Los magistrados Felipe Fuentes (ponente del caso), Gilberto Batiz y Felipe De la Mata dieron por bueno el argumento del PRI, pese a que la determinación del INE incluyó dar vista a las autoridades hacendarias y a la Fiscalía General de la República ante las presuntas irregularidades de la empresa a la que el tricolor supuestamente le pagó 20 millones de pesos para hacerle un estudio relacionado con las leyes electorales.
El conflicto surgió tras la elección de personas juzgadoras y la necesidad de cubrir las vacantes generadas por la integración del Pleno Regional Centro-Norte con quienes obtuvieron la mayor votación.
El asunto cobró relevancia porque varias asociaciones se encuentran en competencia directa para cumplir los requisitos. La normativa vigente exige realizar asambleas válidas —200 en el caso de las distritales— y reunir un padrón de al menos 256 mil 30 personas afiliadas. En este contexto, cualquier ajuste en el conteo podía alterar el equilibrio entre quienes avanzan y quienes aún presentan rezagos.
El TEPJF revocó el acuerdo del INE por el que buscaba que el partido Morena reintegrará más de 364 millones de pesos que se calificaron como remanentes de los recursos que recibió para la campaña federal de 2024.
Para 2026, la Sala Superior presentó una propuesta de 4.2 millones de pesos de ganancias anuales brutas por magistrado, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum recibirá 2.8 millones de pesos brutos.