por Raúl Moreno Wonchee
Los profesionales de la insidia han encontrado en la mal llamada precampaña un tiempo propicio para sus acciones disolventes. El gobernador de Chihuahua, en cuyo patronímico lleva el estigma de sus malas intenciones, se encorraló con su pandilla para enlodar por anticipado el proceso que habrá de fincar la institucionalidad del sexenio que arrancará a finales del año que comienza. Una trama inventada para embestir a las instituciones simulando que corta el nudo gordiano que ata la corrupción con la política. Una copia burda del Pemexgate con el que su paisano Barrio fracasó en su demencial intento de ultimar de un golpe a Pemex, al sindicato petrolero y al PRI, aunque logró que Lujambio arrastrara al IFE a ejecutar la mayor represión contra un partido político en nuestro país al imponerle al tricolor la astronómica e inconstitucional multa de mil millones de pesos. Sin prueba alguna, sólo con base en declaraciones de testigos protegidos y a ojo de buen cubero. En su versión actualizada, Corral acusa a la Secretaría de Hacienda de desviar dinero al PRI para las campañas de 2016 haciendo eco de Anaya: que se vaya el PRI corrupto, aullido violatorio de la ley electoral que obliga respeto entre los partidos políticos. Las pandillas de malosos y más si son de personajes con falsos prestigios forjados a golpes mediáticos, suelen seducir a personas bien intencionadas invocando el flagelo de la corrupción. Al parecer, eso pasó con los integrantes del Comité Ciudadano Anticorrupción quienes muy pronto se dieron cuenta de la baja estofa política del asunto y decidieron alejarse. La comedida y escrupulosa declaración de la presidente del Comité, Jacqueline Peschard, colapsó la corrupta maniobra y dejó a Corral acorralado.
