CIUDAD DE MÉXICO, 5 de septiembre (AlmomentoMX).- Una investigación de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló una triangulación entre dependencias del gobierno federal, universidades públicas y “empresas fantasmas” para eludir la Ley de Adquisiciones y pasar por alto la necesidad de licitar los proyectos con presupuestos millonarios.
La investigación, llamada “La Estafa Maestra”, documenta una cantidad total de siete mil 670 millones de pesos, y de este dinero no se sabe dónde quedaron tres mil 433 millones.
El hallazgo surge al revisar durante meses los 73 convenios incluidos en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014 de 11 dependencias públicas, como la Secretaria de Desarrollo Social, FOVISSSTE, el Registro Agrario Nacional, el Banco Nacional de Obras o Pemex. En total, 11 instituciones.
Animal Político y MCCI encontraron que a través de ocho universidades, el Gobierno federal contrató a unas 186 empresas, pero de éstas 128 presentan irregularidades constatadas en registros del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y hasta la Procuraduría General de la República (PGR).
Las universidades, por su parte, se llevaron una comisión de entre 10 y 15 por ciento del total del acuerdo, por funcionar como intermediarias en los convenios firmados para proveer de servicios como: distribuir despensas entre los más pobres, supervisar la perforación de pozos de Pemex, organizar eventos o detectar a personas de 15 años o más que no supieran leer y escribir.
¿Quiénes están involucrados?
De las dependencias federales que participaron en estas triangulaciones, los casos más escandalosos son: Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que durante la gestión de Rosario Robles Berlanga suma desvíos por dos mil 224 millones de pesos; y Petróleos Mexicanos, con tres mil 576 millones de pesos sin conocer paradero, en este caso, los convenios empezaron a firmarse desde 2011, cuando era director Juan José Suárez y Felipe Calderón era presidente de la República, y continuaron en la gestión de Emilio Lozoya.
Además, Banobras, durante la gestión de Alfredo del Mazo Maza -actual gobernador elector del Estado de México-, registra unos 491 millones de pesos desviados; la Secretaria de Educación Pública (SEP) en la época de Emilio Chuayffet dejó un boquete de 278 millones de pesos; FOVISSSTE y SUPERISSSTE, con José Reyes Baeza Terrazas con 249 millones.
También la Secretaría de Agricultura (19 MDP), cuyo titular era Enrique Martínez y Martínez; Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (97 MDP), con Alfredo Llorente Martínez; Registro Agrario Nacional (447 MDP), con Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; Secretaría de Comunicaciones y Transportes (52 MDP) con Gerardo Ruiz Esparza como secretario, y la Secretaría de Economía (96 MDP), con Ildefonso Guajardo, además Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (138 MDP).
Las universidades involucradas son la Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Carmen (Campeche), y las tabasqueñas Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma, Politécnica del Golfo de México, Instituto Superior de Comalcalco y Tecnológica de Tabasco.
Hasta las 20:00 horas del 4 de septiembre (hora de la publicación del reportaje), ninguna universidad había respondido a los hallazgos y señalamientos del reportaje.
¿Cómo funciona la estafa maestra?
El fraude “es más sofisticado” del usado por Javier Duarte, gobernador de Veracruz de 2010 a 2016, hoy procesado por diversos delitos, ya que el gobierno no entrega directamente los contratos a las firmas, sino que utiliza como intermediarias a ocho universidades públicas, entre ellas la Autónoma del Estado de México y la de Morelos, destacó el reportaje.
Las dependencias del Gobierno federal le pagan a universidades públicas para hacer supuestos servicios. Aunque la ley permite hacerlo, sólo si las instituciones educativas realizan el 51% del servicio contratado (cosa que no sucedió en ninguno de los episodios relatados por Animal Político).
Las universidades pueden declararse incapacitadas para cumplir con lo establecido y subcontratan a empresas para hacer el supuesto trabajo y cobraron por esta intermediación una comisión de entre el 10 y el 15% del total del convenio.
En caso de la estafa maestra, la mayoría de las empresas subcontratadas resultaron “fantasmas”, con lo que se cierra la triangulación.
AM.MX/dsc
