• En medio del debate nacional sobre la exigencia de “pruebas contundentes” para señalar a funcionarios públicos, Manuel Roberto Farías Laguna acusa haber sido vinculado a proceso sin elementos suficientes y bajo un entorno de presión mediática y silencio institucional.
• La nueva carta enviada a la Presidencia de la República reabre el debate sobre presunción de inocencia, debido proceso y justicia selectiva, tras ocho meses de prisión y cinco solicitudes formales sin respuesta oficial.
ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.- Mientras desde el Gobierno Federal se exige públicamente que toda acusación esté sustentada en pruebas contundentes y no en simples señalamientos, en México existen ciudadanos que denuncian estar privados de su libertad sin acceso pleno a las pruebas, sin condiciones adecuadas de defensa y sin siquiera obtener respuesta institucional a sus llamados de auxilio.
Ese es el caso de Manuel Roberto Farías Laguna, quien este 10 de mayo de 2026 envió una nueva carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo denunciando presuntas violaciones a sus derechos fundamentales, irregularidades procesales y un estado de indefensión jurídica derivado de la negativa de distintas autoridades para entregarle información clave para su defensa.
La carta cobra especial relevancia porque se trata ya de la QUINTA misiva enviada directamente a la titular del Ejecutivo Federal sin que hasta el momento exista una respuesta formal, pública o institucional por parte de la Presidencia de la República.
Ese silencio institucional contrasta con los posicionamientos recientes de la propia Presidenta, quien ha sostenido en sus conferencias que para señalar o responsabilizar a cualquier persona deben existir “pruebas suficientes” y “elementos contundentes”.
(El debate ocurre además en medio de las recientes acusaciones y señalamientos provenientes de Estados Unidos contra diversos actores políticos de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y otros funcionarios, casos en los que desde el Gobierno mexicano se ha insistido correctamente en la necesidad de pruebas y debido proceso antes de emitir juicios).
Sin embargo, Manuel Roberto Farías Laguna sostiene que en su caso ocurrió exactamente lo contrario.
De acuerdo con el contenido de la carta, el acusado afirma haber sido vinculado a proceso dentro de la causa penal 325/2025 sin pruebas fehacientes que acrediten circunstancias de tiempo, modo y lugar, además de denunciar que fue exhibido públicamente como culpable antes de su audiencia judicial, generando —según expone— un “efecto corruptor” que violentó su presunción de inocencia.
También denuncia que, después de ocho meses privado de la libertad, continúa sin acceso completo a la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDRPIFAM-CDMX/000568/2024 y que información útil para acreditar su inocencia habría sido reservada bajo argumentos de seguridad nacional.
El punto central del reclamo no es político, sino jurídico y constitucional: si el Gobierno de México sostiene que nadie puede ser condenado sin pruebas, ese criterio debe aplicarse para todos los ciudadanos por igual y no únicamente en los casos políticamente convenientes.
La falta de respuesta a cinco cartas consecutivas enviadas a la Presidencia no solo profundiza la percepción de abandono institucional denunciada por el acusado y su familia, sino que alimenta cuestionamientos sobre la congruencia entre el discurso público sobre justicia y la actuación real de las instituciones encargadas de procurarla.
La justicia no puede depender del contexto político.
La presunción de inocencia no puede aplicarse selectivamente.
Y el derecho de defensa no puede quedar subordinado al silencio institucional.
AM.MX/fm
