rabioso anticomunista. Si por él hubiera sido, jamás el Estado Mexicano tuviera relaciones con la República Socialista de Cuba.
Cuando el gobierno cubano descubrió “El insólito caso del espía de la CIA bajo el mando de funcionario diplomático en la embajada de México”-nota del periódico Granma- en septiembre de 1969, la cancillería mexicana recibió la nota diplomática cubana denunciando a Carrillo Colón. El gobierno de Díaz Ordaz calificó la nota de inaceptable y el agente mexicano de la CIA desapareció un tiempo. Siempre negó haber sido agente de la CIA.
En el episodio de Carrillo Colón y la protección que recibió Carrillo Colón del presidente Díaz Ordaz, del canciller Antonio Carrillo Flores y del entonces embajador mexicano en Cuba, Miguel Cobían Pérez, las relaciones de la CIA con el gobierno mexicano, fueron un caso más para Buendía de los vínculos de funcionarios mexicanos con esa agencia del espionaje estadunidense.
La CIA ha cambiado parte de su rostro injerencista. Su presencia pública en Chihuahua en ese operativo para descubrir un narcolaboratorio en un municipio de ese estado norteño, plantea que este órgano que estaba dedicado a la clandestinidad, como órgano ejecutivo de una élite superior del gobierno estadunidense, como los camaleones, ha cambiado. La fase superior de sus actividades se encargaban de la desestabilización de gobiernos; financiar y patrocinar empresas que sirvan de disfraz a sus tareas de clandestinidad; difundir rumores con el uso de medios de comunicación; provocar crímenes, atentados y golpes de Estado, como los denunció Buendía.
Ahora es una agencia con relativas actividades abiertas. Aunque llegaron a México sin identificar su origen los cuatro de sus agentes en Chihuahua, las primeras investigaciones ministeriales revelan un “patrón de convivencia e interacción” con funcionarios policiacos y judiciales estatales.
Esta presencia apuntada como una violación a la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, sigue en el limbo. No hay indicios de ninguna autorización para sus presencias. Su proconsulado, a cargo de un ex agente dela CIA, guarda absoluto silencio sobre sus identidades oficiales, a pesar de las solicitudes hechas por el fiscal especial Wendy Chávez, encargado de la investigación sobre la asistencia de esos cuatro agentes, dos de ellos fallecidos en el accidente vehicular en ese descubrimiento de un narcolaboratorio.
El hecho parece circunstancial, el que un estado de la federación que hace sus propios acuerdos con la CIA. No lo es, coloca a nuestro país en una condición de extrema vulnerabilidad. Sobre todo con un gobierno como el de Trump que usa a la CIA, como lo ha hecho en Venezuela y ahora en Cuba, para advertir, por más esfuerzos de entendimiento, cooperación y colaboración que haga la presidente Claudia Sheinbaum, que son insuficientes en el combate al narcotráfico y sobre los políticos ya calificados de “narco políticos”.
Es una vieja historia de la CIA en México, más turbia y riesgosa..
