CIUDAD DE MÉXICO.- La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el excandidato del PRD a la gubernatura por el estado de Baja California, Jaime Martínez Veloz reconocieron la opinión técnica que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), respecto a la violación constitucional que se cometió en Baja California al ampliar el mandato del Gobernador Jaime Bonilla Valdez.
Lo anterior luego de que Magistrados del TEPJF emitieron una opinión técnica y concluyeron que el Decreto 351 con el que se amplió el periodo gubernamental en el estado, trasgredió los principios de certeza, periodicidad de las elecciones, libertad y autenticidad del sufragio, lo mismo que los derechos de votar y ser votados.
Martínez Veloz aseveró que la conclusión del Tribunal es importante, porque establecen los criterios y la jurisprudencia que existe en la entidad y con ello se convalidan los argumentos de quienes hemos demandado persistentemente este atropello a la legalidad.
Afirmó que está claro que la opinión que genera la Sala Superior del TEPJF es muy precisa, al reconocer que el acuerdo que tomó el Congreso de Baja California fue en condiciones obscuras con una gran cantidad de acusaciones, de ilegalidades, irregularidades y hechos de corrupción que fueron denunciados en su momento.
En ese sentido, el excandidato perredista dijo que la SCJN debe emitir una resolución tomando en cuenta la opinión de las instancias correspondientes en materia electoral, debido a que aporta elementos necesarios para que los ministros de la Corte puedan fundamentar la resolución legal.
Cabe señalar que la sala superior y el pleno de la SCJN han sostenido que “el principio de no reelección implica una prohibición fundamental: la prórroga o extensión del mandato más allá para el cual ha sido electo democráticamente, sea mediante la organización de nuevas elecciones, sea mediante una ampliación con esos efectos”.
Al respecto, la dirigente nacional Karen Quiroga Anguiano recordó que el PRD ha presentado diversas pruebas de corrupción ante las instancias correspondientes para demandar los actos que a todas luces es un atropello a la democracia por parte de la Cámara de Diputados en el estado de Baja California y ahora, con dicha opinión, la institución jurídica y constitucional les da la razón.
La dirigente perredista aseveró que la Ley debe respaldar a los bajacalifornianos que votaron por un mandato de dos años a pesar de que la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se atrevió a decir que era legal la ampliación de gobierno, “el ejercicio del derecho es puntual y el Tribunal da una lección que esperamos acate la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
A su vez, el dirigente nacional Ángel Ávila Romero, señaló que van a respaldar la lucha del pueblo de Baja California, lucharán por el respeto a la Constitución y a la Ley, “este gobierno corrupto de Jaime Bonilla solo estará dos años y el pueblo decidirá en 2021 quién será su gobernador por los próximos seis años. Confiamos en que la SCJN decidirá con independencia y libertad”, finalizó.
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