Gregorio Ortega Molina
*Ahora se intuye que el Tribunal Colegiado y la SCJN tomaron decisiones políticas para emitir su resolución, porque así lo exigieron el secretario de Seguridad Pública federal y el presidente constitucional de los mexicanos
Las consecuencias del affaire Vallarta-Cassez son múltiples, dañinas y durarán más allá de la vida de los protagonistas de uno y otro lado. El daño causado a las relaciones diplomáticas con Francia es el mal menor. El peso de la impostura recae sobre la institución presidencial, directamente encima del Poder Ejecutivo en toda su extensión, pero concretamente en la procuración de justicia; aplasta la credibilidad en el Poder Judicial de la Federación. Fue corto el verano de la reforma de 1995.
Creer que Genaro García Luna se fue por la libre es un error. Eduardo Medina Mora, entonces titular de la PGR, estuvo enterado, como lo supo en su momento y antes de que se procediera el presidente Vicente Fox, aunque quizá más próximo a la verdad sería puntualizar que quien se enteraba de estos temas y daba o no su aprobación, fue el otro rostro de la pareja presidencial. Durante la primera alternancia (2000-2006) gobernó Jano.
Suponer que el equipo de transición de Felipe Calderón no fue informado, y a su vez éste no informó a quien el 1° de diciembre ocuparía la titularidad del Poder Ejecutivo, es una ingenuidad. ¿Por qué, entonces, el nuevo presidente de México decidió cargar con ese lastre y hacer al ingeniero Genaro García Luna secretario de Seguridad Pública federal? ¿Establecieron un compromiso para trabajar en bien del país, o una complicidad para su bienestar? Nunca lo sabremos.
Lo que sí puede deducirse después de la lectura de la crónica de Volpi, es que la impostura que crearon para dar la imagen de que la procuración de justicia en México era eficiente, creció más que ellos y que su posibilidad del control de daños. Creyeron poder resolverlo y lo empeoraron, hasta verse en la necesidad de involucrar a la Suprema Corte de Justicia, como debieron hacerlo también con el caso de la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, sobre el que se determinó la resolución después de la visita de Fernando Gómez Mont, para externar a los ministros de ese cuerpo colegiado la preocupación del presidente de la República.
Pero puntualicemos, para no equivocarnos. En la página 361 del libro, Volpi deja anotado: “A diferencia de un amparo directo, en un amparo directo en revisión Acosta (Agustín) y su equipo deberán demostrar que la interpretación de la Constitución realizada por el Tribunal Colegiado viola los derechos de Florence Cassez… porque interpretó erróneamente seis preceptos constitucionales”.
Para quienes hemos vivido en el Poder Judicial de la Federación, concretamente en el Consejo de la Judicatura Federal, sabemos que una interpretación errónea de un caso con los niveles de interés político nacional e internacional que suscitó dicho affaire es imposible, porque jueces, magistrados y ministros saben que no <<deben>> equivocarse, les gusta tocar por nota, y consultan, pues saben que en ello les va el ascenso, las prestaciones y la jubilación de ensueño con la que se benefician.
Ahora se intuye que el Tribunal Colegiado y la SCJN tomaron decisiones políticas para emitir su resolución, porque así lo exigieron el secretario de Seguridad Pública federal y el presidente constitucional de los mexicanos. ¿Por qué? ¿Quién lo sabe? Quizá sólo fue un capricho político.
