Por José Cruz Delgado
Comenté en otra entrega el buen trabajo que está realizando la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, sobre el tema del reclutamiento infantil, pero otro tema importante es el desplazamiento forzado de personas en el estado que huyen de la violencia, pero en otra entrega hablaré sobre ese tema.
Bueno, pues para el titular del organismo, Josué Mejía Gusmán, el desplazamiento forzado es un tema muy complejo, pero si no se reconoce no se puede atender.
Le comento que Chiara Cardoletti, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, reconoció que en Michoacán se ha trabajado arduamente en este tema, sobre todo la Comisión, y precisamente, la ACNUR y la CEDH firmaron un convenio de colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para Los Refugiados (ACNUR).
La firma de convenio significa refrendar el compromiso de ACNUR de continuar realizando acciones de capacitación para fortalecer la capacidad institucional de la CEDH Michoacán, en beneficio de las personas para las que trabaja el organismo internacional: apátridas, personas solicitantes de asilo, personas refugiadas, beneficiarias de protección complementaria y principalmente, personas desplazadas internas.
Hay que reconocerlo que la CEDH trabaja muy cerca de las personas jornaleras agrícolas, quienes han dejado sus lugares de origen en busca de mejores oportunidades de vida. Pero la gestión de Josué Mejia Pineda va más allá, pues la dependencia autónoma y la asociación Cáritas Diocesana Morelia están proyectando la instalación de un albergue para personas en situación de movilidad.
Mire usted, Chiara Cardoletti, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, reconoció que en Michoacán se ha trabajado arduamente en este tema, destacando que, aunque el principal objetivo de la ACNUR es atender las necesidades de las personas refugiadas, tiene otra función muy importante, que es la de colaborar con los gobiernos en esa tarea.
Mejía dice que la defensoría del pueblo siempre ha sido una importante aliada de la ACNUR, pues despliega toda su capacidad para resolver las dificultades propias del tema.
En cuanto a las acciones conjuntas, ambos organismos se comprometen a: trabajar en la difusión y sensibilización de los derechos de las personas desplazadas internas, dirigidas a personas servidores públicas y a la población en general; impulsar políticas públicas destinadas a la prevención, atención y protección de personas desplazadas internas así como a recibir y canalizar casos de personas desplazadas internas, para que puedan recibir orientación y acceder a los programas sociales u oferta institucional del Gobierno de Michoacán.
Se comprometen también a brindar asistencia técnica para la gestión de información y la identificación de tendencias, así como necesidades específicas de las personas desplazadas internas y a fomentar acciones que se enfoquen en combatir la discriminación, xenofobia y racismo hacia personas desplazadas internas en Michoacán.
Sensibilizar a las comunidades de acogida sobre quién es una persona desplazada interna y la importancia de crear comunidades fuertes, es otra de las acciones comprometidas.
CEDH y ACNUR también brindarán apoyo a albergues estatales y de la sociedad civil en Michoacán, vigilando que cumplan con los estándares que aseguren espacios dignos de recepción de personas desplazadas internas.
Un acuerdo relevante es de promover la creación de mecanismos necesarios para implementar alertas tempranas sobre situaciones de riesgo de desplazamiento de personas, y, realizar reuniones periódicas con los operadores de las distintas instituciones públicas y de la sociedad civil involucradas en esta materia para conocer necesidades e identificar problemáticas.
El fenómeno del desplazamiento forzado en Michoacán es una realidad por lo que urge elaborar políticas públicas que permitan ofrecer respuestas coordinadas a las personas desplazadas. Es necesario tomar medidas preventivas que realmente contribuyan a detener el fenómeno, dado que este grupo de la población ve violados sus derechos humanos constantemente, empezando por el derecho a la personalidad jurídica y pasando por los derechos económicos, sociales, culturales, entre otros.
El Diputado Federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, presentó una iniciativa de reforma al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de frenar el reclutamiento de adolescentes por parte del crimen organizado y fortalecer el Sistema de Justicia para Adolescentes.
El legislador señaló que la falta de proporcionalidad en el marco jurídico vigente ha permitido que grupos criminales aprovechen un vacío legal para captar a jóvenes con la falsa promesa de que «no les pasará nada», situación que ha derivado en un alarmante incremento de delitos cometidos por menores de edad.
Núñez Aguilar advirtió que tan solo en 2023, más de 32 mil adolescentes fueron imputados, lo que representa un incremento del 45% respecto a 2021, muchos de ellos por delitos graves como homicidio y narcomenudeo.
«El marco jurídico actual no responde con proporcionalidad. Existe un vacío legal que impide sanciones adecuadas y que ha sido explotado por el crimen organizado. Con esta reforma buscamos romper ese mecanismo de manipulación y proteger a nuestra juventud», afirmó el diputado del Partido Verde.
La iniciativa plantea que el Sistema de Justicia para Adolescentes siga aplicándose a quienes tengan entre 12 y menos de 16 años, mientras que para jóvenes de 16 y 17 años que cometan delitos graves se creará un régimen excepcional que incorpore peritajes de madurez psicosocial, defensa técnica especializada, control judicial reforzado y prohibición absoluta de penas crueles o degradantes.
Núñez Aguilar subrayó que la propuesta no busca criminalizar a la juventud, sino ofrecer herramientas para evitar que la delincuencia siga utilizando a adolescentes como instrumentos delictivos.
«Esta reforma es un escudo para nuestra juventud y un mensaje claro para los criminales: en México, los delitos graves tendrán consecuencias reales», expresó.
Finalmente, el diputado destacó que la iniciativa está alineada con estándares internacionales y pretende proteger a los jóvenes, garantizar justicia para las víctimas y avanzar hacia un México más seguro.
