Federico Berrueto
Se ha vuelto común en algún sector de los analistas una forma de reclamo a los integrantes del Poder Judicial Federal por su incapacidad de frenar la determinación del régimen obradorista de arrollarlos, postura donde subyace la falsa idea de que la derrota es imputable a ellos y, el daño, también, es para ellos. No es así, en ambos aspectos, la derrota es de todos y, desde luego, faltó una presencia mayor para defender lo que finalmente es de todos. Una peor justicia se avecina y a todos afecta.
La agresión al Poder Judicial y a sus integrantes se dejó pasar por una actitud expectante de muchos sin medir las consecuencias que entraña. Desde muchos frentes hubo indiferencia o temor a defender lo que estaba bien del sistema de justicia; los medios en buena parte fueron marginales a pesar de voces vigorosas y enérgicas de algunos líderes de opinión. Igual en la sociedad civil, con algún rechazo menor del gremio interesado y un sector empresarial casi ausente a pesar de lo que entraña para los negocios y la economía. La destrucción de uno de los poderes de la Unión se dejó pasar sin mayor resistencia y es tragedia que cobrará registro como cobardía de esta generación.
El régimen asume y presume que su proyecto de reforma es la respuesta a un problema en el que todos coinciden, una deficiente justicia. Sin embargo, dicha reforma carece de diagnóstico, salvo que sirvan como tal las calumnias presidenciales a jueces, magistrados y ministros del orden federal. Una deliberación sobre la situación de la justicia en México demostraría que se destruyó lo mejor del sistema, y la parte más descompuesta ni siquiera se consideró. Es cierto que muchos de los problemas se ubican en el ámbito local y que la reforma judicial también plantea la elección de juzgadores en ese ámbito, pero no hay bases ciertas para que mejore.
La realidad es que la reforma judicial no es la respuesta al problema que se padece; al contrario, se agrava. Así es no sólo por la destrucción del Poder Judicial Federal y de la Suprema Corte de justicia, seleccionar juzgadores a partir de una elección por voto popular acaba con la independencia judicial al introducir un elemento pervertidor: los factores de poder en las campañas. El Brennan Center for Justice, https://www.brennancenter.org/ da cuenta con exhaustivas investigaciones y reportes de que la selección de juzgadores por voto en EU es negativa para una justicia confiable e independiente.
El problema del sistema de elección para juzgadores es considerablemente peor en México. La manera como se seleccionan candidatos, el diseño de campañas, la organización de la elección y el diseño de la boleta asegura un resultado desastroso. De antemano, las autoridades electorales remiten a la participación electoral de dos fracasados ejercicios electorales de años pasados, la consulta para la revocación de mandato y la consulta popular para enjuiciar expresidentes, como criterio esperado de votantes que concurrirían a votar. De ser este el caso, muy probable, uno de diez ciudadanos determinará el futuro del Poder Judicial Federal y el de los Estados que participen el primer domingo de junio.
La inaceptable baja participación se ha ido naturalizando y se aprecia con un criterio de mera formalidad, absurdo para la valoración de una elección, que resulta válida sin importar cuántos participen. Sí, formalmente es válida, pero ilegítima. Además, sí hay un referente en la Constitución para la validez de los ejercicios de consulta popular, 40% de participación; discutible, pero al menos es un criterio que difícilmente se alcanzaría.
Es un hecho que la elección de juzgadores va; que las listas por aprobarse por el INE fueron armadas bajo cuestionables criterios que pervierten el proceso en sus fundamentos, que la inexistencia de campañas para conocer razonablemente a los candidatos impedirá un voto informado y que por la baja participación el resultado favorecerá a los factores de movilización electoral, es decir, la maquinaria electoral asociada al gobierno.
La reforma judicial es una historia de horror que todos hemos dejado pasar. La defensa de lo muy positivo que existía no ocurrió por la supuesta incapacidad de defensa de los funcionarios judiciales que desempeñaban su delicada encomienda con responsabilidad y lealtad a la institución. Su único error fue creer que cumplir con su responsabilidad era suficiente, la mejor respuesta a la amenaza, y que la sociedad tomaría postura para defender lo que es de todos.
