CHETUMAL, Q.R.- En Quintana Roo no pasa nada. A más de un mes que se dio a conocer el escándalo por el otorgamiento de un contrato de 304 millones para la adquisición de medicamentos con la empresa Romedic, de Jorge Amílcar Olán, amigo de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, los principales implicados continúa en sus puestos dentro de la administración morenista.
De acuerdo con Sol Quintana Roo, al amparo del poder en uno de los procedimientos más vergonzosos que han ocurrido en Quintana Roo por “el tráfico de influencias” con la que se manejó, Flavio Carlos Rosado, secretario de Salud, quien otorgó el contrato a Amílcar Olán, sigue en su puesto como si nada hubiera pasado.
El secretario de Salud en su calidad de director de los Servicios Estatales de Salud firmó con Amílcar Olán, el 27 de diciembre de 2022, el contrato que debió de ser otorgado por medio de una convocatoria de licitación de cuanto menos tres participantes; sin embargo, la relación contractual se creó por medio de una especie de “adjudicación directa” en la que salió beneficiado el amigo de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El otro artífice de los sospechosos contratos fue el Secretario de Finanzas y Planeación, Eugenio Segura Sandoval “Gino”, funcionario de Morena quien ya tiene amarrada una posición como Senador Plurinominal para la administración 2024-2030. El titular de Sefiplan incluso arrancó el 2024 con un carrusel mediático hablando de temas de seguridad pública y de salud de los quintanarroenses, haciendo una función de vicegobernador estatal.
De mientras, ninguno de los dos servidores públicos, ni Eugenio Segura, ni Carlos Rosado han dado una explicación contundente, ni tampoco han comparecido ante un Congreso Local.
Es más, tras una búsqueda exhaustiva en la Contraloría General del Estado, ninguno de los dos secretarios está siendo investigados al interior del Gabinete.
Carrusel de Denuncias
Luego de esto vinieron las denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentadas por la diputada panista María Elena Pérez-Jaén Zermeño.
Ambas dependencias se encuentran controladas por personal afín al partido oficial: Morena.
A un mes de que se anunciaron el inicio de acciones legales en la que se ve directamente involucrado Flavio Carlos Rosado, éste continúa aún en la titularidad de la dependencia estatal.
Sus últimas apariciones han ocurrido como parte de la administración pública de Quintana Roo en el aniversario de la creación del municipio de Puerto Morelos, el pasado 6 de enero. Días antes, el 28 de diciembre se presentó en la entrega de las instalaciones de hemodinamia en el Hospital General de Cancún “Dr. Jesús Kumate Rodríguez”, precisamente donde debieron de entregar los medicamentos que Jorge Amílcar Olán les vendió y que, al día de hoy, ningún ciudadano quintanarroense ha visto esos medicamentos.
Estos recursos para la adquisición de medicinas provienen de partidas económicas que la federación entrega a las entidades federativas dentro del Programa “Atención a la Salud” (E023), el cual es para proporcionar los servicios de atención médica dirigidos a personas sin seguridad social que asisten al primer nivel de atención médica que se encuentran en las regiones de alta y muy alta marginación.
Semanas atrás, Flavio Carlos Rosado, pese a haber firmado este contrato matizado de corrupción, continuó acordando otros convenios para ser beneficiado de los recursos de la partida E023, tal como lo demuestra una publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 16 de agosto de 2023.
El último acuerdo con la federación fue para contratar personal médico con un importe otorgado de 25 millones 70 mil 385 pesos, provenientes también de la partida presupuestaria del E023.
Ley mordaza en la Secretaría de Salud de Quintana Roo
El contrato otorgado a Romedic, del amigo del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, es apenas una muestra de las condiciones pésimas y de corrupción que se viven al interior de la Secretaría de Salud y los Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo (SESA), ambas encabezadas por Flavio Carlos Rosado.
En la entidad son constantes las quejas contras los servicios médicos en los hospitales generales e integrales que se ubican en los diversos municipios. Son comunes las denuncias vertidas a los medios de comunicación por falta de doctores y de medicinas, como las que debió entregar la empresa de Amílcar Olán.
Sin embargo, los titulares de los hospitales tienen prohibido hablar a la prensa de la situación. Nadie, ni un trabajador de salud puede realizar declaración alguna, algo que ni en la corruptible administración de Carlos Joaquín González ocurrió, ni mucho menos en la pésima gestión del presidiario de Roberto Borge Angulo.
Este reportero habló con un alto funcionario de un hospital general del SESA de la zona norte de Quintana Roo, quien otrora ofrecía entrevistas, hoy no puede ni siquiera ser visto cerca de algún representante de los medios de comunicación.
Confesó que por órdenes de la Secretaría de Salud de Quintana Roo, no se puede hablar de ningún tipo de asunto, tanto para bien, como para mal de la situación de los hospitales de la entidad.
Mucho menos, está prohibido tocar el tema de los medicamentos que vendió Jorge Amílcar Olán a hospitales quintanarroenses y su posible destino.
Mientras tanto, al transcurso del tiempo, salen más actos de corrupción a relucir materializado con tráfico de influencia que el amigo del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador ha logrado perpetrar en la entidad.
Si no son los medicamentos, son las obras del Tren Maya que se desarrollan en la entidad, hasta donde ha logrado permear la influencia de este personaje, todo al cobijo de una administración morenista a nivel federal, y bajo la ejecución de servidores públicos en Quintana Roo, quienes forman parte de la gestión de Mara Lezama Espinosa.
AM.MX/fm
