Por José Cruz Delgado
*Busca Ernesto Núñez iniciativa para blindar a la niñez del crimen organizado.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a través de su presidente, Josué Mejía Pineda, y la presidenta de la Junta de Asistencia Privada de Michoacán (JAP), Livier Julieta Soto González, firmaron un convenio de colaboración, a través del cual el organismo público se compromete a compartir con la JAP las Guías Metodológicas para las Visitas de Supervisión de Derechos Humanos, elaboradas por la CEDH en el estado de Michoacán.
Mejía Pineda dijo que la CEDH participa de manera proactiva y coordinada con todas las instituciones, por lo que la alianza que se genera a través de la firma del convenio, busca fortalecer las acciones del trabajo conjunto, y resaltó la labor de la Junta de Asistencia, ya que permite regular, revisar y ver cuáles son las acciones y cuáles las fallas estructurales que pueden existir en las instituciones privadas.
Efectivamente, es atribución del organismo contribuir a la capacitación en materia de Derechos Humanos, a fin de fortalecer la cultura del respeto, inclusión y paz social.
Con esta visión, la CEDH pasa de ser observadora a participar de manera proactiva y coordinada, en beneficio de las y los michoacanos.
BUSCA ERNESTO NÚÑEZ BLINDAR A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES DEL CRIMEN ORGANIZADO….Ante el alarmante aumento del 45% en delitos cometidos por adolescentes reportado por el INEGI entre 2021 y 2023, donde más de 32 mil jóvenes fueron imputados, es urgente que el Estado actúe para cerrar las puertas que el crimen organizado encuentra en la legislación actual para reclutar a nuestros jóvenes, el diputado del PVEM, Ernesto Núñez Aguilar presentó una iniciativa para blindar a la niñez y adolescencia del reclutamiento forzado por el crimen organizado.
Señala que la iniciativa no busca criminalizar a la juventud, sino protegerla creando consecuencias jurídicas disuasorias para quienes pretendan explotarla, respetando siempre sus derechos humanos y garantías procesales.
Dicha iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es con el objetivo primordial de proteger a las infancias y adolescencias de ser cooptadas por la delincuencia organizada.
Los grupos delictivos han encontrado una ventaja estratégica en reclutar a menores de 18 años, pues saben que el sistema de justicia para adolescentes implica sanciones de menor duración. Esta situación crea un incentivo perverso que pone en la mira de la delincuencia a nuestros hijos e hijas. Nuestra iniciativa busca eliminar ese incentivo, protegiéndolos al hacer que las consecuencias para quienes los utilicen sean tan graves que prefieran no hacerlo, afirma.
La propuesta establece un procedimiento excepcional, garantista y con salvaguardas estrictas para que adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos de extrema gravedad, como homicidio, secuestro o portación de armas, puedan ser sujetos a un sistema de responsabilidad penal que, si bien es propio del sistema de adultos, aplica con medidas atenuadas y con un enfoque en la reinserción.
Esta es, ante todo, una herramienta de protección social. “No queremos más jóvenes perdidos en las garras del crimen”. Esta reforma es un escudo para nuestra niñez y adolescencia. Es una acción firme para decirle al crimen: “No toquen a nuestros jóvenes”. Complementariamente, hacemos un llamado al Ejecutivo para fortalecer las políticas de prevención, con educación, salud mental y oportunidades reales en nuestras comunidades”.
